En el último tiempo, y en un contexto en el que la política mundial y latinoamericana está dando un giro a la derecha, han recobrado fuerza los interrogantes sobre los vínculos entre religión y política en general, y entre algunas religiones y la política nacional en particular. Así, mientras que para el caso argentino la iglesia católica se encuentra en el ojo de la tormenta por la financiación estatal, las iglesias evangélicas, y específicamente las pentecostales, se constituyen en la gran incógnita del juego político electoral. La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, con un amplio apoyo evangélico, trae la cuestión de cuán imbricada puede estar la adscripción a una religión con la elección de una opción política, y qué grado de influencia pueden tener los líderes religiosos sobre las preferencias electorales de sus fieles.
La relación de los evangélicos con la política mutó con el tiempo en el contexto argentino, donde existe históricamente una desigualdad legal entre las religiones. Así, la iglesia católica no sólo está inserta jurídicamente en el sistema estatal, sino que se constituyó históricamente en la interlocutora privilegiada del Estado en áreas como salud, educación y acción social territorial.
En este marco, podemos identificar dos grandes estrategias de las iglesias evangélicas para intentar acceder a los beneficios del Estado y la política: “desde arriba”, cambiando su estatuto legal u obteniendo una victoria electoral desde un partido confesional; o “desde abajo”, insertándose en la estructura estatal como elemento necesario para la gestión del territorio y la articulación de políticas públicas. Desde el retorno de la democracia hasta la primera década del 2000, las iglesias optaron principalmente por la primera estrategia, mientras que en los últimos años han incursionado mayormente en la segunda.
Entre 1980 y 2001 podemos ver las primeras señales de participación política, que surgen de un cambio profundo en el ámbito teológico por parte de las iglesias, que dejan de ver la política como aquello que está “en el mundo” y por tanto está contaminado y comienzan a concebir la acción política como una forma más de evangelización (si bien hubo participación política anterior a este período, es en este momento cuando se da de forma simultánea en la mayoría de las iglesias evangélicas).
Uno de los catalizadores de la organización de las iglesias evangélicas en el espacio público fue la protesta ante un proyecto de ley de cultos, la “ley Centeno”, que pretendía modificar el Registro Nacional de Cultos, pero sin revertir la preeminencia legal de la iglesia católica, y volvía la legislación de hecho más restrictiva para los cultos no católicos que el decreto-ley promulgado por la dictadura. Esto provocó dos concentraciones masivas en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en 1999 y 2001, en las que se oró por la nación y sus gobernantes y se manifestó en contra de la condición desigual de las diversas religiones. La manifestación logró que la ley no se sancionara y se mantuviera el statu quo.
En la década de 1990 se constituyeron partidos políticos provinciales evangélicos en Buenos Aires y Córdoba, que participaron en las elecciones pero con magros resultados. En estos casos, la apuesta política era fuertemente confesional, con campañas en los templos e incluso, para el caso cordobés, con pastores en las listas. Tras sus primeros intentos, estas organizaciones realizaron un giro hacia una política de alianzas que se alejara de la idea del partido confesional, que tampoco tuvo éxito.
Finalmente, para este período hubo un intento de participación pentecostal en estructuras políticas seculares junto con militantes católicos, como el caso de la Democracia Cristiana y el Polo Social, que apuntaban a pensar en términos de un “evangelio social”, pero ninguna de ellas cosechó éxitos electorales significativos.
Tras la crisis económica, política y social de 2001, las iglesias evangélicas participaron en la Mesa de Diálogo junto con otras religiones y sectores del Estado y la sociedad civil, aunque no en la mesa original, con fuerte participación de la iglesia católica, sino en su versión ampliada. Luego de estos acontecimientos, se produjeron nuevos intentos de organización política, entre los que podemos identificar al menos dos estrategias: la articulación del pentecostalismo con el peronismo y el intento de conformar un partido propio. Entre los primeros podemos mencionar para el Gran Buenos Aires a agrupaciones a escala local, como el Movimiento Justicialista Cristiano, el movimiento Cristianos en Acción y el Frente Unión por la Fe. Los tres se caracterizan por tener como base iglesias de mediano tamaño, dedicadas a tareas de asistencia social y que no respondían de forma directa a los espacios institucionalizados. Lo que se produjo, entonces, fueron alianzas con el peronismo de base de organizaciones con fuerte anclaje territorial. Sin embargo, tampoco fue suficiente para obtener victorias electorales significativas.
