En Uruguay, a más de 35 años del fin de la dictadura, siguen sin esclarecerse las responsabilidades en muchos crímenes del terrorismo de Estado, y no sabemos dónde están los restos de la mayoría de las personas desaparecidas. Las discusiones sobre este problema pendiente no cesan, y en ellas se reitera, hasta hoy, el triste repertorio discursivo de quienes defienden la impunidad.
Una de sus líneas de argumentación es la llamada “teoría de los dos demonios”: postula una equivalencia inaceptable entre dos bandos violentos, que habrían sido causantes por igual del golpe de Estado, y a los que se propone amnistiar en forma simétrica para pacificar el país.
Ese fue el razonamiento de muchos impulsores de la ley de caducidad, y el ex presidente Julio María Sanguinetti todavía sostiene que aquella norma debe considerarse una amnistía, aunque jurídicamente no lo fue (y tampoco los presos liberados en 1985, después de cumplir condenas en durísimas condiciones, fueron amnistiados).
Ya en los años 90 del siglo pasado, cuando quedó claro que la ley de caducidad no había puesto fin a los reclamos de verdad y justicia, comenzó a circular otra engañifa, que intenta separar las dos demandas. La cuestión de los detenidos desaparecidos es despojada de su significado político y se la reduce a un tema humanitario, de piedad con los familiares. Al mismo tiempo, se insiste sobre la necesidad de clausurar la “vengativa” acción judicial, o incluso, en una miserable tentación mercantil, se insinúa que sería posible conocer la verdad a cambio de una renuncia a la justicia. Los que saben qué pasó no van a hablar –se alega– sin garantías de que quedarán impunes.
A la miserable tentación mercantil de intentar conocer la verdad a cambio de una renuncia a la justicia se le sumaría otro paso atrás: el proyecto de los senadores de Cabildo Abierto de amnistiar a los militares violadores de los derechos humanos.
Esta última manera de abordar el problema, que llegó a tener defensores frenteamplistas, recupera fuerzas con el actual gobierno nacional. El ministro de Defensa, Javier García, y el senador Guido Manini Ríos aseguran que quieren contribuir a la búsqueda de restos de desaparecidos, pero cuestionan los procesamientos de militares por delitos de lesa humanidad cometidos hace décadas. Dicen que quieren verdad y se pronuncian contra la Justicia. Es muy probable que ellos u otros dirigentes oficialistas retomen pronto la idea de canjear esta por aquella.
Los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, ya manejan públicamente la idea de retroceder un paso más, con un proyecto de amnistía para los militares violadores de los derechos humanos. Aún no se atreven a dar detalles, pero una amnistía no sólo implicaría que cesaran los procesos judiciales en curso y quedara bloqueada la posibilidad de iniciar otros, sino que también tendría como consecuencia la liberación de los ya condenados.
Es posible que esta iniciativa, si llega a concretarse, tenga como única finalidad consolidar la influencia del partido de Manini sobre los sectores más derechistas de la sociedad, dentro y fuera de la “familia militar”. Sea como fuere, es un impulso retrógrado, que sitúa el asunto en los mismos términos que estableció la ley de caducidad y que sólo merece, como ella, repudio.