Cuando una investigación judicial compromete a personas con importantes responsabilidades en instituciones del Estado, aumenta la necesidad de que el proceso ofrezca todas las garantías debidas. Entre ellas, pleno apoyo a la investigación desde los organismos a los que están vinculadas las personas bajo sospecha, la pronta y eficaz remoción de cualquier obstáculo en este terreno y el respaldo claro de todo el sistema partidario, sin reticencias por ningún interés propio. Además, por supuesto, de una conducta eficiente e irreprochable de los operadores judiciales.
Lamentablemente, todo esto deja bastante que desear en el proceso, cada vez más ramificado e indignante, que involucra a Alejandro Astesiano.
La fiscal del caso, Gabriela Fossati, acumula una larga lista de dichos y hechos fuera de lugar. En la semana que termina hizo público que desde el comienzo considera “sumamente razonable” no conocer las comunicaciones mediante celular entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, y que le pidió expresamente a Policía Científica que no las recuperara.
Ante las críticas que, lógicamente, causó esa revelación, Fossati afirmó que Presidencia es “la única institución que ha demostrado preocupación” por la investigación que lleva adelante. El primer mandatario y algunos de sus colaboradores más cercanos tienen, sin duda, motivos para estar preocupados, pero es preciso señalar que la institución en la que cumplen funciones es el Poder Ejecutivo, con atribuciones bastante más allá del inciso presupuestal llamado Presidencia.
Lacalle Pou no tiene que hacerse cargo solamente de haber puesto en manos de Astesiano poderosos recursos que él utilizó para delinquir, sino también –entre muchas otras cosas– de lo que han hecho y dejado de hacer, en la investigación a cargo de Fossati, el Ministerio del Interior (MI) y varios de sus jerarcas.
Los vínculos de Astesiano con policías predominaban entre los que invocaba para ofrecer y aceptar tareas ilícitas. Hay altos funcionarios del MI entre los indagados, pero no han sido separados de sus cargos y controlan el acceso a recursos clave para la investigación. Sí fue separada de su cargo y sumariada una funcionaria de Migración que trabajaba en Aceguá, pero no da la impresión de que ella fuera la gran artífice de esta compleja trama.
La actitud al respecto del ministro Luis Alberto Heber es indecorosa y a menudo incluye intentos pueriles de eludir cuestionamientos. Cuando le preguntaron acerca de las posibilidades de acceso indebido a datos de El Guardián, habló de los requisitos para usar legalmente esa herramienta, y esta semana el MI declaró que “no realiza ningún tipo de espionaje a representantes del pueblo”. Menos mal, pero la cuestión es si hubo quienes emplearon recursos ministeriales, violando la ley, para reunir datos sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera.
Lo central no es hablar de “traición”, “garrón” y “manija” para quitarse responsabilidades, sino asegurar la existencia de garantías para el proceso. Aún más importante que la custodia del presidente es la de la credibilidad institucional.