La caída del muro de Berlín implicó el fin de la Guerra Fría y del bipolarismo en el esquema geopolítico mundial. Estados Unidos emergió como la única potencia hegemónica a nivel mundial. Aquellos fueron los tiempos del “fin de la historia”.
El acelerado desarrollo de la globalización, las políticas de deslocalización de la producción, las intervenciones bélicas en Afganistán, Irak, Libia, Siria, etcétera, y la crisis económica mundial de 2008 –aún no superada–, que asoló al sistema capitalista, fueron factores que propiciaron la emergencia de un colosal rival, a todo nivel, como lo es China, secundada por Rusia. Esto ha erosionado sensiblemente el poder de la potencia hegemónica, al tal grado que podemos afirmar que hoy es el multipolarismo el que rige el esquema geopolítico mundial.
El acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no fue casual, sino que fue electo para cumplir un claro objetivo: recuperar el sitial de privilegio de ese país y de sus transnacionales, o al menos (a esta altura de las circunstancias) contener el empuje de la nueva potencia mundial, la cual inexorablemente, en un futuro cercano, desplazará en casi todos los campos (el militar podría ser la excepción) a ese país.
En el marco de la estrategia desarrollada por Trump para cumplir ese objetivo América Latina cumple un papel destacado, ya que los recursos naturales existentes en esta región del mundo resultan vitales para el desarrollo de la economía estadounidense.
Muchos países latinoamericanos, a lo largo de los primeros 15 años de este milenio, llevaron adelante una política, impulsada por gobiernos progresistas, caracterizada por una mayor independencia con respecto a la potencia hegemónica. Esta estuvo asociada a la implantación del regionalismo poshegemónico, e implicó la creación de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de instrumentos que potenciaron la integración, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Mercosur ampliado, propiciando la cooperación entre sus miembros.
Asimismo, durante este período la presencia económica de China se tornó relevante; se operó un verdadero desembarco de esa potencia emergente en América Latina. China se transformó, en poco tiempo, en una de las principales inversionistas de la región y en el principal destino de las exportaciones de varios países, incluido Uruguay. Por la vía de los hechos, China está desplazando, aceleradamente, a Estados Unidos de América Latina.
En el marco de este contexto regional, Estados Unidos presiona para imponer, por distintos medios, un realineamiento a los países latinoamericanos, haciendo que la Doctrina Monroe, una vez más, cobre vigencia.
Uruguay no ha sido ajeno a todos los movimientos descriptos. El 1º de marzo asumió la presidencia de la República Luis Lacalle Pou, en representación de la llamada “coalición multicolor”, que agrupa a un conjunto de partidos de orientación política conservadora y alineada en materia económica con los postulados del neoliberalismo. Esta coalición conservadora desplazó al Frente Amplio, que desde 2004 dirigía el gobierno uruguayo.
Las directrices de la futura política exterior de la alianza conservadora se subordinarán, sin dudas, a las aspiraciones de Estados Unidos de recuperar su posición hegemónica en América Latina. La presencia en Uruguay del subsecretario de Estado estadounidense, David Hale, entrevistándose con el hoy presidente resulta significativa. El jerarca de Estados Unidos manifestó que Uruguay es un socio vital para su país. En el encuentro se trataron temas relativos al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y temas vinculados con la seguridad global. Entre ellos el empleo de la tecnología 5G, desarrollada por la empresa china Huawei, por parte de la estatal de telecomunicaciones Antel. Este hecho generó una fuerte declaración por parte de la embajada china en Uruguay.
Consecuencias del realineamiento
El realineamiento con Estados Unidos inevitablemente generará cambios sustanciales en materia de política exterior. Uno de ellos es que el futuro gobierno apoyará la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), contribuyendo aun más a que este organismo siga estando al servicio de la potencia hegemónica en la región.
