Dos legisladoras estadounidenses, la senadora Elizabeth Warren y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, están decididas a hacer de la tributación uno de los temas centrales de la campaña electoral de Estados Unidos en 2020. Ambas han expresado su voluntad de acabar con el tabú y gravar a los ricos. No es de extrañarse que sus propuestas hayan encontrado eco dentro y fuera de su país. En Estados Unidos, así como en el resto del mundo, estamos viviendo una crisis de desigualdad. La creciente brecha entre la elite económica y todos los demás está aumentando. En América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población concentra 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre sólo accede a 3,5% de la riqueza total, según mostró recientemente Oxfam.
El hecho de que sean dos mujeres quienes iniciaron el debate en Estados Unidos no es una coincidencia. En los últimos años, a nivel global, las organizaciones y movimientos de mujeres han hecho evidentes los vínculos entre las políticas fiscales y la igualdad de género. Las mujeres estamos alzando nuestras voces para exigir sistemas tributarios progresivos y que las corporaciones paguen lo que justamente les corresponde.
Se ha demostrado que la evasión y elusión fiscal contribuyen en gran medida a la desigualdad de género, puesto que limitan los recursos de que disponen los gobiernos para invertir en políticas redistributivas. Como reveló un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2015, los países con mayores niveles de desigualdad de ingresos también generan mayores desigualdades de género en materia de salud, educación, participación y representación en el mercado laboral.
Los movimientos feministas han hecho ver que la planificación fiscal agresiva de las corporaciones fuerza a los países a cubrir sus déficits fiscales aumentando los impuestos regresivos al consumo, como el impuesto al valor agregado. Estos impuestos indirectos resultan más gravosos para los grupos de ingresos bajos y medianos, en los que las mujeres están sobrerrepresentadas.
Cuando las corporaciones no pagan los impuestos que justamente les corresponden, los países tienen menos dinero para invertir en servicios públicos, infraestructura sostenible y protección social, que son los impulsores de la igualdad de género.
La inversión en servicios de salud y cuidados tiene un impacto positivo directo en las mujeres. Debido a las normas sociales, la carga del cuidado no remunerado recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes en promedio destinan 3,3 veces más tiempo que los hombres en estos trabajos. Sin servicios de guardería, por ejemplo, las mujeres tienen dificultades para permanecer en el mercado laboral y obtener beneficios de protección social mediante el empleo.
Menos ingresos fiscales también significan menos inversión en infraestructura. Si no se invierte, por ejemplo, en carreteras rurales o en sistemas de transporte urbano seguro, la movilidad de las mujeres y las niñas se ve limitada, lo que dificulta su acceso a los mercados, la educación y otros servicios públicos. Sin conexión eléctrica, la productividad del trabajo doméstico de las mujeres, así como el de las agricultoras, se ve limitada. Sin inversión para aumentar el acceso a internet, la brecha digital de género seguirá aumentando, lo que impedirá a las mujeres el acceso igualitario a la información y a las oportunidades educativas.
La baja carga impositiva de las empresas multinacionales tampoco permite mayor inversión en programas de protección social no contributivos, como transferencias en efectivo y pensiones sociales. Dado que las mujeres tienen mayor presencia en empleos informales y de menor remuneración, así como una historia laboral interrumpida por su rol reproductivo o por las tareas de cuidado, estos programas son fundamentales en la igualdad de género. En Bolivia, Chile, Ecuador y México, por ejemplo, la expansión masiva de pensiones sociales contribuyó a aumentar el porcentaje de mujeres mayores de 60 años con ingresos propios. La evidencia muestra que las transferencias en efectivo han contribuido al empoderamiento de las mujeres en relación con el matrimonio, las relaciones sexuales sin riesgo y la fecundidad, así como con la reducción del abuso físico por parte de los hombres. En Brasil, por ejemplo, el programa Bolsa Familia aumentó significativamente el poder de decisión de las mujeres con respecto a la anticoncepción.
El sistema tributario internacional actual es obsoleto e injusto, ya que permite la evasión fiscal sistémica por parte de las grandes empresas multinacionales. Amazon, por ejemplo, no ha pagado ningún impuesto en Estados Unidos en 2018. En los países en desarrollo, la situación es aun más preocupante. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron a América Latina más de 190.000 millones de dólares en 2014, es decir, 4% del Producto Interno Bruto regional.
En años recientes, las organizaciones y movimientos de mujeres han venido exigiendo que se ponga fin a este absurdo. El descontento social también ha ido creciendo, sobre todo después de escándalos como el de los Panama y los Paradise Papers, revelados por sendas investigaciones periodísticas. Como resultado, después de años de negación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció recientemente la necesidad de reformar el sistema tributario internacional global para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal. En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, de la que soy integrante, acogemos con satisfacción este cambio de rumbo. Esperamos que se aproveche la oportunidad para rediseñar un sistema tributario internacional progresista con el potencial de reducir las desigualdades, incluida la de género.
Mientras el mundo se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, debemos sumarnos al llamado de las organizaciones feministas a realizar reformas fiscales que promuevan la igualdad de género. Sin justicia fiscal, no hay igualdad de género.
Magdalena Sepúlveda es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional. Anteriormente fue relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos.