En pocos días se estará cumpliendo un año de gestión del gobierno multicolor. Un año signado por efectos de la pandemia, sí, pero también caracterizado por una creciente ola de violencia generalizada. A juzgar por la propia gestión del gobierno en materia de seguridad, lamentablemente todo parece indicar que los ciudadanos de este país tendremos que seguir acostumbrándonos a vivir en una sociedad violenta.
La complicada situación socioeconómica devenida de la pandemia y también de la aplicación de políticas de recortes y ajustes del gobierno de Luis Lacalle Pou ha llevado a más de 100.000 uruguayos a caer por debajo de la línea de pobreza desde abril de 2020 a la fecha.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Uruguay ha sido uno de los países que menores esfuerzos han hecho para evitar el crecimiento de la pobreza extrema a raíz de la aparición del coronavirus: invirtió solamente 0,7% del PIB en las poblaciones más vulnerables.
El gobierno está siendo omiso ante los tiempos violentos que corren, y no sólo eso: también legitima la violencia, amparado en el caballito de batalla de su gestión, la ley de urgente consideración (LUC), que plantea en varios ámbitos la restricción a las libertades y derechos de la ciudadanía y otorga carta libre a la actuación policial.
No es casualidad que desde el comienzo mismo del período, día a día asistamos a tristes episodios como los ocurridos días atrás en Malvín Norte, donde tres mujeres resultaron heridas por disparos de armas con munición no letal a manos de agentes policiales. No es el primer caso de abuso policial; otros tantos han sido denunciados ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Tampoco es mera casualidad que hayan aparecido grupos de jóvenes que atacan con bates de béisbol a personas en situación de calle, ni las agresiones a peones rurales (una en Bella Unión y otra en Sarandí Grande) o los ataques a comités de base del Frente Amplio y/o sus militantes, como la brutal agresión sufrida por un hombre en Salto durante la campaña hacia las elecciones departamentales de setiembre.
¿Cómo se puede explicar tantos inusitados hechos de violencia en nuestro país, cuando en los últimos 15 años hemos sido destacados en el mundo por la calidad democrática? Hay varios informes que han posicionado positivamente a nuestro país en este sentido. Entre los más recientes, se encuentra el índice de democracia establecido por The Economist Intelligence Unit, que en 2019 ubicó a Uruguay como el país con la democracia plena más avanzada de América Latina y en el lugar 15 del mundo.
Qué peligroso es cuando se lleva adelante una campaña apostando a denostar al contrincante sin generar propuestas para gobernar. Tan peligroso como ser gobierno y seguir con la misma estrategia.
El índice calificó con 10 puntos (el máximo) al proceso electoral y el pluralismo de Uruguay, mientras que le dio 9,71 puntos en el rubro que evalúa el desarrollo de las libertades civiles, 8,57 puntos al funcionamiento del gobierno, 7,50 puntos a la cultura política y 6,11 puntos a la participación política. En dicha oportunidad, los autores del informe señalaron que Uruguay mejoró su calidad democrática sin interrupciones desde 2006, cuando fue puntuado por la revista internacional con 8,6 puntos. Desde que dio inicio el gobierno multicolor asistimos a una involución en este aspecto.
Ante esta nueva realidad de violencia creciente, también debemos tener en cuenta otras cuestiones que bien pueden ser catalogadas como factores que alientan estos inusitados episodios. Tiene que ver con el rol de firme oposición (y denostación) a todo esfuerzo de izquierda que han desarrollado algunos de los principales medios de prensa de derecha en nuestro país. Un papel que han tomado conscientes de la influencia que ejercen a la hora de marcar la agenda y generar sensación térmica en la sociedad.
En 2015, a poco de iniciarse el tercer período de gobierno nacional frenteamplista, un editorial de El País alertaba sobre el nacimiento de una grieta que dividiría a la sociedad uruguaya. Raro, en un país que durante la era progresista consolidó su calidad democrática. Sin embargo, muchos dirigentes políticos que entonces fueron oposición y hoy son gobierno, adoptaron precisamente la estrategia y el discurso de la grieta como forma de hacer política. En el camino hacia la elección nacional de 2019, sus propuestas de campaña quedaron reducidas a la mera acción de criticar de forma persistente cada medida del por entonces gobierno frenteamplista.
Qué peligroso es cuando se lleva adelante una campaña apostando a denostar al contrincante sin generar propuestas para gobernar. Tan peligroso como ser gobierno y seguir con la misma estrategia.
Este gobierno nuclea también a un partido integrado por militares y nostálgicos de las botas, cuyo líder lleva adelante una campaña sistemática para degradar al Poder Judicial. Así se allana el camino para los discursos radicales que pueden conducir (como hoy lamentablemente estamos viendo) a una espiral de violencia en la sociedad. Expresiones de odio que día a día se fomentan por las redes sociales.
Uruguay sigue siendo un país con una sociedad de esencia democrática y así deseamos que siga siendo. Para ello, es necesario que los actores políticos que hoy son gobierno y algunos medios de prensa abandonen la táctica de la grieta. Que no se pierda el país pacífico que se consolidó en las últimas décadas y que ha sido referencia a nivel mundial por su estabilidad democrática.
Juan Andrés Pardo fue coordinador de Turismo de la Intendencia de Paysandú (2015-2020).