Dado que resulta necesario para los intereses de Estados Unidos que caiga el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Uruguay reforzará las acciones que se están instrumentando a tal efecto, y seguramente pasaremos a integrar el Grupo de Lima y el Foro para el Progreso de América del Sur. El 10 de marzo la cancillería anunció mediante un comunicado de prensa que abandona la Unasur, y manifestó que Uruguay adopta esta postura en función de que ese organismo ha sido abandonado por la mayoría de los países de la región, y por otra parte afirma que la Unasur estaba basada en alineamientos político-ideológicos.
Craso error comete nuestra cancillería al calificar a la Unasur como un organismo internacional alineado ideológicamente. Se ignora que cuando se creó estaba integrada por una Colombia gobernada por Álvaro Uribe y por una Venezuela gobernada por Maduro.
Olvida o desconoce la cancillería que fue precisamente la Unasur el organismo regional que más éxito tuvo en lograr el mantenimiento de la paz en América del Sur. Fueron las gestiones llevadas a cabo por este organismo las que evitaron el estallido de un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela. También le corresponde a la Unasur haber evitado el derrocamiento del presidente Rafael Correa cuando se produjo un levantamiento armado en Ecuador, al igual que lo sucedido en Bolivia cuando en Santa Cruz se produjo una intentona golpista.
Lo que realmente motivó el desmembramiento de la Unasur fue el hecho de que en este organismo regional no tenía cabida Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en la OEA, organismo que sí está al servicio de los intereses estadounidenses desde el inicio de su creación.
En su comunicado, la cancillería también hace referencia al hecho de que “Uruguay decidió interrumpir el procedimiento de retiro del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), ámbito en el cual continuará participando y haciendo conocer sus posiciones”. La cancillería considera que “el retiro del TIAR (proceso iniciado el 24/9/19) debilitaba el sistema interamericano y privaba a nuestro país de hacer sentir su voz en ese ámbito de asistencia recíproca en materia de defensa colectiva y seguridad hemisférica”.
Sorprendentemente el TIAR, creado en 1947, nunca fue puesto en práctica, ni siquiera cuando Argentina solicitó su aplicación en el conflicto de las Malvinas. Es un tratado que básicamente admite la intervención militar de un país integrante del acuerdo si esto es votado en el seno del organismo.
Se genera cierta suspicacia cuando tomamos en cuenta que esta resolución adoptada por la cancillería uruguaya es puesta en práctica luego de que se llevó a cabo una conversación telefónica entre los presidentes Trump y Lacalle Pou. En esa comunicación se reafirmó la necesidad de que ambos países intenten sostener una alianza profunda basada en “valores democráticos”. Seguramente no sea casualidad el hecho de que esta conversación telefónica fue llevada a cabo el mismo día que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantuvo en Miami un encuentro con Trump, para la concreción de una alianza militar entre sus países.
Podemos prever con claridad que se está operando en la región un reposicionamiento dictado por Estados Unidos que puede llevar a que los países de la región avalen o acepten una intervención militar orquestada por la Casa Blanca con el único efecto de derrocar el gobierno de Maduro en Venezuela.
Por supuesto, descontamos que Uruguay también abandonará todas las gestiones, llevadas a cabo conjuntamente con México y la Comunidad del Caribe, en busca de una salida pacífica para solucionar la crisis que está atravesando el pueblo de Venezuela. Probablemente integremos el coro de naciones que impulsan una solución militar para culminar con este conflicto. No nos caben dudas de que reconoceremos como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, y lamentamos que no hayan sido invitados a participar en la ceremonia del cambio de gobierno las autoridades de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Esperemos que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas trate la condena al bloqueo que ejerce Estados Unidos sobre el pueblo de Cuba se mantenga la coherencia sostenida hasta la fecha, reafirmando esa condena.
