Suele decirse que en Uruguay, después de la derrota electoral de gobiernos progresistas, al igual que en otros países del continente y del mundo, se asiste a una restauración de políticas neoconservadoras y posneoliberales. También es posible encontrar planteos y acciones que apuestan a la posibilidad y la esperanza en la resistencia a ese modelo económico, sociopolítico y cultural.
Cultura y hegemonía
Sin hablar de pedagogía política, las clases dominantes han adoptado la política como práctica pedagógica. Henry Giroux, pedagogo estadounidense, expresa con meridiana claridad lo que ya advertía Antonio Gramsci al decir que las fuerzas conservadoras se han apropiado de su idea de que toda relación de hegemonía es una relación educativa. El concepto de hegemonía permite ampliar el control más allá de la represión, por lo que Gramsci trata de analizar las formas de dominación mediante el concepto de hegemonía cultural. La hegemonía cultural se expresa mediante el entramado del sistema educativo, religiones, partidos políticos, empresarios, el mundo financiero, los medios de comunicación y parte de la sociedad. Se trata de un consenso discursivo desde la visión de los sectores de poder y, generalmente en el gobierno, quienes tratan de imponer la dirección política e ideológica a su favor, llegando a generar cierta anuencia con los sectores populares. Pero ello no penetra en toda la sociedad civil, la cultura, organizaciones sociales y políticas. Por el contrario, habrá sectores que disputarán esa hegemonía dominante y entrarán en conflicto para construir una nueva hegemonía, a la que Gramsci denominará contrahegemonía. Cuando los sectores dirigentes no pueden dar soluciones a los problemas de los colectivos subalternos, comienza a socavarse ese consenso. Es ahí cuando las organizaciones sociales, culturales y políticas en desventaja profundizan las contradicciones con el proyecto hegemónico, en procura de generar condiciones para las transformaciones que les permitan construir un bloque histórico con nuevos intelectuales, que orienten la nueva dirección política e ideológica. Eso es lo que Gramsci denomina prácticas contrahegemónicas, que vayan desarticulando los discursos y prácticas prevalecientes, resquebrajando y haciendo aflorar las contradicciones del bloque hegemónico en el poder. Es el momento en que se da un empuje de la crítica social, cultural y política en pro de una nueva hegemonía, un nuevo consenso a favor de los intereses de los sectores desprotegidos, para lo que se requieren nuevas formas organizativas de resistencia y de nuevos liderazgos.
Michel Apple, otro pedagogo estadounidense, explica que para comprender el pensar de hombres y mujeres pertenecientes a determinado período histórico se debería comenzar por cuestionar lo que aparece como incuestionable. Cuando el sentido común se vuelve indiscutible, es ahí donde deberíamos ponernos a problematizar lo que de tan obvio se vuelve no analizable. Por eso, no es cuestión de desprestigiar el sentido común de la gente trabajadora y/o subocupada, que se identifica con la visión dominante, incorporado como verdad, no por ellos, pero sí reproducidos por ellos. Entonces, parecería necesario deliberar acerca de lo que podríamos rescatar, o a partir de ahí generar la posibilidad de reinventar un nuevo sentido común, en el que la gente se identifique desde el lugar de desposeídos, de ninguneados, de negados en sus derechos.
Cuando vemos juzgar, culpabilizar a la gente de las decisiones que adopta desde cualquier punto de vista, no hacemos más que alejarla del bloque alternativo que se pretende construir, abonando el terreno para que el bloque hegemónico en el poder la convenza de la imposibilidad de adherir a un proyecto con pertenencia social propia.
La gran tarea pendiente, volviendo a Giroux, será crear y recrear una nueva cultura que asuma el compromiso de educadores, dirigentes políticos, movimientos sociales, intelectuales y la academia, en alianza con los sectores políticos que se sientan identificados con un amplio sentido transformador, pero articulando y unificando acciones comunes con los protagonistas del campo popular para la creación de un nuevo sentido común.
En las últimas décadas han ido fermentando distintos movimientos que reivindican diversos derechos. Algunos de ellos se manifiestan en multitudinarias marchas como el 8M, Día Internacional de las Mujeres, la marcha LGTV del mes de setiembre, los movimientos ambientalistas y feministas, la creatividad del movimiento sindical en medio de la pandemia para denunciar el repliegue del Estado frente a las consecuencias sociales de los sectores más desprotegidos, las voces que se alzan contra la desaparición de jóvenes, denuncias de pedófilos que ostentan lugares de poder en la educación, en la cultura, en grandes empresas, así como políticos. Se trata de auténticos sucesos de alto alcance cultural y pedagógico. La inmensa creatividad que demostró muchísima gente el 20 de mayo ante el llamado de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, sembrando margaritas en plazas, casas, parques y calles, nucleándose en diferentes barrios, demuestra que el criterio de posibilidad y esperanza en los cambios está presente en gran parte de la población. La creación de la Intersocial es una forma de mostrar cada vez mayor visibilidad y mayores niveles de articulación.
