No es frecuente que un traslado en la Fiscalía General de la Nación tenga trascendencia social. En Uruguay sólo ha ocurrido cuando estaban en juego cuestiones de alta sensibilidad para la ciudadanía. El jueves tuvo este tipo de repercusión el anuncio de que la fiscal Darviña Viera no seguirá al frente de la Operación Océano.
Es un indicador de la relevancia que ha adquirido esa investigación que involucra a decenas de varones, muchos de ellos poderosos, por la explotación sexual de víctimas adolescentes. Mucha gente ve a Viera como la persona que hizo posible un desafío profundo a lo establecido, y ahora surgen dudas y especulaciones sobre su traslado y el futuro del proceso.
No se ven motivos para cuestionar una cosa ni la otra tras las declaraciones del fiscal de Corte, Juan Gómez, quien explicó que el relevo se debe a motivos de salud y que se dispuso para preservar, simultáneamente, a una funcionaria valiosa y el avance de la operación. Además, aunque el mérito personal de Viera es indiscutible, el asunto es más complejo.
Las relaciones sociales de poder generan resistencias que se expresan de muchas formas y se articulan entre sí. Surgen portavoces, los debates se politizan y las leyes cambian. El cumplimiento cabal de las nuevas normas depende mucho de quienes trabajan en el Estado, y en ese ámbito se destacan equipos especialmente comprometidos. Equipos que tienen, a su vez, portavoces y liderazgos.
Nada de esto es lineal o rápido. Hay avances, retrocesos, estancamientos y momentos cruciales. Cada acontecimiento incide sobre las relaciones de poder cuestionadas, debilita o refuerza su arraigo cultural, abre o cierra el paso a la idea de que no son naturales, necesarias ni aceptables.
Este es el marco de la Operación Océano. Existían las normas y había una acumulación de conciencia social, pero fue necesario que la Fiscalía, cuya intervención incluye un destacado papel de la Unidad de Víctimas y Testigos, se plantara con firmeza e iniciara un proceso inédito liderado por Viera.
Los investigados cuentan con defensores y publicistas de alto nivel. Juega a su favor la fuerte persistencia de prejuicios machistas y patriarcales, tanto en la gente común como en comunicadores, políticos y magistrados. Se ha intentado trasladar culpas a las víctimas, a sus familias, a los sitios de citas, a detalles técnicos del proceso o a la fiscal.
La tarea es dura, tiene una enorme complejidad y está lejos de terminar. Trae consigo un gran desgaste, porque la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género está integrada por pocas personas y maneja cientos de investigaciones, sobre la amplia gama de delitos que su nombre indica.
El desenlace judicial de este proceso casi fundacional será muy relevante, pero no es lo único que importa. Hay una oportunidad para el avance como sociedad, con cambios culturales que abarquen desde lo individual a lo institucional. A la fiscal Viera le debemos mucho, pero lo que está en juego no depende, ni debe depender, de una sola funcionaria valiente. Tenemos por delante una tarea colectiva.