Es probable que esté en la agenda del gobierno el estudio del Plan de Paz propuesto por Trump para solucionar el histórico conflicto que se dirime entre palestinos e israelíes, donde no sólo se contempla que Jerusalén sea la capital del Estado de Israel, sino también que se validen las anexiones territoriales llevadas a cabo por los israelíes en Cisjordania. Aspiramos a que el gobierno de Uruguay no apoye dicho plan, que no sea de recibo la recomendación de Pedro Bordaberry de trasladar la embajada uruguaya de Tel Aviv a Jerusalén, y que por ningún motivo se validen las usurpaciones territoriales de Cisjordania por Israel. Creemos que resulta vital para la política exterior de Uruguay el respeto del derecho internacional público, que ha encuadrado el relacionamiento de nuestro país con el resto de la comunidad internacional.
Mercosur: retroceso a una zona de libre comercio
En materia de inserción económica internacional, las declaraciones llevadas a cabo por Lacalle Pou en la apertura del American Business Forum en Punta del Este resultan reveladoras. “Vamos a ponernos en la vía de la que hablaron Jair Bolsonaro y Mauricio Macri de flexibilizar el Mercosur [...] Mercosur y tratados de libre comercio de Uruguay con otros países [...] Uruguay necesita que le suelten el corsé para moverse más libremente y convertirse en una isla de prosperidad, de paz, y muy cosmopolita”. A buen entendedor pocas palabras, dice el refrán. Sin lugar a dudas, la propuesta del presidente apunta a profundizar la apertura comercial del país, basada en el erróneo convencimiento de la existencia del libre comercio, y en la convicción de que tales medidas dinamizarán nuestra economía.
Por la vía de los hechos, en el seno del Mercosur se procederá a la eliminación de la Resolución 32/00 del Consejo Mercado Común, eliminación que implica la disolución de la unión aduanera creada por el Protocolo de Ouro Preto y la eliminación del arancel externo común, lo que significa retroceder hacia una zona de libre comercio.
La experiencia internacional demuestra que tales medidas aperturistas no resultan convenientes para el desarrollo económico del país, determinando que la única exportación viable sean fundamentalmente commodities con escaso agregado de valor. Esta es una realidad que padece la mayor parte de los países de nuestra América Latina; en nuestro caso, más de 75% del valor exportado se trata de materias primas de origen agropecuario. La desarticulación del Mercosur propuesta por el presidente, mediante el mecanismo de la flexibilización, resulta nociva para el futuro desarrollo del país, ya que profundiza el proceso de primarización de la economía.
Más allá de todos los defectos que han sido señalados en lo que respecta al funcionamiento del Mercosur, este sigue siendo el segundo destino de nuestra producción exportable y prácticamente el único al cual se exportan productos con agregado de valor. La transformación del Mercosur en una zona de libre comercio, al ser eliminado el arancel externo común, le quita a nuestra débil y frágil producción industrial uno de los factores que le permiten la exportación a los demás integrantes del acuerdo.
La apertura comercial y la flexibilización del Mercosur implican además que cada uno de sus miembros pueda firmar acuerdos comerciales en forma individual. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, ello puede generar serios inconveniente de los socios con Argentina. El presidente Alberto Fernández manifestó que su país, debido a la necesidad de mantener el desarrollo industrial y la generación de empleo (ante la devastación operada por el gobierno de Mauricio Macri), no está en condiciones de firmar ese acuerdo, ya que implicaría una apertura de la economía que no le resulta posible sostener.
Finalmente, corresponde señalar que la aspiración de flexibilizar el Mercosur se adecua a la postura de Trump, que ha dejado de lado la firma de megaacuerdos internacionales y ha privilegiado los convenios de libre comercio bilaterales en los cuales su país puede ejercer presión a efectos de lograr ventajas derivadas de su potencial económico. No es de extrañar, pues, que haya habido contactos a efectos de que Uruguay y Estados Unidos firmen un tratado de libre comercio.
La política exterior delineada por el gobierno entrante se corresponde con el realineamiento que Estados Unidos está imponiendo a los países de América del Sur. Esta política implica una pérdida de soberanía, así como un retroceso o una interrupción del proceso de integración regional.
Roberto Chiazzaro es licenciado en Relaciones Internacionales, ex diputado, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista del Uruguay.