El bloque dominante niega el sentido político de la pedagogía, al mismo tiempo que levanta el discurso, también político-pedagógico, de la laicidad (expresada intencional y políticamente como neutralidad).
Si bien se sufrió una derrota en el terreno político, esos avances culturales en la recreación de un nuevo sentido común muestran que hay una reserva acumulada y capacidad para enfrentar, en un nuevo contexto histórico, el embate de los estados sometidos al poder de las multinacionales y el capital financiero internacionalizado.
Política y pedagogía
El bloque dominante niega el sentido político de la pedagogía, al mismo tiempo que levanta el discurso, también político-pedagógico, de la laicidad (expresada intencional y políticamente como neutralidad). Carlos Real de Azúa nos ayuda a entender que, generalmente, la apelación y subida de tono sobre la laicidad se da generalmente cuando la sociedad uruguaya experimenta quiebres en sus procesos históricos. No es casualidad que el proceso de ataque a la autonomía universitaria y al sistema educativo en general, que culminó con la aprobación de la Ley 14.101, en 1972, haya constituido un momento en el que las fuerzas dominantes en el gobierno salieron al redil de la laicidad, al decir del intelectual uruguayo. Y no es casualidad que hoy, cuando se plantea a través de la ley de urgente consideración (LUC) un cambio estructural regresivo de las matrices del sistema educativo público, y emerge un movimiento de resistencia de los sectores populares, el bloque hegemónico en el gobierno levante el dedo acusador de violentar la laicidad.
Sin embargo, la tarea no parece sencilla, ya que se enfrentan a una herencia liberal del primer batllismo del siglo XX que logró separar la iglesia del Estado y que colocó al Estado como protector de los más débiles. Las narrativas de resistencia a la dictadura cívico-militar de los 70 y 80, que hoy, sobre todo muchos jóvenes que no vivieron ese período, buscan rescatar, junto a la resistencia a las políticas neoliberales de los 90 y comienzos de los 2000 se unen a ese capital cultural de reserva acumulado.
Si bien hubo períodos de alternancia, el progresismo de los últimos 15 años, más allá de las críticas que se le puedan y deban realizar, volvió a fortalecer algunos de aquellos derechos y los amplió.
Por otro lado, la nueva agenda neoconservadora levanta el discurso patriarcal de la familia heterosexual, blanca y de clase media y alta, la desvalorización de la multidiversidad étnica. Pone bajo sospecha la alimentación universal de los comedores escolares y hasta la comida de las maestras, con una fuerte raigambre en el pensamiento vareliano. Realiza una reinterpretación del relato histórico, impulsa legislación punitiva para enfrentar mediante la represión las movilizaciones que surjan a causa de las consecuencias sociales del incremento de la brecha entre riqueza y pobreza y del recorte de los derechos económico-políticos, sociales y culturales conquistados.
Hoy se suele escuchar que estamos ante relatos en disputa. Siguiendo esta línea, estaríamos ante un nuevo relato neoconservador y posneoliberal. Se quiere imponer una visión de sociedad y de ciudadano/a a través de una nueva estructura organizativa del sistema educativo público, más piramidal y disciplinaria, a través de viejos relatos y discursos mediáticos, a través de concepciones pedagógicas edulcoradas. Y, por otro lado, el cuerpo docente con su relato de un papel más profesionalizante, buscando obtener mayores responsabilidades en los niveles donde se toman las decisiones políticas de la educación. Se observa el gran temor de los sectores dominantes al relato de educadores, educadoras y estudiantes organizados, que llega incluso a la censura si ven amenazados los intereses que quieren imponer mediante sus acciones.
La pedagogía, como práctica política y ética, es fundamental en la conformación de los variados aspectos de la vida cotidiana.
