Mientras el ministro del Interior insiste en polarizar la sociedad, los mandos policiales les dan la razón a los reclamos sociales y a través de órdenes internas aseguran que no se debe dispersar aglomeraciones. Por su parte, varios actores políticos y sociales, entre ellos el sindicato policial, reclaman un protocolo claro de actuación para no enfrentar a los trabajadores policiales con la población ante una pandemia que exige la unidad nacional.
Uruguay atraviesa el octavo mes de pandemia y todos los especialistas señalan que podemos estar ante un cruce de caminos. El problema es serio, los contagios aumentan y el comportamiento social se ha distendido en relación a los cuidados. Todo eso exige una actitud ciudadana ejemplar que debe estar acompañada por los necesarios controles de las instituciones del Estado. El problema central radica en cómo se hace: a través del diálogo, el liderazgo de las ideas y el involucramiento de actores, o por la vía de mandar al frente a la Policía a resolver un problema que claramente exige intervenciones integrales y escalonadas.
El ministro ha quedado solo, una vez más, queriendo hacer creer que ejerce la autoridad porque no va a tener “miedo en reprimir”, mientras que por vía interna los mandos policiales reiteran la orden de exhortar, pero no disolver aglomeraciones. Hay una diferencia entre el que manda hablando y el que tiene que mandar haciendo y afrontando las responsabilidades de las acciones. Por eso, a lo largo y ancho de la Policía se observa con preocupación que sin protocolos claros ni marcos legales se empuje a escenarios de fricción social que luego generan una escalada de violencia.
A través de órdenes internas provenientes del Estado Mayor de la Policía Nacional y de la Jefatura de Montevideo se ha tenido que enmendar la plana al discurso público del ministro que se autodefinió como “un hincha de la Policía”. Pero todos sabemos que los hinchas irreflexivos sólo se destacan en el grito pero poco aportan al prestigio del club, y en muchas ocasiones le hacen perder puntos con sus actitudes.
En diversas órdenes escritas fechadas en los últimos días, se señala con extrema claridad que la Policía sólo debe “exhortar por altoparlante evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico sostenido”, y en caso de “incumplimiento” debe dar intervención a la Fiscalía. Luego de los hechos en la ciudad de Castillos, la Jefatura de Rocha fue más precisa aún y por escrito aclaró en un comunicado que en la actuación “no se obligará a la dispersión”. La orden señala que en caso de constatarse incumplimiento se deberá informar inmediatamente a la Fiscalía, contactar con la Dirección de Salud del Ministerio de Salud Pública y registrar el hecho en el Sistema de Información de Seguridad Pública, a los efectos de tener respaldo del accionar.
En clave profesional la Policía corrige a través de órdenes internas situaciones que no han sido correctas. Pero el problema central es que la Policía recibe de parte del ministro órdenes difusas sobre lo que tiene que hacer, y eso pone en riesgo a los trabajadores policiales. En la institución policial las órdenes tienen que tener parámetros precisos y Jorge Larrañaga fomenta con su discurso público órdenes que son ambiguas, con lo cual le genera un gran daño a la institución policial y expone a sus trabajadores a una situación que no quieren, porque a veces ellos mismos son conscientes de que lindan con lo arbitrario.
El ministro del Interior se autodefinió como “un hincha de la Policía”. Pero todos sabemos que los hinchas irreflexivos sólo se destacan en el grito pero poco aportan al prestigio del club, y en muchas ocasiones le hacen perder puntos con sus actitudes.
Ante la pandemia y la situación sanitaria que se ha complejizado es necesario tender puentes, promover el diálogo y construir alternativas de cuidados con amplio consenso académico y también social. Por eso es bueno actuar con calma y prudencia, lo cual no es contrario a la firmeza. Por otro lado, parece claro que es necesario reforzar las acciones de convencimiento social para cuidarnos entre todos, y en ese campo tal vez sea mejor recurrir en primera instancia a equipos del área de la salud como mediadores. Tengo claro que es necesario custodiar la situación sanitaria, pero debe ser con base en el convencimiento cívico y un esquema de regulación escalonado que sea eficiente.
Me resisto a la grieta y a querer polarizar la sociedad. No es la sociedad que queremos los uruguayos. Hay que diferenciar la crítica constructiva ante un problema que no está siendo resuelto en forma adecuada a instalar la grieta de que una opinión disonante es parte del relato anti-Policía. No es bueno reproducir como un hecho real esa mirada maniquea y bicéfala de la sociedad que promueve el “ellos” y el “nosotros”. No es lógico responder a una circunstancia sanitaria excepcional con latiguillos discursivos vetustos. Esta es una sociedad pequeña y organizada; si algo es posible y adecuado para construir legitimidad es el diálogo plural y horizontal para aflojar tensiones y malos entendidos.
Existen enclaves aislados prorepresión en la sociedad, y también personas que no quieren a la Policía. Sucede aquí y en todo el mundo. Pero en Uruguay la sociedad no se divide así, y lo peor que se puede hacer desde el gobierno es instalar esa frontera. Porque, además, en las instituciones públicas y también en las entidades sociales relevantes esa no es la actitud.
Pero cuidado con sostener que cualquier crítica es parte del relato anti-Policía, como también con promover la falsa argumentación de que cualquier intervención policial está fuera de la ley. No hay que estar de ningún lado de esa grieta. Si alguien la construye hay que taparla con argumentos y prácticas de buena convivencia democrática.
El relato anti-Policía tiene en las autoridades ministeriales a uno de sus principales promotores, al dar órdenes difusas e ilegales que generan un escenario de rispideces y confrontación no deseado por nadie. Eso también da pie y fogonea a personas que pueden tener hostilidad hacia la autoridad, pero que en Uruguay no representan opiniones mayoritarias. Salgamos de esa grieta que se quiere instalar con actitudes constructivas, dialogando y sabiendo que la verdad se construye escuchándonos como sociedad.
Los policías cumplen órdenes y no es cierto que están ávidos de reprimir. Sostener eso es un agravio gratuito a su profesionalidad, además de un desconocimiento profundo de la forma de pensar y de sentir de los integrantes de la Policía. Pero también lo es dar ordenes difusas a un grupo armado obligándolo a ir al frente en un escenario de confrontación que nadie quiere.
Por eso es muy importante que, además de las órdenes escritas que han llegado a través de las jefaturas para clarificar los límites de la exhortación, el sindicato policial haya reclamado un protocolo claro luego de los episodios ocurridos. El propósito es que no haya ninguna duda jurídica ni de ningún tipo para que los trabajadores puedan actuar respaldados por la ley y, a su vez, cuenten con la colaboración de la población al hacerlo y se eviten los enfrentamientos.
La mejor política de seguridad es construir confianza en lo público. En 2019 la Policía tenía los niveles más altos de confianza pública desde el retorno democrático. Eso fue una construcción de toda la sociedad durante años que debemos cuidar entre todos, porque es un pilar de la democracia y la convivencia. Por suerte, y muy a pesar de la visión binaria de la sociedad que promueve permanentemente el ministro del Interior dividiendo a los uruguayos entre “ganadores” y “perdedores”, la gran mayoría de la sociedad entiende que de esta situación “salimos juntos, entre todos y todas”.