En este noviembre, organizaciones sociales y sectores académicos comprometidos con la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes hacemos un llamado al sistema político, autoridades de gobierno y comunidad toda a ponernos a la altura.
Hace ya demasiado tiempo que el sector de la población más afectado por la pobreza, por las violencias, por las dificultades sociales en Uruguay es el de las infancias y las adolescencias.
La afectación de las condiciones de desarrollo y crecimiento de nuestras generaciones más jóvenes determina tanto el presente como el futuro de nuestra sociedad en su conjunto.
Cada 20 de noviembre se conmemora en el mundo la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: un acuerdo internacional que les reconoció la calidad de ciudadanos, estableció un conjunto de derechos para este sector de la población y determinó la obligación del Estado, la familia y la comunidad en garantizarlos.
Uruguay ratificó en 1990 este tratado y asumió así el compromiso de garantizar todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, 32 años después, no hemos logrado como sociedad asegurar un piso básico de bienestar para los nuevos que llegan.
La pobreza golpea especialmente a niños, niñas y adolescentes. En el año 2020 una quinta parte de los niños menores de tres años (21,4%) y 20,8% de los niños de cuatro a ocho años vivía en situación de pobreza. La grave situación social, sanitaria y económica que transita nuestro país desde marzo de 2020 multiplica y complejiza aún más esta situación. La pandemia afectó de manera grave el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con efectos de prolongada duración y larga reversión.
Según el Primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave alcanza a 21,5% en los hogares con menores de seis años, mientras que la inseguridad alimentaria grave alcanza a 3,8%.
Es decir, de cada 1.000 hogares con niños menores de seis años, 215 experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave; entre ellos, 38 experimentan inseguridad alimentaria grave.
Distintas formas de violencias afectan con crudeza la vida cotidiana de las infancias y adolescencias. Las cifras oficiales sobre maltrato y castigo físico dentro del hogar hacia niños, niñas y adolescentes, sobre violencia sexual, sobre explotación sexual y trata, sobre violencia institucional, muertes violentas (homicidios) y suicidios, nos golpean en la cara y nos llaman a decir un gran basta a esta forma de convivencia, tan hostil para con nuestros conciudadanos más jóvenes.
Junto con la protección contra la vulneración de derechos básicos, consideramos también fundamental garantizar condiciones para un pleno desarrollo y una plena participación de las infancias y adolescencias en la vida social y cultural del país: escuchar y atender su voz, disponer de espacios en nuestras ciudades y territorios para su expresión y circulación, garantizar su acceso a la cultura y las artes, asegurar su derecho a la educación, a la asociación, al esparcimiento.
Es hora de ponernos a la altura. Es preciso establecer un gran acuerdo nacional a favor de las infancias y las adolescencias, en el que participe el sistema político todo, el gobierno, la academia, las familias, la sociedad toda, los niños, niñas y adolescentes.
No podremos resolver los temas claves de desarrollo cultural, social, político y económico de Uruguay si no generamos unas condiciones básicas de desarrollo de su gente desde el inicio de la vida.
Por eso, invitamos en este noviembre a reflexionar sobre ello, y a disponernos a crear el Uruguay del futuro, fundando los cimientos de un mejor presente para todos y todas los y las niñas que nacen y crecen en Uruguay.
No podremos resolver los temas clave de desarrollo cultural, social, político y económico de Uruguay si no generamos unas condiciones básicas de desarrollo de su gente desde el inicio de la vida.
Algunos ejes claves de la agenda “Prioridad Infancia y Adolescencia”
1. Sobre un sistema de promoción y protección integral
Como indica el documento “Uruguay 2020: 10 puntos para establecer la infancia como prioridad” en nuestro país, es necesario avanzar hacia la construcción de un Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las políticas públicas destinadas a niñez y adolescencias siguen teniendo fuertes dificultades de coordinación e interrelación, tanto a nivel nacional como departamental y local. La vida de los niños y adolescentes es una y más que la suma de respuestas y servicios. La necesaria integralidad se ve afectada. Para avanzar hacia un sistema de promoción y protección de niñez y adolescencias es necesario establecer mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y niñas, y reparar el daño ante la vulneración de los mismos”. (Cepal, 2013: 12). Se requiere una interinstitucionalidad con la máxima jerarquización política que asegure prioridad política, económica, integralidad y pertinencia programática.
2. Sobre un presupuesto nacional con perspectiva de niñez y adolescencia
El formato de nuestras políticas públicas no permite dar cuenta del presupuesto efectivamente destinado a niñez y adolescencia, dificultando de esta manera planificar políticas de Estado capaces de cubrir las necesidades reales en términos de garantía de derechos. Por esto entendemos que es necesario una distribución estratégica del presupuesto nacional con perspectiva de infancia. En la medida en que se garantiza la existencia de un Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral, el ámbito institucional de rectoría debe velar por la adecuación y articulación de los recursos económicos destinados globalmente a la infancia y su correspondiente distribución entre los subsistemas.
3. Sobre la corresponsabilidad
Hoy, muchas familias no cuentan con recursos económicos, culturales, sociales o educativos suficientes para poder asumir plenamente la protección y la crianza de sus hijos/as. El aumento del desempleo, el estancamiento de las políticas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), el cuestionamiento a las transferencias económicas, la saturación de los sistemas de salud, las propuestas socioeducativas insuficientes agravan esta situación que afecta a la población infantil, y especialmente a las mujeres con hijos/as a cargo. Sostener y profundizar acciones de corresponsabilidad social entre Estado, familias, comunidad y mundo laboral debe ser parte de la ética inherente a las políticas estatales para garantizar educación y cuidados de calidad.