Quien sí obtuvo una victoria electoral reciente fue Cynthia Hotton, que ocupó un escaño legislativo en la Cámara de Diputados nacional de la mano de Propuesta Republicana (Pro), lugar desde donde intentó fundar un partido político cristiano, Valores para Mi País. Sin embargo, el acceso a esta posición dependió más de la trayectoria personal de la ex diputada (que pertenece a una familia de larga tradición diplomática) que a su trayectoria dentro de una militancia evangélica.
De esta manera, es posible ver una continuidad en el proceso político de las iglesias evangélicas en general y de las pentecostales en particular: no hay una relación directa entre pertenencia religiosa y opción política. La dinámica de la democracia argentina no parece establecer un vínculo directo entre las creencias en el plano de lo moral-espiritual-religioso y las preferencias en términos electorales. Por su parte, las iglesias evangélicas no han logrado aún presentar una opción política que pueda incluir a las numerosas denominaciones locales o que se vuelva atractiva para votantes no necesariamente evangélicos. Frente a esto, sin embargo, se han generado nuevas estrategias de participación política, y fundamentalmente, un intento de quebrar la desigualdad frente a la iglesia católica.
Centralidad de las federaciones y política institucional “desde abajo”
En la actualidad, vemos una complejización del accionar evangélico en política, que no descarta totalmente la participación “desde arriba”, pero que busca al mismo tiempo nuevos caminos. Ejemplos de esta modalidad política más directa persisten en las intervenciones de iglesias evangélicas, mayormente pentecostales, en las manifestaciones en contra de proyectos de ley que amplíen derechos en materia de género, como la Ley de Educación Sexual Integral, el matrimonio igualitario o el debate por la legalización del aborto. En estos temas han establecido alianzas con sectores católicos y se han manifestado numerosas veces en el espacio público, lo que visibilizó fuertemente su presencia como sector social con capacidad de presión en las calles. En este sentido, existen iniciativas de partidos interconfesionales con la finalidad de combatir la denominada “ideología de género”; uno de los últimos en crearse fue el Partido Celeste, llamado así por el color de los pañuelos que articularon la lucha contra la legalización del aborto, en oposición a los pañuelos verdes que identifican a quienes la apoyan.
Sin embargo, muchos pentecostales comprenden que la opción de acceso a cargos políticos por vía electoral es difícil, casi imposible si pensamos en partidos confesionales, por lo que iniciaron un proceso de acceso al poder “desde abajo”, buscando obtener cargos públicos no electivos, tanto en las provincias como en los municipios, particularmente en líneas medias de la estructura estatal. En esta estrategia cobraron renovada importancia las asociaciones y federaciones evangélicas, ya que presentan un interlocutor viable para el Estado que, acostumbrado a los vínculos históricos con la iglesia católica, prefiere establecer diálogos con representantes de grandes grupos más que con cada iglesia o pastor en particular. Para la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la oposición a leyes sobre derechos sexuales y reproductivos constituye un piso de valores no negociables a la hora de dialogar con el Estado, a la vez que ha separado a ACIERA de otras federaciones evangélicas más abiertas en estos temas.
Ahora bien, el diálogo que puede establecer el Estado con las asociaciones es importante pero coyuntural, por lo que el acceso a cargos no electivos presenta otras potencialidades, ya que permite acciones a más largo plazo. Al mismo tiempo, estos cargos se encuentran en un nivel lo suficientemente bajo en el radar para no ser detectados por las grandes campañas que promueven la separación entre iglesia (católica) y Estado, y con ello, la separación entre las religiones y el ámbito estatal. Esto se observa particularmente en un tipo específico de dependencias que existen tanto en los niveles provincial como municipal: las direcciones de culto. Estas oficinas, muchas de las cuales han surgido en los últimos diez años, tienen como objetivo primordial establecer vínculos entre el Estado local y las religiones del territorio. Cumplen por lo general con al menos dos tareas: facilitar la inscripción de las religiones no católicas en el Registro Nacional de Cultos y establecer un puente entre las necesidades de las religiones y el Estado, particularmente en lo que refiere a actividades en el espacio público y articulación de acción social.
