Las niñas, niños y adolescentes actualmente son un total de 897.285, en base a los datos del Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia para el período 2016 a 2020. En el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, se han ampliado las prestaciones para las mujeres embarazadas y la primera infancia. El registro electrónico de los nacidos vivos y su universalización en el sistema sanitario han permitido el control mucho más efectivo de los recién nacidos en cualquier parte del país, y en 2017 la tasa de mortalidad infantil alcanzó su mínimo histórico, ubicándose en 6,6 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos, equivalente a 100 muertes menos respecto de las registradas durante 2016.
Un total de 13.300 niños de hasta tres años se incorporó a los servicios de educación y cuidados entre 2015 y 2018. En el marco del Sistema Nacional de Cuidados, la cobertura del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) llegó a 60.000 niños a nivel nacional, por medio de una red de 520 centros CAIF, casas comunitarias de cuidados, espacios de cuidados y educación para hijos de estudiantes y los centros coordinados con sindicatos y empresas. Todos estos centros están dotados de equipos técnicos que trabajan las distintas vulnerabilidades y promueven derechos en las familias.
La Encuesta Continua de Hogares marca que la incidencia de la pobreza por grupos de edad a 2017 continúa siendo mayor en las familias con niños, niñas y adolescentes a cargo, llegando a 17,4% entre los menores de seis años.
Existen dificultades para abordar la salud mental y el consumo problemático en la niñez y la adolescencia, así como en los adultos referentes a cargo de su cuidado. Actualmente, según datos del Sistema de Información para la Infancia (SIPI) a 2018, 1.000 niñas, niños y adolescentes pasaron por centros especializados. Es necesario seguir avanzando en las líneas trazadas por la Ley de Salud Mental en cuanto a la desinternación, generando dispositivos de medio camino y que atiendan situaciones crónicas que trabajen la inserción social y familiar.
Respecto de las familias, en los últimos años se observan dificultades en los cuidados parentales de adultos referentes. 10% de niños y niñas no tiene ningún contacto con su padre, y 50% de los padres que no conviven con los niños no aportan económicamente al hogar, y se advierten profundas disparidades en la presencia del padre según quintiles de ingresos. A diciembre de 2018, según el SIPI, existen en el sistema de protección de 24 horas en sus diversas modalidades, 6.245 niños, niñas y adolescentes con distintas vulneraciones. De estos, 2.200 corresponden a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema residencial de 24 horas y no cuentan con redes familiares de sostén.
Persisten desafíos concernientes a la asistencia de los niños y niñas a los centros educativos, el rezago y la extraedad, así como la necesaria mejora en la calidad de los aprendizajes. Existe una estrecha asociación entre ausentismo y resultados educativos, en términos de la calificación final. En la adolescencia, si bien se ha mejorado particularmente en los últimos años, se mantienen bajos niveles de egreso y serias desigualdades en los logros educativos, según el nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias. Asimismo, influye la carga de cuidados que tienen las y los adolescentes respecto de sus propios hijos o hermanos y sobrinos. Subsisten dificultades para la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Cuanto mayor es el grado de limitación de las personas, la asistencia a centros educativos es menor.
Con la extensión y mejora de los registros del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (SIPIAV) se visibilizan los problemas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Según datos de las encuestas de prevalencia (SIPIAV, 2019), 54,6% de los niños, niñas y adolescentes uruguayos de dos a 14 años fue sometido a algún método violento de disciplina en el último mes. Esto incluye la agresión psicológica y cualquier tipo de agresión física. En 2018 fueron atendidas 4.100 situaciones de violencia por el SIPIAV (Rendición de Cuentas SIPIAV, 2018).
Las adolescencias forman parte de una etapa que requiere dotar de mayores oportunidades a quienes la transitan, que van más allá de la oferta educativa e incluye la recreación, la diversión, el disfrute y derecho a la ciudad o al medio rural en el que habitan, el reconocimiento pleno de ser sujetos de derechos en su diversidad, el derecho y la libertad de elegir qué ser y cómo ser, hasta las primeros acercamientos a experiencias laborales. En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, se constata un uso excesivo de medidas privativas de la libertad frente a las no privativas, no cumpliéndose con la normativa de excepcionalidad de las primeras. Pese a ello, los adolescentes privados de libertad son cada vez menos. En 2015, el número de adolescentes privados de libertad ascendía a 700, y en 2017 fueron 340, según la Rendición de Cuentas de Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente de 2017.
Propuestas de políticas para un próximo gobierno
Se debería implementar una batería de medidas a los efectos de erradicar la pobreza de las familias con niños, niñas y adolescentes a cargo, políticas que profundicen el derecho a una vivienda digna, trabajo y protección social para los adultos referentes. Además, debería conformarse un sistema de promoción y protección que garantice todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este sistema debería coordinar los sistemas y subsistemas actuales que promueven el diseño de políticas públicas que impactan en las familias e involucrar al conjunto de los organismos competentes, la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Es necesario continuar profundizando las estrategias de cercanías a las familias que garanticen las trayectorias de vida de los niños, niñas y adolescentes por todo el ciclo vital, generando oportunidades y herramientas de salida de las situaciones de vulneración.
10% de niños y niñas no tiene ningún contacto con su padre y 50% de los padres que no conviven con los niños no aporta económicamente al hogar.
