A pocos días de haber culminado la primera etapa, con la entrega de cerca de 800.000 firmas para habilitar un referéndum con intención derogatoria de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), varias reacciones se hicieron públicas y otros tantos analistas examinaron el hecho político más relevante desde el inicio del gobierno de coalición derechista. Las reacciones del oficialismo no sorprenden, sobre todo porque no esperaban un resultado tan contundente. Una primera idea que quiero subrayar es la siguiente: la eficaz articulación y conjunción de las fuerzas sociales y políticas logró una “hazaña” con el viento en contra, la mayoría de los medios de comunicación masiva en el mejor de los casos indiferentes, el gobierno colocando trabas (negando la cadena nacional, negando el corrimiento de los plazos de entrega de firmas) y en el marco de una pandemia. Desde mi perspectiva, esta es una lección concluyente. Toda vez que la izquierda social y la izquierda política se han propuesto una estrategia determinada en dirección a defender derechos, logros sociales o procurar avances políticos, han obtenido –casi siempre– muy buenos resultados.
Una segunda idea tiene que ver con otro ángulo de la relación entre los movimientos sociales y el Frente Amplio: el PIT-CNT ha “traccionado” fuertemente el proceso de recolección de firmas, por supuesto, junto con otros actores sociales, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Intersocial Feminista y varias organizaciones sociales más. La capacidad de convocatoria y movilización de los movimientos sociales guarda estrecha relación con su grado de legitimidad y credibilidad que, por otra parte, las encuestas de opinión pública no logran expresar. Asimismo, las estructuras organizativas de la izquierda política han demostrado, una vez más, contar con reservas muy significativas a la hora de movilizar a los miles de militantes a lo largo y ancho de todo el país. En todo caso, se trata de un gran triunfo de los militantes sociales y políticos, sin dejar de reconocer el papel y el formidable desempeño que tuvieron algunos dirigentes sociales y políticos.
La eficaz articulación y conjunción de las fuerzas sociales y políticas logró una “hazaña” con el viento en contra, la mayoría de los medios de comunicación masiva en el mejor de los casos indiferentes.
Una tercera idea se refiere a la decisión de algunas agrupaciones departamentales del Partido Colorado y del Partido Nacional, que genuina y efectivamente aportaron al ensanchamiento de la convocatoria. Si bien el peso cuantitativo tal vez no fue decisivo, su significado cualitativo simbólico es muy relevante, en la medida en que refleja la postura de corrientes –aunque minoritarias– aún presentes en los dos partidos tradicionales, que defienden la democracia directa y participativa de toda la ciudadanía.
Una cuarta idea refiere al escenario político resultante. En este sentido, se generó un hecho político de enorme impacto en tanto obliga al oficialismo a dar explicaciones y argumentar a favor de la LUC. Coincido con el analista Óscar Bottinelli en cuanto a que el actual gobierno se encuentra ahora en posición defensiva y exigido a modificar su agenda pública, lo que conducirá a un viraje sustancial del eje del debate a nivel nacional. Por otra parte, los “tiempos de gracia” o el crédito inicial adjudicados al oficialismo parecen agotarse.
Una quinta idea apunta a la etapa posterior a la validación de las firmas, etapa que ofrecerá otra oportunidad para explicar con más detalle y profundidad los alcances de los artículos más regresivos. Reconociendo las dificultades reales que la propia cantidad de artículos representa, el esfuerzo de difusión, argumentación y convencimiento de la ciudadanía se incrementará notablemente. El contexto económico y social es condicionante, pero no suficiente. La actitud de diálogo y respeto será, como lo fue, esencial para llegar a la meta en 2022. Asimismo, aquella complejidad señalada contiene aristas que facilitan la identificación y exposición de las razones para eliminar los 135 artículos del actual marco normativo. Se trata nada menos que una de las leyes que exhiben con relativa transparencia la propia cosmovisión de la derecha uruguaya en toda su amplitud. La derecha y los operadores mediáticos se apresuran ya a vaticinar los resultados, con encuestas hechas de apuro o, mejor dicho, con la misma urgencia que la propia ley. Será nuevamente la ciudadanía la que se habrá de expresar –por votación directa– para frenar el proyecto conservador y regresivo.
Christian Mirza es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2010.