Las Asambleas Técnico Docentes (ATD) fueron creadas por la Ley de Emergencia para la Enseñanza 15.739, que data de 1985, y su carácter se mantiene hasta hoy por medio de la vigente Ley de Educación 18.437: “En cada Consejo de Educación funcionará una Asamblea Técnico Docente (ATD) representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general [...] serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación o modificación de planes o programas del nivel correspondiente”.
Estas normas tienen como antecedente el artículo 40 de la Ley 10.973, de 1947 –Estatuto del Profesor–, en la que se establecía que el Consejo convocaría periódicamente, “por lo menos cada dos años, a Asamblea de Profesores de los Institutos y Liceos de su dependencia”. Sus facultades y cometidos, básicamente, se mantienen desde aquel momento.
El trabajo técnico-pedagógico de estas ATD se nutre del que desarrollan las asambleas que se llevan a cabo en los centros educativos y del que efectúan las Comisiones Permanentes elegidas por las ATD Nacionales período a período. A esta estructura se suma la Mesa Permanente, órgano que funciona como nexo entre estos componentes, entre los períodos de convocatoria de las diferentes asambleas, y que se transforma en el rostro visible al momento del contacto con las autoridades.
Como puede observarse, no son responsabilidades menores las que tienen sobre sí las ATD. También puede deducirse que sus atribuciones han sido sostenidas por el legislador en muy diversos períodos de nuestra historia reciente, y fueron ratificadas por los representantes en muy distintos períodos de gobierno, con diferentes partidos políticos a su frente. Por tanto, su valor asoma insoslayable: órgano asesor, voz del profesorado nacional, garantía de construcción colectiva... Del mismo modo debieron entenderlo quienes dispusieron, mediante la Ley 14.101, en enero de 1973 –¡vaya año!–, la derogación de la ley que las había creado en 1947.
En los últimos tiempos, tanto el trabajo de las Comisiones Permanentes como el de la propia ATD Nacional ha venido siendo menoscabado por el Consejo de Educación Secundaria (CES), en nuestro caso, y por el propio Consejo Directivo Central (Codicen) en lo que refiere al trabajo de las ATD en general. Se intenta burlar la consulta reglamentaria, de orden, previa a la toma de ciertas decisiones; se la consulta para completar el requisito formal cuando, de hecho, las decisiones ya fueron tomadas; se desatienden sin más muchos de sus señalamientos y posturas; y se intenta socavarla vía ajuste presupuestal (quizá se deba al cuestionamiento y el rechazo –legítimo y fundado, claro está– de muchas de las propuestas surgidas desde nuestras autoridades; no sería descabellado pensarlo).
En este último sentido, por ejemplo, las Comisiones han debido pasar de reunirse mensualmente a hacerlo bimensualmente. Dobles jornadas en las que, se supone, sus integrantes deben relevar información, estudiar los temas, reunirse con asesores –si así lo entendieren conveniente–, participar en encuentros –con la propia Mesa Permanente o en representación de ATD en instancias formales previstas por el CES, en consonancia con la temática específica para las que se han creado–, sistematizar los informes de las asambleas liceales –hablamos de cientos–, discutir, llegar a acuerdos –en ellas pueden encontrarse representadas visiones político-ideológicas diversas–, redactar informes... El ajuste se ha producido, incluso, en lo que respecta al monto para almorzar del que se dispone, no ya sólo en lo que significa el rubro pasajes de ómnibus y estadía de una noche en hotel para quienes llegan a Montevideo desde otros departamentos.
Sin embargo, esto aun va más lejos. El propio funcionamiento de la ATD Nacional se ha visto notoriamente afectado. La propia convocatoria anual corrió riesgos de llevarse a cabo este año. Finalmente, se concretó. Pero esto ocurrió en una fecha tan poco feliz como setiembre, en pleno período de segundas reuniones de profesores (se suele efectuar en febrero, justamente pensando en la no afectación de las clases). La fecha resulta tan fuera de todo sentido común, que los cinco compañeros electos para integrar la Mesa Permanente debieron trocar sus horas de trabajo para asumir su nuevo rol, justo al iniciarse el último trimestre del año, dejando así a los grupos con los que habían trabajado hasta el momento. Todos los responsables en materia educativa conocen perfectamente el funcionamiento de la ATD y sabían, sin posibilidad de excusarse, que en esta oportunidad se debían elegir los nuevos representantes del órgano.