La agenda de derechos que se viene implementando en estos tres gobiernos frenteamplistas impacta favorablemente en el bienestar de la población y en particular de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, persisten algunas concepciones tutelares hacia la niñez que no garantizan derechos, en especial hacia la niñez trans, las niñas y adolescentes mujeres o con problemas de salud mental o discapacidad. Se debería fortalecer los programas educativos que promueven la inclusión de los niños, niñas y adolescentes independientemente de su etnia, origen territorial, género, diversidad sexual, tiempos de aprendizajes, problemas de salud mental, discapacidades, etcétera. Hay que rediseñar programas de formación para la inclusión y aquellos que contribuyan al conocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva, género y derechos humanos, desde la primera infancia, primaria y secundaria. Se requiere flexibilidad para lograr la estabilidad en la trayectoria educativa, especialmente en adolescentes con niños y niñas a cargo, o con problemas de salud mental o consumo problemático.
Respecto de la salud mental y el consumo problemático, es necesario implementar la Ley de Salud Mental, en cuanto a la desinternación, generando dispositivos de medio camino que atiendan situaciones crónicas, que trabajen la inserción social y familiar. Generar casas o centros pequeños de cuidados, diurnos y residenciales para niños, niñas y adolescentes con problemas crónicos de salud mental.
En cuanto al derecho a vivir en familia, el Estado debe garantizar este derecho en conjunto con la sociedad civil, para lo cual deberíamos reorganizar el sistema de prestaciones y transferencias, priorizando a las familias con dificultades de cuidado parental. Es necesario generar una estrategia que contribuya a la desinternación de niños, niñas y adolescentes, y prevenir la internación en centros residenciales de 24 horas, así como aumentar los recursos humanos y equipos técnicos que trabajan en cercanía a las familias, oficiales y en convenio con la sociedad civil. Se requiere capacitar permanentemente a los funcionarios que trabajan con los niños, niñas y adolescentes y con las familias, fortaleciendo las capacidades parentales y de cuidados, así como fomentar y profundizar el sistema de acogimiento familiar transitorio, agilizar los procesos de selección de familias adoptivas y sensibilizar sobre la finalidad de la adopción, centrándonos en las necesidades del niño, niña o adolescente en condición de adoptabilidad.
Respecto de garantizar el derecho a vivir libres de violencias, se debería fortalecer la coordinación interinstitucional, la capacitación y atención para prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil y adolescente. Es necesario ampliar centros de referencia local que atiendan a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, trata y explotación sexual; ampliar cupos para atención; aumentar el cupo en albergues para mujeres con niños y niñas víctimas de violencia; ampliar la Línea Azul 0800 5050 a 24 horas, los 365 días al año; capacitar en forma permanente a equipos de todos los organismos involucrados; llevar a cabo acciones de sensibilización y empoderamiento a niños, niñas y adolescentes; aumentar los equipos técnicos que realizan diagnósticos y el número de defensores de niños, niñas y adolescentes en el Poder Judicial; generar programas de reparación integral del daño producido por las violencias a niños, niñas y adolescentes; capacitar a jueces, fiscales y equipos técnicos en estándares internacionales de derechos humanos y normas nacionales de protección y promoción de derechos a niños, niñas y adolescentes.
A los efectos del desarrollo en la primera infancia, se requiere fortalecer los programas de cercanía, con cobertura universal; fortalecer los programas sanitarios con un enfoque interdisciplinario para seguir contribuyendo a la baja de la mortalidad infantil y materna y a la salud de madres, niñas y niños; aumentar la cobertura de cuidados mediante propuestas integrales como el Plan CAIF y los Centros Siempre (alianza de empresas + sindicatos), para el cuidado de la primera infancia, completando su presencia en los barrios con mayor vulnerabilidad socioeconómica y avanzando hacia la universalización para la primera infancia; aumentar las acciones que contribuyan a la corresponsabilidad dentro de las familias, aumentar las licencias parentales; generar más dispositivos de cuidados cerca de centros educativos, a los efectos de incluir a los niños y niñas hijos e hijas de estudiantes.
Por último, a los efectos de favorecer la garantía de derechos a las adolescencias, se debería fortalecer y profundizar la Estrategia de Embarazo Adolescente, empoderando a las y los adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, con enfoque en la prevención; generar más programas de participación activa de niños, niñas y adolescentes en el diseño y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, y todas aquellas que impacten en sus vidas cotidianas; aumentar los proyectos de recreación, Clubes Juveniles y Clubes de Niños a contrahorarios escolares y liceales; generar programas de acceso a la cultura de niños, niñas y adolescentes, así como recursos para la participación en los medios de comunicación; fortalecer los programas que den oportunidades y herramientas a adolescentes y jóvenes para la inserción laboral y educativa; diversificar la oferta de medidas no privativas de libertad para adolescentes y generar lugares más pequeños y en comunidad para la privación de libertad.
Con estas medidas y propuestas deberíamos lograr avances significativos para la población y en especial para los niños, niñas y adolescentes; su bienestar debe ser una prioridad para el próximo gobierno.
Andrea Venosa es abogada, secretaria letrada en el INAU e integrante del sector Casa Grande del Frente Amplio.