En 1908, José Batlle y Ordóñez escribía desde París: “Yo pienso aquí en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo”. A su regreso, y electo para su segunda presidencia, varias de esas ideas se concretarían. Entre los historiadores es consensual considerar que la impronta batllista primigenia delineó las bases de Uruguay hasta bastante avanzado el siglo XX: una activa participación del Estado como proveedor de servicios públicos; una fuerte protección social; una ampliación de los espacios de participación y autonomía ciudadana; y un incipiente proceso de industrialización y de mejora técnica.
En estas semanas, la afirmación de don Pepe ha sido recordada en reiteración por Ernesto Talvi, que ha intentado disociar ese paradigma simbólico con la trayectoria que recorre nuestro Uruguay tras 15 años de gobiernos frenteamplistas. Pero, esa supuesta divergencia, ¿responde a una realidad o es más bien retórica?
Considerar a un país “modelo” implica comparaciones de ciertos atributos considerados ejemplares. Es necesario acordar indicadores, fuentes de información y hasta discutir filosóficamente el valor adjudicado a ciertos paradigmas. No es objeto de esta nota llegar a esos extremos. Nos contentaremos con algo más pragmático: saber cómo es ubicado nuestro país en algunos de los índices internacionales de uso más frecuente.
Empecemos por cómo nos ven en cuanto a la vida democrática y la vigencia de libertades. El denominado Índice de Libertad es un estudio de la estadounidense Freedom House, que mide el grado de democracia y libertad política en los países clasificándolos en libres, parcialmente libres y sin libertad. En el índice correspondiente a 2019, Uruguay pondera con 98 puntos sobre 100, y se ubica en el primer lugar de la región y sexto del mundo. Por su parte, desde 2002, la organización Reporteros sin Fronteras elabora un índice de Libertad de Prensa. El último disponible es de 2017 y en él Uruguay se ubica en el puesto 19º a nivel mundial y en segundo lugar a nivel regional.
Más conocido que los anteriores es el Índice de Democracia, confeccionado por la unidad de inteligencia del periódico británico The Economist. Para su elaboración se utilizan múltiples indicadores que dan lugar a cinco pilares: libertades civiles, cultura política, participación política, funcionamiento gubernamental, proceso electoral y pluralismo. De ese modo se conforman cuatro grupos de países: a) las democracias plenas, que son sólo una veintena; b) las democracias defectuosas que existen en 55 países; c) los regímenes híbridos presentes en 39 estados; y d) los regímenes autoritarios que sufren otros 53 países.
Desde el inicio de la publicación de índice, en 2006, Uruguay ha sido caracterizado, como país con democracia plena. Se ha dicho que esa caracterización no debería sorprender, dada la trayectoria de nuestro país. En parte es cierto. En el conjunto de la región, la democracia uruguaya se diferenciaba hasta que fue interrumpida por 17 años de autoritarismo creciente y dictadura cívico-militar. La primera elección sin presos ni proscriptos fue en 1989, dos años después de la aprobación de una ley que dio impunidad a los violadores de los derechos humanos en un contexto de presión militar y restricciones a la libertad de expresión, como se recordará.
Señalemos que desde el inicio de la confección del Índice de Democracia, que coincide con el comienzo de los gobiernos frenteamplistas, Uruguay ha estado en progresivo ascenso y ha pasado del lugar 27º al actual 15º dentro del contexto mundial. Es decir, de acuerdo con la serie de estudios británicos, bajo los gobiernos de izquierda se ha estado expandiendo y profundizando la democracia en el país. Por eso resulta extemporáneo que aún aparezcan cada tanto expresiones de políticos, como una senadora recientemente electa, que ponen en duda si las garantías democráticas seguirán vigentes.
Crecimiento económico con distribución
En relación con la justicia social, otro atributo cuya vigencia formaría parte de cualquier caracterización “modélica”, es complejo definir indicadores específicos. Es conocido que los indicadores de pobreza monetaria y de indigencia han mejorado sustancialmente desde los altos porcentajes heredados tras la crisis de 2002, y lo mismo ocurre con los ingresos salariales mínimo y promedio. Es indudable que avanzar en equidad ha sido un objetivo explícito y permanente todos estos años. Pero quizá lo más demostrativo del proceso distributivo impulsado sea la observación simultánea de la evolución de dos indicadores: el llamado Índice de Gini y el monto del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.
En relación con el PIB per cápita, Uruguay se encontraba en la sexta o séptima ubicación regional al inicio de los gobiernos frenteamplistas y ahora está, desde hace un quinquenio, en el primer o segundo lugar, habiendo tenido un importante crecimiento acumulativo.
Por su parte, la mejora en el Índice de Gini ha sido considerable. El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1, rango en el que 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad. El coeficiente en Uruguay pasó de un valor de 0,459 en 2006 a 0,395 en 2018; Uruguay es actualmente, junto con El Salvador, el país con mejor distribución del ingreso en Latinoamérica. Si se grafican los dos índices queda de manifiesto de modo contundente que el aumento de la riqueza producida en estos años ha estado asociada temporalmente con una mejor distribución.
Menor corrupción y gay friendly
La corrupción es una de las lacras que afectan la vida en sociedad. La organización no gubernamental Transparencia Internacional publica desde 1995 el índice de Percepción de la Corrupción, confeccionado en base a encuestas a expertos y empresas. Uruguay está rankeado en el primer lugar de la región y 23º en el mundo.
Podríamos agregar otras áreas en las que Uruguay también se destaca en la región o incluso a nivel internacional. Por ejemplo, está clasificado dentro del limitado número de países gay friendly del mundo. Junto con Nueva Zelanda, es uno de los únicos países no europeos que se clasifican en los primeros 20 lugares del ranking respectivo. Esto es derivado de las políticas de reconocimiento y apoyo a la diversidad sexual. Dichas políticas hoy son parte del capital nacional, pero no contaron inicialmente con el apoyo de parte del arco político y aún hoy hay sectores que cuestionan los avances.
Seguramente un lector crítico podrá señalar algunos indicadores de áreas en las que Uruguay no logra despegarse de la región, ha quedado estancado o incluso ha retrocedido. Las hay, por cierto, y debemos reconocerlo, estudiar las causas y desatar los nudos que impiden las mejoras. Pero de eso se trata. De seguir construyendo, no sé si un país “modelo” –dado que cada realidad nacional tiene sus particularidades intransferibles–, pero sí un país que mejore continuamente las condiciones de vida de sus integrantes, que gane en libertades y donde la justicia social sea un norte referencial permanente e irrenunciable. Muchos creemos que la continuidad o no de esa construcción es la que estará en juego dentro de unas semanas.
Edgardo Rubianes fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.