El miércoles 2, bajo condiciones excepcionales a causa de la pandemia, la Cámara de Senadores culminó el tratamiento parlamentario de una de las leyes más importante de todo gobierno: el presupuesto nacional.
El tiempo de formulación de este presupuesto fue extraordinario y estuvo inmerso en una profunda crisis social y económica, provocada por la emergencia sanitaria de la covid-19 y por la ausencia de respuestas a esta situación por parte del gobierno en su ley más importante. Presentado en un momento en el cual el mundo entero responde a la pandemia desplegando estados más fuertes y protectores, y los organismos internacionales recomiendan que se implementen todas las medidas necesarias para dar respuesta a los sectores más afectados, significa toda una gestualidad negativa que constituye un verdadero salto al vacío.
Este proyecto de ley no contempló ninguna medida que siquiera mitigue los efectos de la crisis. Por el contrario, propuso un profundo ajuste fiscal. Esto es algo especialmente grave, porque está demostrando la falta de empatía y flexibilidad de un gobierno que se encuentra atado a un programa que, sin duda, ha perdido vigencia, ya que fue elaborado desde (y para) otro escenario.
Si algo demostró esta crisis sanitaria mundial es que muchos gobiernos –de claro corte neoliberal– tuvieron la flexibilidad de corregir sus programas de gobierno y sus duros ajustes fiscales en beneficio de personas que, de la noche a la mañana, se encontraron en situación de pobreza. Esa práctica no fue la que se aplicó en nuestro país, donde el problema pasa a ser de neto sesgo ideológico, impulsando medidas que benefician a los “malla oro” (los más privilegiados), con la presunta intencionalidad de que estos inviertan y derramen en el mercado los beneficios que el Estado les otorgue. Teorías superadas por la realidad misma, que no registra ningún ejemplo de ello a lo largo de la historia.
Lamentablemente, la promesa del ajuste –hecha por el Partido Nacional– ha sido cumplida, y el presupuesto nacional es su manifestación más clara. Este presupuesto agudiza el ajuste fiscal iniciado por el gobierno con el Decreto 90/020, del 11 de marzo de este año, que, salvo pocas excepciones, se viene aplicando a pesar de la emergencia sanitaria decretada dos días después de su firma. Un ajuste que se consolida en esta ley que marcará el rumbo del país en los próximos cinco años.
Estamos convencidos de que provocará un profundo retroceso en las condiciones de vida de los uruguayos, con la pérdida de derechos adquiridos y con el peso del recorte colocado sobre los trabajadores y los jubilados. En momentos en que miles de compatriotas han perdido su fuente de trabajo, el equipo económico pone todo su esfuerzo en el control del déficit fiscal y la inflación, y solicita que se lo evalúe por ello, lo que pone en evidencia que la prioridad de las políticas públicas está realmente lejos de las necesidades de los uruguayos.
La única certeza de esta ley presupuestal es el ajuste fiscal, el resto es una sumatoria de incertidumbres. Este presupuesto no da certezas sobre las efectivas asignaciones de recursos de las que cada ejecutor dispondrá, o si será necesario implementar nuevos recortes de los créditos aprobados para alcanzar niveles de gasto consistentes con la meta fiscal propuesta.
También existe una profunda incertidumbre respecto de si las partidas votadas para remuneraciones podrán ser ejecutadas. Cabe recordar que el Decreto 90/020 establece que las vacantes generadas no podrán llenarse y que sólo se podrá ocupar una de cada tres de las que se generen con posterioridad a esa fecha. Como si esto fuera poco, esta ley de presupuesto complejiza bastante el proceso para su ocupación.
Dada la magnitud del ajuste (de unos 15.000 millones de pesos si comparamos los créditos propuestos para 2021 respecto de los asignados para 2019), las políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos 15 años se irán viendo comprometidas conforme avance el período de gobierno. Las áreas más comprometidas son educación, salud, vivienda y protección social.
Educación
Con la asignación para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habrá dificultad en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, y el mayor recorte se observa en las remuneraciones (sin mejoras de salario para docentes ni funcionarios), con riesgo en la asignación de docentes para nuevos centros educativos y aumento de alumnos por clase que afectarán la calidad de la enseñanza.
Al gobierno le quedan todavía cuatro años para revisar sus acciones y asumir esta nueva realidad generada a partir de la crisis sanitaria, pero las consecuencias de sus omisiones en el corto plazo serán muy profundas y notorias.
No hay mejoras en las condiciones de trabajo ni financiamiento para culminar la universalización educativa para niños de tres años, ni para mantener el alcance de la modalidad de jornada completa para alumnos de los quintiles más bajos, o para continuar con la universalización del ciclo básico de secundaria, una promesa que la propia ANEP realiza todavía hoy y que, con seguridad, no logrará contemplar en los próximos años, porque simplemente los números no dan.
En la Universidad de la República las asignaciones presupuestales tampoco satisfacen. Con un aumento constante de la matrícula y sin incremento de presupuesto para inversiones, se provocará una caída en la calidad y en la cantidad de metros cuadrados por estudiante.
Mientras tanto, la Universidad Tecnológica se verá impedida de sumar más carreras a su oferta educativa o de profundizar las existentes. Por tanto, nos enfrentaremos a una universidad tecnológica estancada, que pone en riesgo la continuidad educativa de miles de estudiantes del interior del país, atentando contra su desarrollo en todo el territorio nacional.
Salud
Resulta evidente que tanto en ASSE como en el Ministerio de Salud Pública, los recursos no serán suficientes para mantener la operativa actual. En un contexto de pandemia, el proyecto no contempla recursos para fortalecer el primer nivel de atención, en especial respecto de cómo se cubrirá la brecha de recursos humanos, que es particularmente significativa en el interior del país. Tampoco contempla partidas para presupuestar trabajadores médicos y no médicos, algo que oportunamente había sido anunciado. Todo esto en un contexto de agravamiento de la pandemia.
Vivienda
La diferencia entre las asignaciones presupuestales para cumplir el Plan Quinquenal de Vivienda 2020-2024 y los recursos asignados supera los 5.000 millones de pesos para 2024. Otra promesa que no se cumplirá.
Ante este presupuesto de espaldas a la gente, de espaldas al país, que no contempla la incertidumbre actual, el Frente Amplio dio batalla contra muchas de las propuestas presentadas, rechazando la mayor parte de los artículos y proponiendo ideas alternativas que no fueron tenidas en cuenta.
En definitiva, ante un gobierno que no escucha, cerrado al debate parlamentario y atado a un programa carente de vigencia, todo lo que se viene resulta ser desalentador. Al gobierno, le quedan todavía cuatro años para revisar sus acciones y asumir esta nueva realidad generada a partir de la crisis sanitaria, pero el tiempo se le agota porque a pesar de que 2025 todavía parece una fecha lejana, las consecuencias de sus omisiones en el corto plazo serán muy profundas y notorias. Más allá del gobierno “para evolucionar” que tanto promovieron en la campaña electoral, todo esto se parece mucho más a un verdadero salto al vacío.
Charles Carrera Leal es senador por el Movimiento de Participación Popular.