Estas dependencias locales, muchas veces marginales incluso en el organigrama municipal, se convierten en espacios de articulación en dos niveles que las vuelven eficientes como vía de acceso al Estado. Por un lado, son oficinas cuyos encargados requieren de cierto habitus religioso no siempre sencillo de encontrar en las líneas medias de gestión –porque no sólo deben ser personas con cierta sensibilidad religiosa, sino que además deben estar dispuestas a mantener una postura más o menos abierta a religiones que les resultan desconocidas o extrañas–, y con el que muchos dirigentes evangélicos ya cuentan, teniendo incluso algunos una agenda interreligiosa en su haber. Por otro lado, si no se accede al cargo de dirección, se puede establecer un diálogo rápido con estas oficinas, pues las formas de las iglesias evangélicas son fácilmente traducibles a ese habitus católico secular que aún está presente en el imaginario de lo que es una religión para la mayoría de los argentinos. A la vez, la ubicación de estas oficinas en el gran organigrama estatal hace que por lo general no lleguen a ellas conflictos coyunturales que sí son espacios de debate en la arena política “desde arriba”, y por lo tanto no se les requieren posiciones en temas como la despenalización del aborto. Esto no quiere decir, sin embargo, que para algunos dirigentes, sobre todo cuando son pastores, el límite entre su función como empleados estatales y como líderes religiosos no sea problemático.
Esto es aun más destacable si tenemos en cuenta que las direcciones existen en municipios tanto peronistas como gobernados por Cambiemos –la alianza oficialista liderada por Mauricio Macri–, aunque se pueden ver algunos patrones diferenciados. Mientras que en los municipios peronistas la mayoría de los directores de culto son pastores o miembros destacados de comunidades evangélicas pentecostales, las direcciones que iniciaron o continuaron su gestión bajo el gobierno de Cambiemos provienen en su mayoría de trayectorias católicas, si bien en el último año se ha producido un incremento de direcciones gestionadas por evangélicos.
Si a todo esto sumamos la legitimidad que progresivamente han ganado las iglesias pentecostales en el espacio social debido a su trabajo en áreas como recuperación de adicciones, asistencia social y cárceles, podríamos afirmar que se está construyendo un perfil de político evangélico.
Proyecciones
¿Serán decisivos los fieles pentecostales en las próximas elecciones presidenciales? ¿Votarán todos como un bloque a opciones políticas de derecha? Luego de lo expuesto, podemos contestar que el panorama es todo menos sencillo. Claramente, las iglesias pentecostales están tomando una centralidad nada despreciable en la arena política, tanto “por arriba” como “por abajo”. Sin embargo, esto no quiere decir que sus fieles actúen de forma monolítica en términos de participación política, ni que se pueda identificar a las iglesias pentecostales con una única opción partidaria. Lo que no se puede negar es que hoy hay una intención mayor que en el pasado de “meterse en política”, que hay grandes sectores de estas iglesias que están dispuestos a manifestarse públicamente para defender su posición en temas coyunturales, y que no hay temor por parte de los dirigentes religiosos de intervenir de forma directa en la estructura estatal. Esto lo entendió el Estado en el nivel local mucho antes de que se hiciera evidente en la opinión pública, y por eso estableció vínculos de largo plazo con las iglesias pentecostales abriendo espacios a su intervención en las direcciones de culto, ya sea como directores o simplemente como integrantes de la comunidad a los que no se puede ignorar si se habla de diversidad religiosa y de los aportes que las religiones hacen en términos de asistencia social.
Sabemos que en Argentina es poco probable que se conforme un partido político confesional con posibilidades reales de éxito, pero también sabemos que es plausible que, en una situación de coyuntura política local compleja y de giro a la derecha en términos internacionales, se pueda comenzar a evocar los principios y valores religiosos que descansan en ese habitus colectivo, incluso de sectores no religiosos, y que estos den paso a una fórmula electoral que se presente como un espacio de conservación de los “buenos valores” en un país en crisis constante, incluso de sus identidades. Se está conformando a la vez una clase política pentecostal, que participa en distintos sectores del arco político, desde el peronismo hasta Cambiemos, y que está ganando experiencia en gestión pública de cara a la sociedad en su conjunto.
En este sentido, es interesante pensar, en la actual coyuntura, de qué formas se puede interpelar al creyente desde posiciones más progresistas, de manera que se valore la diversidad religiosa como parte de las múltiples identidades en nuestra sociedad, a la vez que se llegue a acuerdos mínimos en temas tan polémicos como los que refieren a la salud sexual y reproductiva. Mirar lo que está sucediendo a escala local puede ser una herramienta interesante, pues allí están teniendo lugar experiencias diversas que dan paso al conocimiento cara a cara y a relaciones cotidianas en las que los múltiples prejuicios se reducen y se asumen nuevos desafíos en las relaciones entre religión y política.
María Pilar García Bossio es profesora de Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Una versión más extensa de esta columna fue publicada originalmente en Nueva Sociedad.