Desde filas oficialistas suele criticarse desde una mirada revisionista la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), que pasó de un paradigma inquisitivo a uno acusatorio. Se critica el nuevo rol que asumió la Fiscalía, pretendiendo dar a entender que se le brindaron poderes exorbitantes, como si los fiscales hubieran pasado a ser un grupo de “dioses” que definen por sí solos y de manera arbitraria el destino de los imputados. Una sumatoria de falsedades de quienes olvidaron rápidamente el punto de partida cuando, en 2017, cambió el paradigma y se comenzó a aplicar el nuevo CPP.
Parece que los detractores del nuevo sistema olvidaron que antes eran los jueces (en la más absoluta soledad y con mínimos controles) quienes investigaban, juzgaban y condenaban, mientras que la Fiscalía tenía apenas un rol decorativo. El pasado se olvida rápidamente y se pierde perspectiva cuando se analiza la realidad con tanta liviandad. Sabemos que el sistema no es perfecto, pero al menos una cosa es evidente e innegable: hoy el fiscal investiga, instruye y acusa, y es el juez quien decide. O sea, los roles no están concentrados en una sola persona como sucedía en el viejo sistema inquisitivo.
A su vez, en cuanto a las garantías para los imputados, pasamos de la reserva del presumario durante la investigación a un sistema en el que desde el “día 1” el defensor accede a la carpeta fiscal. ¿Hay cosas para mejorar? Por supuesto que sí, pero no compartimos la visión revisionista que, basada en problemas de funcionamiento que siempre son perfectibles, pretenden retomar un paradigma obsoleto como fue el sistema inquisitivo, que violaba flagrantemente el debido proceso y restaba todo tipo de garantías a los imputados. Existe, sí, un aspecto que resulta imprescindible mejorar para equilibrar el peso de las partes en el proceso penal, y es el rol de los defensores públicos, que son quienes están a cargo de la inmensa mayoría de las defensas de los imputados.
La defensa pública ejerce un rol esencial en el sistema de Justicia de nuestro Estado de Derecho. Se trata de un servicio público fundamental que permite a muchas personas, particularmente aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad, acceder a la Justicia y plantear sus problemas, así como permite la defensa de la enorme mayoría de las personas que han sido imputadas en el marco de un proceso penal. Es momento de reconocer y respaldar toda esta labor de asistencia jurídica gratuita, integral y eficaz. El desarrollo del proceso acusatorio requiere también el fortalecimiento de la Defensoría Pública, que dentro del sistema de Justicia cumple la función de ser “el escudo de los más débiles”.
¿Debe seguir siendo la Defensoría Pública un servicio dentro del Poder Judicial, o debería crearse un organismo independiente con su propio presupuesto?
Necesitamos, de una vez por todas, posicionar a los defensores públicos en el lugar que se merecen. Eso se construye desde la institucionalidad y desde el respaldo presupuestal para dicha función. Desde el punto de vista institucional, llegó la hora de reflexionar sobre la actual ubicación de la defensa pública en la órbita administrativa del Poder Judicial. ¿Debe seguir siendo la Defensoría Pública un servicio dentro del Poder Judicial, o debería crearse un organismo independiente con su propio presupuesto? Como se verá, esta discusión no es nueva.
Hace algunos años, desde la Oficina Nacional del Servicio Civil y Presidencia de la República se trabajó en la elaboración de un anteproyecto de ley para que la defensa pública pasara a ser un servicio descentralizado, tomando como referencia las experiencias de otros países y lo que antes se había hecho con la creación de la Fiscalía General de la Nación (Ley 19.334, del 14 de agosto de 2015). Esta propuesta, que podría jerarquizar la función de la Defensoría Pública, podría hacerse en armonía con lo previsto en el artículo 239 numeral 6 de la Constitución de la República, donde se contemplaba que la Suprema Corte de Justicia nombrara a las y los defensores públicos que luego pasarían a cumplir funciones permanentes en el nuevo organismo.
Por supuesto que esta propuesta requiere presupuesto y un fuerte consenso de todo el sistema político. La Defensoría Pública debe ser reformulada mediante una política de Estado que trascienda a esta administración y a las subsiguientes. Esta idea tampoco anula el hecho de que pueda avanzarse en la toma de decisiones que sirvan para seguir fortaleciendo a la Defensoría Pública. Tal vez, muchos actores políticos deberían empezar a reconocer el trabajo que a diario realizan las y los defensores públicos en nuestro país, y el aporte que ello significa para el acceso a la Justicia, la defensa de los derechos humanos y el respeto de las garantías fundamentales.
Se debe escuchar mucho a quienes están día a día cumpliendo esa función, se debe analizar sus pedidos y conocer el diagnóstico que hacen acerca de su desempeño en procesos de familia, procesos vinculados con la violencia hacia las mujeres basada en género o procesos penales, así como las carencias de recursos y necesidades que se han hecho visibles con mayor fuerza en los últimos años. Todo esto, con la finalidad de contemplarlos en las próximas instancias presupuestales. Además, debemos trabajar en adecuaciones normativas para la organización de la defensa pública y su eventual articulación con otras organizaciones (como, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República).
Hay que poder pensar alternativas y debatir constructivamente todos estos temas. La defensa pública debería tener una mayor autonomía institucional, tiene que tener un presupuesto acorde a sus cometidos y a la realidad del trabajo que lleva a cabo en todo el territorio nacional, para que pueda adquirir un rol todavía más protagónico en la defensa de los derechos individuales, difusos y colectivos, y, en general, de los derechos humanos.
Nuestro país cumplió con la Fiscalía dotándola de recursos y probablemente todavía sean escasos, pero así son los procesos, se van creando día a día. Hoy es la Defensoría Pública la que necesita mayor respaldo y reconocimiento desde nuestro sistema político. A eso apostamos para poder seguir construyendo un sistema de justicia más justo y equitativo, donde el acceso a ella sea igual para todos los habitantes, sin distinción de su situación socioeconómica.
Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.