La región sigue en disputa

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Colombia en este momento está en el centro de las miradas de quienes queremos que los cambios sociales lleguen a las mayorías. También están mirando ese escenario las derechas, que no pueden soportar que un bastión como ese país logre tener un cambio que les quite algo de su influencia.

La crisis de las potencias europeas y Estados Unidos es cada día más evidente. Esta situación llevó a las derechas a ganar terreno en lo político y social. En nuestra región, este proceso se vio fortalecido o tuvo un giro ultraconservador con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos en 2016 y de Jair Bolsonaro en Brasil en 2017. Con estos ascensos los grupos de derecha se fortalecieron, aparecieron partidos que se declaran abiertamente conservadores y especialmente el nivel de confrontación y violencia hacia las organizaciones populares recrudeció.

Este avance se debe a que el proyecto del capital está en crisis, y como plantea Elías: “La crisis de la economía mundial se traslada aceleradamente de los países centrales a los periféricos. Se revaloriza el dólar y se deprecian las monedas de los países del sur; caen sustancialmente los precios de los productos primarios exportables y comienza un proceso de debilitamiento económico de los países y un empobrecimiento creciente de las clases subordinadas. Todo lo cual ha generado la agudización de la lucha de clases y los procesos de disputa por el poder (político, económico y social); en algunos países hay niveles altos de confrontación e inestabilidad y el predominio electoral del progresismo muestra fisuras importantes [...] [Es en este] marco que se da la ofensiva del capital por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la tasa de ganancia”.¹

Esta crisis del sistema comenzó en 2008, y, según señala el economista francés François Chesnais, “fue de naturaleza global y no sólo una ‘Gran Recesión’ norteamericana, golpeando inicialmente a las economías industrializadas. Los países emergentes que pensaron permanecerían mayormente inmunes a sus efectos más tarde perderían esta ilusión”.² El mismo autor plantea que el capitalismo está alcanzando sus límites absolutos: estamos comenzando a vivir como humanidad el fin de la vida tal cual la conocemos, pues la explotación de la fuente de riqueza (la naturaleza) comienza a acabarse.

Todas estas razones deberíamos tenerlas en cuenta para intentar comprender o acercarnos a una posible explicación de las múltiples disputas que se están desarrollando en nuestro continente, con una carga de violencia que va creciendo. Sin embargo, en algunas zonas de la región la violencia política hacia el campo popular no es novedosa, sino todo lo contrario: es una política sistemática.

En Colombia las fuerzas conservadoras mantienen sus negocios en base a los paramilitares que a su vez integran o son parte del narcotráfico. Como plantea Calello: “La actividad, actualmente clandestina, de los ‘águilas negras’, fuerza paramilitares colombianas, calculadas hoy entre 30 y 40 mil efectivos, surgidas desde el propio ejército y del poder político y económico como apoyo al ejército en su lucha contra las muy golpeadas FARC, se ha extendido a Venezuela, y no sólo en las áreas limítrofes de Barinas, el Táchira, sino en los grandes núcleos urbanos, al extremo de que las autoridades estiman que es alta su incidencia en el mantenimiento y el incremento de la criminalidad urbana. La condición de ‘lo paramilitar’ adquiere hoy una dimensión realmente singular en América Latina y podríamos afirmar que el paradigma colombiano tiene resonancias diversas en magnitud y potencia siempre siniestras en casi todos los países latinoamericanos. [Todo esto lleva a una] profundización de la perversión del sistema carcelario, sobre todo en la progresiva utilización de la criminalidad por parte de la sociedad política”.³

Con la anterior cita no nos podría sorprender que Colombia registre índices de asesinatos a líderes sociales escandalosos, los que, como explicita Calello, tendrían vínculos entre fuerzas de seguridad oficiales, paraestatales y narcotráfico (el expresidente Álvaro Uribe Vélez es denunciado por ser parte de estas alianzas en diversos medios de prensa).

La “guerra contra el crimen organizado” (que en la región toma la forma de “guerra contra las drogas”) es una política que lleva al control de las sociedades, pero que lejos está de combatir el problema del narcotráfico, y que a su vez es un círculo vicioso que retroalimenta y potencia lo que dice querer controlar: más cuerpos de seguridad lleva a un aumento de enfrentamientos, y esto, a la necesidad de más cuerpos de seguridad. Y todo esto para acumular y acrecentar las riquezas de unos pocos; eso es, en el fondo, lo que sucede en todo este conflicto.

La politóloga argentina Pilar Calveiro señala que “los empresarios que controlan grandes consorcios lavan el dinero proveniente del tráfico ilegal de personas, bienes y estupefacientes, así como de otras actividades delictivas como el secuestro. Blanquean el patrimonio de las redes criminales facilitando su entrada en la economía legal a cambio de importantes ganancias [...]. La lógica predominante es hacer dinero de manera irrestricta e ilimitada; sumarse a la loca acumulación de fortunas [...] para alcanzarlo, vale todo. Por fin, las redes estadounidenses de protección y autorización son decisivas. La relación de las agencias norteamericanas –en especial la CIA– con el narcotráfico también es antigua. Se sabe que de este vínculo provino por lo menos parte del financiamiento de la contra nicaragüense. Distintas investigaciones, entre ellas algunas del propio Senado de Estados Unidos, señalan que capos de diferentes países tuvieron autorización para introducir droga en su país –generalmente a través de México y con el beneplácito de su gobierno– a cambio de aportaciones monetaria para la contra [...]. En la actualidad, las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas son las principales proveedoras de sustancias ilícitas en los Estado Unidos [...]. ¿Cabe pensar que el gobierno norteamericano no posee información o la fuerza necesaria para destruirla? ¿Cabe pensar que esas enormes redes de distribución final no ocupan personal, relaciones y protecciones nacionales? Claro que no. La entrada masiva de droga y la impresionante salida de dinero y armas de Estados Unidos sólo son posibles con la complicidad de las autoridades de ambos lados de la frontera. Lo mismo puede decirse del hecho de que grandes capos vendedores operen y residan en Estados Unidos”.⁴

A esto debemos agregar que Estados Unidos se encuentra en medio de una batalla con Rusia (a través de Ucrania y la Unión Europea) que no es claro cómo se resolverá. No es posible entonces descartar ninguna resolución de los conflictos en nuestra región.

Por eso son buenas noticias las que llegaron desde Colombia el domingo 29 de mayo: el escenario hoy perfila a Gustavo Petro y al Pacto Histórico como posibilidad de cambio real. Pero los procesos históricos son complejos y no se resolverán exclusivamente con estas elecciones.

Héctor Altamirano es docente de Historia.