Pero hay más todavía. La estructura de funcionamiento de una ATD Nacional es, básicamente: acto de apertura; “espacio de reflexión” –en ocasiones–, en el que se puede escuchar y consultar a diversos interlocutores vinculados a las temáticas a abordar durante las jornadas posteriores; plenario para votar el régimen de trabajo; trabajo en comisiones, de acuerdo tanto a las temáticas remitidas por el CES como a las que la propia Asamblea decide darse soberanamente; plenario para la discusión y aprobación, o no, de los informes elaborados por las comisiones (el número de plenarios, en este sentido, depende del número de comisiones votadas en la primera jornada); acto de clausura. En el caso de la primera asamblea del período, a ello se suma la elección –con voto secreto– de los integrantes de la Mesa Permanente y de las Comisiones Permanentes.
Paralelamente a todo este trabajo, las agrupaciones representadas en la Asamblea realizan reuniones en las que se discute qué posturas tomar en los diferentes temas planteados, cómo desarrollar el trabajo en las comisiones, resuelven si acompañar el cariz que está tomando el informe o si es preferible realizar un informe en minoría, dividen las funciones de sus delegados a la interna de la Asamblea, resuelven quiénes serán los delegados postulados a la Mesa y a las Comisiones Permanentes, definen criterios para ello... Esta sumatoria de actividades durante el mismo lapso de funcionamiento de la Asamblea Nacional: siete días cuando comencé mi actividad como delegado, cinco en los últimos años.
La licitación hizo que nuestra última Asamblea (8 al 13 de setiembre) se desarrollara en el hotel Hampton, en Canelones. He allí otro de los problemas. Difícil entender a quienes resolvieron que era el lugar adecuado para el funcionamiento de una ATD Nacional. Fueron varios los problemas con los espacios de los que dispusimos (el lugar del encuentro anual ordinario puede variar año tras año, de acuerdo al presupuesto que disponga el CES para su concreción).
Sin embargo, el corolario de mi última experiencia como delegado fue el régimen de trabajo. Además del trabajo en comisiones y plenarios entre las 9.00 y las 12.30, entre las 15.00 y las 17.30, y entre las 18.00 y las 20.30, hubo instancias planteadas luego de la cena, a partir de las 22.00, sin horario de finalización. Como lo lee: sin horario de finalización. Indudablemente, junto a los compañeros, llegaba el momento en que resolvíamos dar cierre a la jornada. Sin embargo, lejos de que esos horarios fueran suficientes, a pesar del sinsentido que puede representar intentar producir intelectualmente durante tantas horas, las jornadas fueron extendiéndose.
Eran sólo cinco días. El CES había resuelto que todos los temas sugeridos por la Mesa Permanente fueran preceptivos. Por lo tanto, no podíamos evitar abordarlos. Todos eran importantes. Pero ya no se trataba de su relevancia, se trataba de los tiempos con que contábamos, de nuestra capacidad material y humana de abordarlos, y de abordarlos seriamente. Presupuesto de Educación; Política de Lenguas; Adultos, Extraedad y Contextos de Encierro; Propuestas Educativas, Rezagos y Extraedad; Ciclo Básico y Bachillerato Diversificado; Profesionalización y Estatuto Docente: hasta allí los titulares. Pero cada uno presenta una serie de subtemas a tratar, documentos a analizar, nuevas propuestas a evaluar, surgidas desde las autoridades.
No existe construcción colectiva de una sociedad democrática sin la escucha cierta de todos sus actores. En las mejores condiciones, claro está.
La resolución fue adoptada el 2 de setiembre. Imposible pensar que, en menos de una semana, los delegados pudiéramos informarnos sobre todos los temas o, incluso dividiéndolos previamente dentro de las agrupaciones, pudiéramos relevar el material necesario, generar lecturas previas, prepararnos como correspondería para una instancia de producción como la que representa la ATD. Quizá debiera ser innecesario mencionar –lo hago, de todos modos– que vivimos en la misma sociedad que el resto de los individuos, con todas sus demandas, que sostenemos el multiempleo, que poseemos vidas personales y familiares fuera de la labor docente... Es necesario puntualizar que las posturas surgidas del trabajo en comisiones y plenarios se materializan en informes escritos; estos se transforman en un libro de ATD o en archivos digitales de acceso público, y son el material que llega a los centros educativos como nuevos insumos para la discusión de los compañeros en las siguientes ATD liceales. Por lo tanto, su elaboración y redacción intentan mantener los más estrictos niveles académicos que son de esperar de nuestra tarea y por nuestra formación. Agreguemos, también, que los informes producidos por las Comisiones Permanentes durante su año de trabajo llegan a la instancia de ATD Nacional para su consideración, y se los incorpora a las lecturas imprescindibles para llevar a cabo la labor.