Niños y niñas tienen derecho a vivir con su familia y a ser cuidados por esta, y el Estado, el deber de garantizar los apoyos necesarios para que puedan cumplir cabalmente su rol, generando mejores condiciones de vida y fortaleciendo sus capacidades de crianza.
Observamos con preocupación que la mayor parte de las políticas públicas se construyen desde una mirada adultocéntrica, invisibilizando las dificultades que afectan la vida cotidiana de la niñez y adolescencia uruguayas, lo que ocasiona fragmentación, postergación o ausencia de respuestas adecuadas, manteniendo gran distancia entre los propósitos enunciados y las circunstancias reales de crianza, nutrición, desarrollo, cuidados y educación de gran parte de la población infantil.
4. Sobre la participación de niñas, niños y adolescentes
Todos los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos de nuestro país. Por este motivo, es necesario diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Participación Infantil y Adolescente que promueva la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en el diseño, monitoreo y evaluación de las diferentes políticas públicas del país, garantizando que su voz sea escuchada en las diferentes agencias y niveles de gobierno. Dichas solicitudes se basan en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las observaciones generales 5 y 12 del Comité de los Derechos del Niño, las observaciones 27 y 28 del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes periódicos presentados por Uruguay 2007 y 2015, y las metas 16.3, 16.7, 16.8 y 17.17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
5. Sobre la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, acceso a la justicia y promoción del buen trato
Las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes revisten una gravedad significativa, en la medida en que son estructurales y no se interviene oportunamente.
El Informe elaborado en 2021 por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) registra un total de 7.035 situaciones de violencia de diversa índole hacia niñas, niños y adolescentes (más de 19 situaciones por día). Las nuevas formas de violencia comunitaria ligadas a fenómenos de máxima exclusión social y cultural y de circuitos de ilegalidad también coopta a los sectores más postergados por el Estado y la sociedad, a la vez que encuentra en ellos a sus reproductores y víctimas. Los llamados “ajustes de cuentas” tienen entre sus víctimas a población joven y/o menor de edad.
La ampliación de servicios, respuestas y programas resultan necesarios como prioridad; además del desarrollo de campañas destinadas a las crianzas libres de violencia, y trabajar en estudios sobre el acceso a la justicia por parte de niñas, niños y adolescentes.
6. Sobre la integralidad de los derechos
Este tramo de edad requiere políticas integrales con centralidad en educación y cuidados de calidad, como un derecho que simultáneamente se constituye en estrategia potente para garantizar el derecho a la salud, la nutrición, la supervivencia y el desarrollo; a vivir con su familia; al juego como forma de expresión y construcción de conocimiento; al desarrollo de la autonomía progresiva, a la expresión libre de sus ideas, emociones, perspectivas, intereses y necesidades; a participar, opinar y ser escuchados en asuntos de su interés como la apropiación de los bienes culturales, el desarrollo de la identidad personal y social y su construcción como ciudadanos y ciudadanas como lo recomienda la Convención sobre los Derechos del Niño (CND).
Al mismo tiempo, es necesario conocer la situación de la niñez con discapacidad, visibilizar sus necesidades y generar información que muestre sus características socioeconómicas, demográficas y educativas para elaborar políticas que permitan el acceso a todos sus derechos.
7. Sobre la desigualdad de acceso y logro educativo
Las desigualdades en relación con la oferta y el acceso a los centros de educación y cuidados afectan mayoritariamente a los sectores social y económicamente más vulnerados. La gratuidad no se garantiza para todos, especialmente en el ciclo que abarca desde el nacimiento hasta los tres años. La oferta y la demanda de educación y cuidados inclusivos se invisibilizan.
En el mismo sentido, si bien la legislación vigente en Uruguay prevé la realización de acciones afirmativas en relación con algunos grupos específicos de la población (a través, por ejemplo, de las leyes 18.651 y 19.122), los datos disponibles sobre la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes y con discapacidad muestran desigualdades significativas respecto de los promedios nacionales y los datos de los niños de ascendencia blanca y sin discapacidad. A su vez, no se cuenta con datos suficientes para establecer si esta misma relación se mantiene respecto de niñas, niños y adolescentes migrantes y trans.
Por lo tanto, resulta urgente y necesario que estos grupos de población cuenten con todas las medidas necesarias, del mayor alcance posible, que permitan a las niñas, niños y adolescentes alcanzar similares condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, acceso al sistema de salud y mejorar sus condiciones socioeconómicas.
En suma: ponerse a la altura
Podríamos seguir enumerando diferentes aspectos que hacen necesario y urgente un diálogo nacional para establecer un compromiso con nuestras infancias y adolescencias. En el marco del aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hacemos un llamado al sistema político, a las autoridades de gobierno nacional y locales, a las familias, a las instituciones, a todas y todos quienes queremos una sociedad capaz dar la bienvenida a “lo nuevo”; comprometerse con el gesto de “ponerse a la altura”; de escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y realizar todas las acciones que sean necesarias para garantizar las condiciones para un presente y un futuro mejor.
Lucía Avellanal, Paula Baleato, Gastón Cortés, Alicia Milán y Teresa Supervielle son integrantes de la Plataforma Infancias y Adolescencias.