Sobre la LUC, la Policía y la sociedad

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El vínculo que se establezca entre la sociedad y la Policía constituye un elemento central en la construcción de convivencia. Pero además es vital en el combate a la delincuencia y en la generación de un clima de tranquilidad que fortalezca el sentimiento de seguridad de la gente. La ley de urgente consideración (LUC) muestra uno de sus principales defectos en el tipo de relación que genera entre la Policía y la sociedad.

Desde aquí se entiende que hablar de convivencia es hacer referencia a la buena convivencia y que lo opuesto a la inseguridad no es precisamente la seguridad, sino la buena convivencia.

En niveles abstractos, teóricos, se habla de que la institucionalización de los niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, sumada al aumento de las oportunidades laborales en el mercado formal y a la reducción de la desigualdad en el acceso a la salud y la educación, genera una tendencia de disminución de la delincuencia y el crimen.¹

Uruguay enfrenta un problema complejo en términos de convivencia interna –a lo que habitualmente se le dice “seguridad”– y ese asunto se vuelve más complicado aún cuando se observa que durante los últimos 15 años (gobiernos del Frente Amplio) la institucionalización escolar y el empleo aumentaron de manera constante: aunque se redujeron la pobreza y la desigualdad en las áreas mencionadas, los delitos y el sentimiento de inseguridad aumentaron. Quizá, luego de la gestión de este gobierno, se observe que, aun sin lograr resolver el problema, el Frente Amplio desaceleró el proceso estructural de la delincuencia fundamentalmente explicado por las desigualdades y la pobreza.

Durante la campaña electoral de 2019, quienes tenían una mirada cabal sobre la cuestión y ajena a los dogmatismos planteaban un proceso de tres tiempos. En el corto plazo, romper los circuitos del delito, cortar círculos viciosos en que se juntan necesidad y oportunidad (pobreza, por un lado, y un sistema proveedor de dinero rápido auspiciado por el crimen organizado, por otro). En el mediano plazo, una política de rehabilitación efectiva por medio de la educación y el trabajo durante el cumplimento de las penas, acompañada por una apertura efectiva y real de oportunidades de reinserción social. En el largo plazo, una profundización de la redistribución de la riqueza y de la reducción de la desigualdad para combatir las causas estructurales de la delincuencia. Por otro lado, había dos visiones dogmáticas: una vinculada a la no represión y la otra a la represión feroz. Ganó esta última.

El gobierno actual instaló una política rígida, de garrote y mano dura, para vincular a la Policía con la sociedad y sobre todo con quienes más la necesitan, que son quienes viven en los barrios más complicados por la delincuencia. A esa política el gobierno le atribuye un éxito en la supuesta baja de algunos delitos, lo que resulta al menos dudoso. Porque la disminución en los registros delictivos parece deberse principalmente a la reducción de la movilidad por la pandemia (bajaron los delitos en la región y en el mundo) y a la modificación en la forma de tomar las denuncias (hay varias notas de la prensa nacional e internacional que dan cuenta de esto).²

La gestión de este gobierno afecta directamente las posibilidades presentes y futuras de solucionar el problema de la inseguridad, ya que reduce el presupuesto de la educación pública, debilitando a la única institución que contiene y aleja a los niños y jóvenes del delito. A su vez, en la economía apuesta a las empresas grandes, que en proporción son las menos generadoras de empleo en comparación con las micro, pequeñas y medianas empresas, achicando las posibilidades de los jóvenes más vulnerables de encontrar trabajo “legal”. Por si fuera poco, también redujo la contención social de otras agencias del Estado, alimentando los caldos de cultivo primero del crimen individual y luego del crimen organizado.

Solucionar la inseguridad de la gente parece tener más que ver con construir convivencia ciudadana que con aplicar políticas de “seguridad interna”. Un aspecto a tener en cuenta es el proceso de segregación social que se da a partir de la distribución territorial fundamentalmente de las ciudades. La dinámica del mercado ha desplazado a los pobres a zonas donde los terrenos y las casas son más “baratos”, lugares donde el Estado tenía poca presencia y no logra aumentarla. En esos espacios se generan lógicas contestatarias del orden legal y se abre espacio al desarrollo de actividades delictivas y a organizaciones criminales. La población que reside allí queda cautiva de esas dinámicas y se produce un deterioro constante y progresivo del capital social, la integración y las oportunidades.³

Como se ha dicho, las gestiones del Frente Amplio no lograron dar solución a estos problemas, pero esta administración los está empeorando y está aumentando las condiciones para el desarrollo de la delincuencia y el crimen organizado, lo que prolongaría el problema por décadas.

La rehabilitación y la reducción de las desigualdades combaten la microdelincuencia. La Policía y la ley deberían dedicarse a combatir el crimen grande, pesado; para eso el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza a su disposición. Si las herramientas se utilizan mal, se desgastan y los problemas no se resuelven. Este gobierno ha degradado a la Policía y la ha puesto a garrotear a los chicos. Incluso ha detenido el proceso de profesionalización iniciado en los gobiernos del Frente Amplio.

La LUC es el instrumento legal que ampara un modelo basado en el garrote y en el peor empoderamiento de los uniformados. Una estrategia vieja, ya aplicada y que cuenta con clara evidencia de que es equivocada. Los países que han logrado solucionar o achicar este problema combinan mejoras en el acceso a salud, educación y trabajo, políticas de rehabilitación y una Policía profesional, preparada, que trabaja con cercanía y de forma colaborativa con la población y no siendo generadora de conflictos y abusos de autoridad.

La derogación de los 135 artículos de la LUC aparece como la oportunidad de pisar el freno. No se podrá cambiar la distribución presupuestal ni el desamparo deliberado que el gobierno decidió darles a los pobres. Pero se puede detener el proceso de enfrentamiento y enemistad entre la sociedad y la Policía.

La LUC refuerza el estigma que pesa sobre el funcionariado policial y la institución, dañando el reconocimiento a su labor. A su vez, esta forma de relacionamiento confirma el desprecio que perciben los pobres y los jóvenes de parte de la Policía. Uruguay necesita una Policía amigada con la gente, porque el combate al crimen requiere la colaboración y el apoyo ciudadano. Además, el cuidado sólo puede darse en vínculos de confianza.

La convivencia en sociedad es un equilibrio delicado que se rompe con facilidad y se reconstruye con mucho tiempo y esfuerzo. Es una de esas áreas que un sistema político maduro debería establecer como política de Estado, en lugar de utilizarla para la carroña electoral. La desigualdad en un sistema que le hace creer a la gente que todos son iguales genera una contradicción que inevitablemente erosiona la convivencia. Los vínculos atravesados por la violencia y el palo no construyen nada bueno, y eso es lo que ampara, habilita e incentiva la LUC.

Juan Andrés Erosa es militante de Rumbo de Izquierda y estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.