Es así que, al tercer día de trabajo, las jornadas se habían extendido hasta la madrugada. La necesidad de comenzar los plenarios y realizar las elecciones internas referidas no permitía mayor margen para el descanso. Los informes debían ser finalizados para ser impresos y analizados al día siguiente por todos los delegados. Debían respetar las reglas de presentación. Y, lo más importante, debían reflejar nuestras posturas de la mejor manera posible, con la mayor solidez argumental posible, con el marco teórico necesario que las respaldara, y con una redacción que permitiera su inteligibilidad en el tiempo y para todos aquellos que no participan en esta instancia –la inmensa mayoría de los profesores–; no pueden existir supuestos, sobreentendidos, expresiones ambiguas.
Dichos informes se ponen a consideración de la asamblea, que es la que los aprueba, en todo o en parte, y se someten a correcciones, consultas, agregados, supresiones. Todo ello surge del intercambio de ideas, de la discrepancia más lisa y llana, de la solicitud de aclaraciones, del pedido de definiciones precisas; del debate, en definitiva.
Si luego de esta extensa explicación alguien considera que en cinco días esto se puede llevar adelante a cabalidad, debo decirle que está absolutamente equivocado. ¿Qué clase de informes pueden redactarse en 48 horas, con temas tan amplios como los abordados, cuando las autoridades pretenden innovar año tras año, y cuando son necesarias las lecturas, el análisis, la discusión, para recién luego llegar a una redacción que satisfaga a todas las partes? ¿Qué clase de discusiones de ideas pueden darse a las cuatro de la mañana, luego de tres días de trabajo en las condiciones descritas? ¿Qué correcciones de estilo pueden permitirse a las seis de la mañana, en el último plenario de la semana, ya ingresando al quinto día, cuando hace 30 horas que no dormimos porque debemos terminar, celebrar las últimas elecciones y abandonar el hotel para horas del mediodía? ¿Qué trabajador puede sentirse respetado en estas condiciones? ¿Con qué voluntad y ánimo puede afrontar las últimas horas de trabajo? Mi reconocimiento a todos los compañeros que lo intentan y logran producir lo indispensable con la mayor dignidad. Mi ratificación de que ese régimen es insostenible, atenta contra nuestra salud física y mental, y no permite la producción de calidad que nos merecemos y que merece la educación que pretendemos defender.
Que nadie nos obliga a presentarnos a las elecciones es un hecho; que la buena docencia comporta vocación quizá sea otro; que estas tareas se asumen desde un lugar de militancia, también (pero no confundir con la sindical, que corre por otros canales); que este racconto puede asemejarse a un canto lacrimógeno de víctima inocente atropellada por las circunstancias y los sinuosos mecanismos del poder, puede, pero no lo es.
Se trata de dejar constancia de hechos que la inmensa mayoría de la población desconoce, y que incluso nuestros compañeros docentes subestiman. Se trata de reivindicar un espacio reconocido legal y oficialmente desde hace más de siete décadas por los más diversos actores políticos; un espacio de reflexión y asesoramiento construido en base a solvencia, seriedad y profesionalidad, y sostenido en los peores momentos a fuerza de convicciones y asunción de riesgos. Se trata de denunciar el intento de vaciamiento de una producción intelectual que requiere compromiso, lecturas aguzadas, análisis de calidad, tiempos de intercambio, e incluso el respeto de aspectos formales imprescindibles en materia de presentación de lo producido. Se trata, en definitiva, de reivindicar condiciones laborales que lo permitan.
Por la convicción sobre la trascendencia del lugar que ocupamos, por la convicción sobre la relevancia de nuestras aportaciones a un debate serio de ideas y proyectos sobre enseñanza, por la importancia histórica que le otorgamos a la educación pública. Porque no existe construcción colectiva de una sociedad democrática sin la escucha cierta de todos sus actores. En las mejores condiciones, claro está.
Andrés Vartabedian es delegado nacional a la ATD del CES e integra la Agrupación Pedagógica Siglo XXI (lista 201).