Entre lo público y lo privado
No es nuevo que el valor y el papel de lo público entren en tensión con el valor y el papel de lo privado. Aprobada la LUC, hábilmente presentada en medio de una pandemia, lo que implicó menor movilización de los sectores afectados, nos encontramos ante una arremetida al valor de lo público estatal en educación, salud, vivienda, en las empresas estatales, en las políticas sociales. En gran parte de los países que han privatizado dichas empresas, la pandemia de covid-19 ha puesto en tela de juicio esas decisiones políticas. A contrapelo, en Uruguay, en medio de esa misma pandemia, se introduce en el Parlamento nacional una ley de urgente consideración que busca privatizar y mercantilizar importantes áreas del Estado.
El herrerismo, nuevamente en el gobierno, parece retomar, en otro contexto, los criterios del Consenso de Washington que lo orientaron entre 1990 y 1995.
Emerge el relato de que lo privado también es público y entonces, por qué no llevar las instituciones privadas a los ámbitos donde se deciden las políticas educativas o a la intervención en las propias instituciones educativas públicas. Ello facilitaría la apertura de las puertas del ámbito público a un proyecto gerencialista más propio del ámbito empresarial privado. Pero, además, estamos frente a un fenómeno que, si bien es común en otros países, no lo es en el nuestro. Se trata de la autonomía del ente autónomo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), consagrada en el artículo 202 de la Constitución. Pareciera desconocerse esa potestad constitucional, y se lleva todo el poder y se centralizan las decisiones en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), promoviendo un funcionamiento jerárquico, disciplinador y de control. Por otro lado, se apela a dar “poder de decisión” a los centros educativos bajo el discurso de la autonomía de centros. Aquí, los directores tendrían un papel protagónico a la hora de decidir sobre su cuerpo docente, su evaluación y permanencia o no de acuerdo al grado de adhesión a los proyectos que emanen del Poder Ejecutivo y de la ANEP.
El caso de la formación de educadores y los cambios en el sistema de becas para los estudiantes de esa área es un terreno en donde, con el transcurso del tiempo, se podrá visualizar con mayor claridad la disputa entre lo público y lo privado. De aquí en más, la privatización, fragmentación y mercantilización en la educación será un terreno propicio para analizar los relatos en disputa.
La LUC abre la peligrosa potestad de formar educadores que sólo puedan acceder a una formación terciaria no universitaria en el Consejo de Formación en Educación y educadores que puedan obtener becas y cumplir con las metas establecidas en el Programa de Fortalecimiento dependiente del MEC para obtener un título universitario que seguramente entregarán universidades privadas, o que los estudiantes hagan el esfuerzo de obtener préstamos para acceder a los títulos universitarios privados. Se instala la sospecha de que subyacen intereses económicos de las universidades privadas que pretenden ser subsidiadas por el Estado por medio de becas y en forma encubierta por medio de préstamos bancarios. Es muy probable que el carácter universitario de los educadores quede librado a un sistema desigual y competitivo. En el caso de que se profundice la oferta privada de la formación de educadores, se generarán cada vez más circuitos de formación que recorran únicamente el ámbito privado, lo que ahondará aún más la brecha educativa de nuestro país.
Este proyecto intenta invisibilizar y contrarrestar el relato que venía ganando cada vez más adeptos en cuanto a plantear una política de Estado que apuntara a la creación de una Universidad de Educación, autónoma, pública, cogobernada, gratuita e integradora, que garantizara a todos y todas las posibilidades y las condiciones de igualdad para obtener un título universitario de carácter público y gratuito.
Frente al embate privatizador de las empresas público-estatales habría que indagar en el imaginario colectivo qué fuerza mantienen el espíritu de José Batlle y Ordóñez, quien manifestaba que si dejábamos las empresas públicas bajo control privado, la única desfavorecida sería la población más indefensa, y también los avances de la era progresista en la conquista de nuevos derechos, como continuación del legado batllista junto a ciertos aspectos socialdemócratas.
Por un lado, surge la hegemonía del relato del herrero-ruralismo, para el cual el capital se acumula en lo privado y no en lo público, unido a un individualismo a ultranza, al estilo de la década de los 90, disimulado con un lenguaje diferente y en otro contexto histórico regional y mundial.
Por otro lado, los sectores contrahegemónicos hacen esfuerzos por crear espacios de deliberación para analizar si ese capital cultural de que las empresas del Estado pertenecen a toda la sociedad se conserva, junto con otros preceptos conceptuales progresistas, guardado en algún rinconcito de cada uruguayo, que sea capaz de dar batalla y asumir los innegables conflictos en las disputas que se darán, para volver a salir al ruedo en su defensa.
Gladys Rodríguez Jourdan es docente y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República.