El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas, capitaneadas por Augusto Pinochet, perpetraron un golpe de Estado contra el presidente constitucional, el doctor socialista Salvador Allende. Así comenzó una dictadura que dejó cifras rojas y dolorosas para el país sudamericano. Miles de torturados en centros clandestinos de detención, otros tantos asesinados por el régimen dictatorial y muchos desaparecidos, cuyo paradero no se sabe hasta el día de hoy.
Las crónicas de los principales medios escritos del mundo daban testimonio de cientos de cuerpos flotando en el río Mapocho, múltiples detenciones arbitrarias en recintos deportivos y militares, y masivos allanamientos en los sectores populares. Eran los pobladores y pobladoras, estudiantes y trabajadores, militantes de izquierda que habían creído y se habían comprometido con la vía chilena al socialismo.
La reciente imagen de un joven de 16 años en el lecho del río Mapocho despertó viejos recuerdos en un país herido aún por los horrores de la dictadura. Fue quizás el mejor ejemplo que nos recordó que, a pesar de 30 años de gobiernos civiles elegidos por vía democrática, el país sigue rigiéndose por la institucionalidad impuesta bajo la bota militar.
La impunidad y el olvido que se intentó imponer desde la derecha neoliberal y la llamada “familia militar” y que fueron propiciados por los gobiernos del pacto de la transición, fueron fuertemente combatidos por las agrupaciones de víctimas y de familiares víctimas de la dictadura. Sin duda, un proceso histórico cargado de violencia que nos deja como legado el hecho de que en Chile existieron campos de concentración y centros clandestinos de torturas que fueron operados por la policía secreta del régimen.
La reciente imagen de un joven de 16 años en el lecho del río Mapocho despertó viejos recuerdos en un país herido aún por los horrores de la dictadura.
A 47 años del golpe de Estado y 30 años del retorno de los gobiernos civiles, han sido cuatro los informes de organismos internacionales que denuncian graves violaciones de derechos humanos desde que estallaron masivamente las protestas el 18 de octubre de 2019. El Ministerio Público cifra en más 8.000 las personas víctimas de la violencia estatal, de las cuales 1.362 eran menores de edad, 24 eran miembros de comunidades mapuches y 32 fueron discriminados por pertenecer a diversidades sexuales. Respecto del género, 1.635 son mujeres, 7.183 son hombres y de 17 no se tiene esa información.
Las denuncias de estos abusos aparecieron desde el mismo día en que estalló Chile (si fuésemos más drásticos quizás veríamos que nunca cesaron después del fin de la dictadura), y la respuesta de las autoridades del poder central y de las instituciones a cargo del orden público siempre ha sido la misma: “No hay que aventurar juicios y hay que esperar que las instituciones funcionen”. Paralelamente vemos cómo ha habido un intento, de parte de ciertas autoridades, de hacer una defensa corporativa irrestricta de quienes cometen estos abusos.
Según el Instituto de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado en esta materia, al 15 de septiembre hubo un total de 2.499 querellas interpuestas, de las cuales sólo hay 28 causas formalizadas y 64 funcionarios policiales y cuatro militares imputados. Nuevamente la búsqueda de justicia se ha encontrado con la obstaculización de parte de Carabineros y de las instituciones militares, quienes no han ayudado en nada a esclarecer los hechos denunciados.
La revuelta de octubre de 2019 mostró que estamos en un momento de complejidad en materia de derechos humanos, donde el Estado (más allá del gobierno de turno) no ha tenido la capacidad de garantizar los mecanismos mínimos y necesarios para la preservación de los derechos fundamentales de los chilenos y las chilenas. Tampoco, al parecer, han funcionado los mecanismos internacionales, ya que, después de cuatro informes lapidarios en esta materia, no se ha visto cambios en este campo y no se ha hecho caso a las recomendaciones emanadas por estos organismos internacionales.
Si fracasan los mecanismos nacionales de defensa de los derechos humanos y también los internacionales, la cuestión es qué nos queda a nosotros, los chilenos y las chilenas, para que imágenes como las del viernes no se vuelvan a repetir y que el Estado, bajo argumentos como el orden público y la paz social (muy utilizados por autoridades del gobierno de Chile), no cruce los límites del Estado de derecho en el ejercicio de su poder en democracia.
Jordano Ignacio Morales es comunicador popular y diplomado en Derechos Humanos, Democracia y Ejercicio de la Ciudadanía. Vive en Concepción, Chile.