Con el comienzo del nuevo año, todo hace suponer que los problemas que deberá afrontar la mayoría de la población se profundizarán. Los contagios por covid-19 siguen en aumento, los seguros de paro siguen subiendo también, los cierres de empresas son parte de lo cotidiano (el Instituto Nacional de Estadística estimó que hay 200.000 desocupados), la temporada estival no será como la de otros años, además de que la sequía avanza por diferentes zonas del país. Pero recalcamos que es para la mayoría de la población (trabajadores, desempleados, pequeños productores rurales, empresas unipersonales), porque no toda la población está padeciendo las consecuencias de lo que antes decíamos.
Y un elemento más importante: existe una decisión política de la coalición de gobierno de apoyar a los grandes empresarios y a las empresas de gran porte abandonando a los más necesitados a su suerte. Esta aclaración pretende colocar en el centro la cuestión de la política como hecho de particular importancia en una crisis como la que estamos viviendo a escala regional y mundial.
El aumento de las tarifas de UTE, OSE, Antel y de los combustibles impactará en esas mayorías que verán cómo sus ingresos (los que puedan tenerlos) serán cada vez menores frente al aumento de los precios. Seguramente las ollas populares deberán dar cada vez más alimentos a esos miles que no tendrán otra opción para comer. Y el invierno será largo. ¿No deberían prever esta situación quienes dirigen la sociedad?
Cuando una persona llega a tener dificultades para alimentarse, hay otras necesidades que van quedando relegadas. En el “Informe general de la salud del doctor Simon”, citado por Karl Marx en El capital (Libro I, Tomo III), ya se advertía que la alimentación insuficiente genera peligros sanitarios y produce o agudiza enfermedades. Actualmente, miles de uruguayos ni siquiera logran acceder al alimento; imaginemos cómo será mantener una vivienda en condiciones para que un virus no se propague (teniendo en cuenta los precios de los artículos de limpieza).
El retroceso que implicarán las nuevas políticas, además de tener consecuencias materiales nefastas, puede ahondar en la consigna ideológica central de nuestra época: la desideologización y la despolitización.
La actual crisis ya ha llevado a que en nuestra región miles de personas hayan caído en la pobreza, en ocasiones quedando al margen de los espacios de socialización, pues su preocupación es cómo alimentarse día a día. Recordemos que en nuestro país la educación y varios centros de atención a la primera infancia han sufrido recortes presupuestales (aunque las autoridades lo nieguen una y otra vez por los medios de comunicación), lo cual seguramente hará aumentar la desvinculación de niños y jóvenes o que estos tengan menos posibilidades de desarrollarse como seres humanos plenos.
El retroceso que implicarán las nuevas políticas, además de tener consecuencias materiales nefastas como decíamos líneas arriba, puede ahondar en la “consigna ideológica central de nuestra época: la desideologización y la despolitización” (Infranca, 2012: La alienación en la ontología del ser social). Todo es gestión, nada es política. Hoy en nuestro país estamos viendo cómo desde el gobierno se responsabiliza a los ciudadanos por los aumentos de los contagios, pero no se toman medidas económicas para evitar la exposición a dichos contagios. Queda demostrado en la actual decisión de aumentar el tiempo de apertura de los restaurantes. El gobierno se saca la responsabilidad de tomar decisiones y de esa forma despolitiza el tema.
Si la mayoría de la sociedad no logra percibir este truco o no logra cuestionarlo, triunfará y se reafirmará el conservadurismo. En varias ocasiones el actual presidente se ha presentado como gestor, y especialmente se exhibe como el representante que está por encima de todos los políticos.
La despolitización no es un fenómeno novedoso, es un proceso que se fue dando a lo largo de la historia reciente de Uruguay y en el que no nos detendremos en detalle. Pero sí queremos decir que si hoy gobierna una coalición en la que tienen un poder de decisión el herrerismo (el ala wilsonista es una anécdota del pasado), el sanguinettismo (el sector Ciudadanos, con la renuncia de Ernesto Talvi, quedó a la deriva) y un partido integrado centralmente por ex militares de altos grados, es porque la politización de la sociedad no fue un elemento trabajado por quienes pretendían cambiar el Uruguay. O se olvidó el trabajo en los barrios, tanto en el área metropolitana como en los demás departamentos. Habrá que pensar y estudiar los motivos que llevan a que el país esté dividido electoralmente, pero también ahondar en los motivos que llevaron a que el consenso conservador se expandiera antes que lo electoral (pensemos en lo rápido que se alcanzaron las firmas para el referéndum “Vivir sin miedo”).
Lo más preocupante es que –a nuestro entender– esta despolitización y la caída de miles en la desesperanza lleva a esas personas a la impotencia y muchas veces al aislamiento social, lo que implica pérdida de autonomía, ganando así la idea del sálvese quien pueda y como pueda. También puede suceder que estos sectores comiencen a asistir –por necesidad de supervivencia, luego de haber vivido situaciones traumáticas variadas, y porque allí encuentran un sentido para su vida– a instituciones religiosas que se benefician de esta realidad para obtener fieles. La gran mayoría de dichas instituciones tienen posiciones políticas conservadoras (de hecho, el Partido Nacional tiene en su bancada representantes de algunas de estas iglesias).
De esta manera queda sepultada la idea de un proyecto de sociedad distinto, en donde no existan las diferencias sociales que vemos en la actualidad, pues hoy la mayoría de las instituciones religiosas son conservadoras y están supeditadas a la religión de mercado.
El proyecto de capitalismo actual deja a cientos de miles como población sobrante, colocándolos (de manera objetiva) para ser parte de la carne de cañón y para ser reclutados por las redes de delitos. Dichas redes “incorporan [a] jovencitos casi niños, que las bandas emplean aprovechando su precariedad económica y cultural, su condición de expulsados del sistema”, como advierte Pilar Calveiro en Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Es la vieja ley que dice: todo puede ser usado, comprado y vendido. En el sistema vigente todo es una mercancía y todo puede ser utilizado para acumular ganancias. ¿No quedarán jóvenes o niños a merced de estas bandas en los años venideros por las consecuencias de la actual crisis? ¿Qué vamos a hacer como sociedad para evitar estas situaciones?
Estos procesos refuerzan las lógicas conservadoras plasmadas en la ley de urgente consideración (LUC) y reproducidas por los medios de comunicación, legitimando los discursos belicistas de guerra contra la delincuencia (y hoy contra los que no respetan las medidas sanitarias, dependiendo de dónde y quiénes generen estas faltas).
Como afirma Calveiro, el proyecto conservador se verá consolidado si no se logra cuestionar y construir una subjetividad que implique un rechazo “a la lógica predominante de hacer dinero de manera irrestricta e ilimitada [y que] para alcanzarlo” es posible hacer cualquier cosa, pues “todo vale”.
El freno se hará efectivo si se logra gestar en la sociedad la autoconciencia de enfrentar este proceso conservador para construir y proyectar otro futuro, en donde lo que interese no sea solamente la meta fiscal y los equilibrios macroeconómicos, sino que lo que esté en el centro sea el ser humano. Para ello parece imprescindible la politización de todos los aspectos de la sociedad.
Héctor Altamirano es docente de Historia.