Pobreza y desigualdad: ¿Qué fue lo que no se detuvo?

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En la campaña para las elecciones de 2014 el Frente Amplio (FA) tuvo la virtud de salir con un jingle muy pegadizo para contrarrestar la marca “por la positiva” que impulsaba el principal candidato de la oposición. La expresión “que no se detenga” se volvió casi un norte a seguir por los militantes del FA. Cinco años después de ese sello (que tuvo mucha pegada), parecería sensato preguntarse si hemos llegado o no a dicho norte y, sobre todo, cómo continuar hacia él. Para ello, a continuación analizaré la evolución de las principales variables socioeconómicas en el período de la segunda administración de Tabaré Vázquez, lo que nos dará un panorama para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Entre 2015 y 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita tuvo un crecimiento de 1,2% en promedio (0% en 2015, 1,3% en 2016, 2,2% en 2017 y 1,2% en 2018). Tomando en cuenta las administraciones anteriores, el PIB entre 2010 y 2014 se incrementó 4,4%, y entre 2005 y 2009 el crecimiento registrado fue de 5,7% en promedio. Por lo tanto, se observa un claro enlentecimiento de la economía en este último período. Es claro que las condiciones internacionales no son las mismas en los últimos años si se compara con lo ocurrido entre 2005 y 2014; los altos precios de los commodities y las bajas tasas de interés internacionales posibilitaron un gran dinamismo de las exportaciones, así como la entrada de inversión extranjera directa, lo que permitió un gran crecimiento tanto del PIB como del empleo. Pero está claro que no todo fue viento de cola: el buen manejo de las políticas macroeconómicas, así como las reformas sociales implementadas, posibilitaron que los beneficios del crecimiento llegaran a las distintas capas de la población y que no fueran apropiados sólo por una élite.

En los últimos años las condiciones internacionales cambiaron (el boom de los commodities finalizó y las políticas económicas de las grandes potencias han estado guiadas por la incertidumbre más que por las certezas), pero, sobre todo, el hecho de tener dos vecinos que cayeron de cabeza al precipicio por sus propios errores hizo que el paisito quedara en una posición comprometida y tambaleando. En este escenario, con un viento que más que de cola es de frente y en contra, mantener un crecimiento sostenido del PIB podría considerarse un logro significativo.

Ahora bien, vale preguntarse qué ha ocurrido con las demás variables socioeconómicas, más allá del PIB.

Si se analiza lo ocurrido en el mercado de trabajo, se observa que la tasa de empleo ha presentado una tendencia decreciente a partir de 2014, cuando llegó a ubicarse en 60,4%. Al finalizar 2018, el indicador se ubicaba en 57,2%, lo que implica un descenso de 5,3%. Como contracara, el desempleo, que se ubicaba en 6,6% en 2014, ha tenido una tendencia creciente y llegado a ubicarse en 8,3% en 2018, lo que representa un incremento de casi 2 puntos porcentuales, que podría haber sido mayor si no fuera por el descenso de la tasa de actividad. Por lo tanto, parece claro que el crecimiento del PIB en estos últimos años no apuntaló el crecimiento del empleo.

Al estudiar el comportamiento del salario real se aprecia que si bien la tendencia al alza se ha mantenido, la pendiente se ha hecho mucho más plana desde 2015, lo que muestra un enlentecimiento en el crecimiento del poder de compra de los trabajadores. Si se analiza el último año, el crecimiento del salario real fue de apenas 0,2%, es decir, prácticamente nulo. Algo similar ocurre con la informalidad: el registro de trabajadores que no aportaban a la seguridad social era de 24,9% en 2014, y cuatro años después se ubica en 24,6%, por lo cual este fenómeno, que marcaba un descenso de 7 puntos porcentuales en el período de gobierno anterior, se ha planchado en la actual administración.

Por lo tanto, el análisis conjunto de estas variables indica un menor dinamismo de la demanda de trabajo en los últimos años. El gobierno ha intentado revertir la situación, vía otorgamiento de subsidios a las empresas privadas. Sin embargo, hasta el momento la respuesta de las empresas a estas acciones implementadas por el gobierno parece ser frágil y, más aun, aquellas que sí lo han hecho parecerían comportarse de manera estratégica, simplemente para aprovechar la ventaja de acceder a un subsidio por parte del Estado, que les permite reducir costos. Cabría preguntarse si la recaudación a la que renuncia el Estado (vital en épocas de elevado déficit fiscal) por el otorgamiento del subsidio justifica estas políticas de empleo, que hasta ahora parecerían haber tenido escaso efecto en la demanda de trabajo.

Otras dos variables socioeconómicas que históricamente preocuparon al FA son la desigualdad y la pobreza. La desigualdad de los ingresos, medida por el índice de Gini, mostró entre 2006 y 2013 una caída sustancial: el indicador pasó de 0,46 a 0,38. La combinación de distintas políticas económicas y sociales implementadas en esos años (reforma tributaria, Sistema Nacional Integrado de Salud, crecimiento sostenido del Salario Mínimo Nacional, Plan de Equidad) posibilitó tal resultado. Ahora bien, en los últimos años la tendencia a la baja se ha detenido y en 2018 el indicador se ubicaba nuevamente en 0,38. Parecería que esta variable dejó de ser relevante en la última administración, que no ha implementado políticas económicas para continuar con la reducción de la desigualdad y, peor aun, es de esperar que la reforma más significativa en este sentido (la de los “cincuentones”, impulsada principalmente por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro) tenga un claro efecto regresivo en el mediano plazo.

Cuando el FA asumió su primer gobierno, cuatro de cada diez uruguayos vivían bajo la línea de pobreza. En 2018 ese número es menos de uno de cada diez, por lo tanto los avances en este sentido son innegables. No obstante, conviene analizar los distintos períodos; en la primera administración de Vázquez, la pobreza cerró en 2009 en 21%, lo que implicaba que el primer gobierno del FA había logrado reducir la pobreza casi a la mitad. En la administración de José Mujica, el ministro de Desarrollo Social, por aquel entonces Daniel Olesker, expresaba que uno de los objetivos de su cartera era terminar con una pobreza por debajo del umbral de 10%, cosa que logró, ya que en 2014 el registro fue de 9,7%. Es decir que al finalizar el anterior período de gobierno la pobreza también volvía a caer a la mitad. Sin embargo, a partir de entonces la tendencia a la baja de la pobreza se ha moderado, y (más allá del dato de 2017, que sorprendió a propios y extraños) en 2018 el registro recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística se ubica en 8,1%.

Nuevamente, parecería que la actual administración se conformó con lo logrado en los diez años anteriores. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en abril de 2017, cuando se conoció el dato de 2016 y la pobreza se mantenía cercana a 10%, expresó en la prensa¹ que le había comunicado al presidente el desarrollo de una nueva línea de trabajo destinada a esta población. Según esa nota de prensa, en el programa En la mira transmitido el jueves 20 de abril de 2017 Vázquez le habría puesto nombre a tal estrategia, denominándola “Plan de apoyo a situaciones extremas de indigencia y pobreza”. Todavía se continúa esperando tal política.

Por otra parte, la exposición del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, en las últimas Jornadas Académicas desarrolladas en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en noviembre de 2017 (se puede encontrar en la página de su cartera, titulada “Uruguay: crecimiento inclusivo, apertura y solidez financiera”) parecería confirmar la apreciación anterior. Astori en aquella oportunidad hizo énfasis en que la prioridad era disminuir el déficit fiscal vía reducción de gasto. En más de una hora de presentación, en ningún momento hizo mención a la problemática de las 300.000 personas que hoy continúan viviendo por debajo de la línea de pobreza. Es al menos curioso que el MEF entienda esto como “crecimiento inclusivo”, más aun si estamos hablando de un ministro de Economía y Finanzas del FA.

En síntesis, si la máquina no se detuvo, al menos se enlenteció demasiado, pero más que pedirle “que no se detenga”, habría que solicitarle que se reactive y que sea capaz de extender y de distribuir los beneficios del crecimiento económico a esas 300.000 personas a las que todavía no les ha llegado. No veo ningún candidato de la oposición dispuesto a pelear por este desafío (la propuesta de mudar la casa central del Ministerio de Desarrollo Social es totalmente vacía e incluso estigmatizadora), por lo tanto, estará en el FA la capacidad de asumirlo como tal y, por lo menos, volver a recuperar la intención de resolverlo. Cualquiera de los cuatro candidatos es capaz de hacerlo, tal vez unos con más énfasis que otros. La actual administración se ha excusado bajo la idea de que distribuir cuando los recursos escasean suele ser más complejo; ahora bien, recuerden que la paciencia y las oportunidades también son escasas, y que cuando se agoten puede ser demasiado tarde.

Federico Araya es economista.