¿Para qué sirve la Alianza de las Américas, que reunirá a diez presidentes latinoamericanos y el primer ministro de Canadá con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre? El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la influyente senadora demócrata Elizabeth Warren tienen una sugerencia: es la gran oportunidad para liquidar de una vez por todas con los tribunales privados de arbitraje que condenan a los gobiernos a pagar cuantiosas indemnizaciones a grandes corporaciones e inhiben decisiones democráticas.
A un año de anunciada en la Cumbre de las Américas, la Alianza se reunirá por primera vez y se espera la presencia al más alto nivel de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, además del anfitrión. “Somos 90% del producto del hemisferio occidental y cerca de dos tercios de su población. No hay nada que no podamos hacer juntos”, anunció, optimista, el secretario de Estado, Antony Blinken.
Más realista, el think tank republicano American Action Forum sostiene que como Estados Unidos ya tiene acuerdos de libre comercio con ocho de los 11 participantes y la Alianza no se propone negociar reducciones de tarifas, “las conversaciones no resultarán en mayores flujos comerciales regionales”.
Los objetivos de la Alianza, tal como los formulara el presidente Biden en diversas intervenciones, no son comerciales, sino combatir desigualdades, mejorar la situación de los trabajadores y de la salud pública, combatir el cambio climático y fortalecer la democracia. “Ninguno de estos objetivos puede lograrse si se mantienen los sistemas privados de arbitraje entre inversores y gobiernos”, explicó Stiglitz durante una conferencia virtual organizada por las universidades de Columbia y Georgetown y varios think tanks. Conocidos por la sigla en inglés ISDS (investor-state dispute settlement), estos tribunales son incluidos como mecanismo de protección a los inversores en casi todos los acuerdos de libre comercio o inversión firmados a partir de 1994, cuando el acuerdo de libre comercio de América del Norte los consagró en su capítulo 11.
En el año siguiente los países de la Alianza firmaron 60 acuerdos de inversión, a un ritmo de cinco por mes. En la actualidad los países de las Américas acumulan 842 acuerdos de inversión o libre comercio con cláusulas que habilitan los arbitrajes privados, de los cuales 47 son entre los gobiernos que ahora se reúnen en Washington. Stiglitz fue asesor del presidente Clinton, vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial en la última década del siglo XX, cuando los países en desarrollo sufrieron presiones que considera “muy agresivas” a favor de los ISDS por parte de los países más avanzados “que a su vez respondían a sus grandes corporaciones”.
El jueves 26 de octubre, al presentar un white paper (documento de política) titulado “Revertir la ola: cómo aprovechar la Alianza de las Américas para lograr una región libre de ISDS”, la coautora Lori Wallach dijo que “el gobierno estadounidense impulsó el régimen de ISDS a sus vecinos antes de que las políticas neoliberales se impugnaran y con esta iniciativa estaría actuando como un verdadero socio para deshacer el daño”.
Tradicionalmente usados para dirimir controversias entre privados, los tribunales arbitrales están compuestos por abogados especializados que se turnan entre defender empresas y arbitrar entre ellas. Los ISDS autorizan a las empresas a demandar a los estados por cualquier resolución por la que se sientan perjudicadas. No hay límite a las indemnizaciones que pueden imponer, ni admiten reciprocidad: los estados no pueden demandar a las empresas multinacionales si estas los perjudican, ni reclamar compensaciones por ganancias extraordinarias que estas puedan tener, como ocurrió durante la pandemia.
En las décadas transcurridas, no se ha producido evidencia alguna de que estos tribunales hayan estimulado más inversiones hacia los países que los admiten que a los que no lo hacen, como Brasil, explicó Stiglitz. Pero sí hay pruebas abundantes de que su mera existencia actúa como inhibidor de toma de decisiones democráticas, ya que “toda norma que afecte el valor de un activo es vista como una expropiación”. Los tribunales aplican, incluso, el concepto de “expectativa de ganancias”, imposible de precisar económicamente, pero por el cual los abogados-árbitros conceden generosas compensaciones.
Así, al prohibir la prospección petrolera en sus costas, Italia ha sido demandada por empresas “perjudicadas” que no habían comenzado a invertir aún. Cuando el presidente Barack Obama detuvo la construcción del oleoducto XL que atravesaría América del Norte para llevar combustibles fósiles del Ártico a Estados Unidos, las petroleras iniciaron una demanda por 15.000 millones de dólares.
La demanda fue levantada cuando el presidente Donald Trump volvió a autorizar el oleoducto y vuelta a presentar cuando Joe Biden lo frenó nuevamente en el primer mes de su presidencia. “Cuando el Congreso aprobó estos acuerdos nunca nadie pensó que pudieran ser usados contra Estados Unidos”, recordó la senadora Warren. Se ha calculado que, si los países cumplieran con las medidas a las que se comprometieron en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, las empresas petroleras podrían demandarlos en 340.000 millones de dólares.
Históricamente los tribunales fallan a favor de las demandas de las corporaciones multinacionales dos veces más que a favor de los gobiernos, sin contar que la mayoría de los casos se resuelven mediante negociaciones (y pagos) antes de la resolución inapelable de los árbitros. Las bases de datos registran un total de 231 casos que ya les han costado a los 12 países de la Alianza la suma de 2.742.790.201 dólares. Hay otros 73 casos pendientes de resolución, por un total demandado de 47.000 millones de dólares.
¿Será posible desmontar el arma más poderosa del gran capital trasnacional con una alianza de sindicatos, académicos, activistas anti-globalización y el presidente de los Estados Unidos?
El país más perjudicado, Ecuador, ya ha iniciado los procedimientos para denunciar estos tratados de inversión y muchos otros países están haciendo lo mismo. Pero cuando la denuncia de un tratado de inversión es unilateral las “cláusulas de supervivencia” hacen que sus efectos persistan por cinco o hasta diez años. Sin embargo, cuando ambas partes deciden poner fin o modificar el tratado, los efectos son instantáneos. Así, los nuevos acuerdos que sustituyen al TLC de América del Norte eliminaron los ISDS entre Estados Unidos y Canadá y ponen trabas para la iniciación de demandas entre Estados Unidos y México.
Es por eso que la propuesta lanzada por los cinco think tanks y apadrinada por la senadora Warren propone a la Alianza de las Américas que para avanzar en sus objetivos se convierta en un foro colectivo para liquidar los ISDS entre sus miembros y así encabezar un movimiento global. En mayo de 2020, ya avanzada su campaña electoral, Joe Biden dijo: “No creo que las corporaciones deban tener tribunales especiales, no disponibles para otras empresas, y me opongo a que intereses privados puedan atacar políticas laborales, de salud y ambientales mediante los ISDS”.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos se sumó al piquete de los huelguistas que ganaron una pulseada histórica a la industria automotriz y en Ginebra sus negociadores en la Organización Mundial de Comercio anunciaron que ya no apoyan más la idea de un acuerdo sobre comercio electrónico, al que muchos denunciaban como favorecedor de las grandes corporaciones de big tech.
Tres décadas después, ¿será posible desmontar el arma más poderosa del gran capital transnacional con una alianza de sindicatos, académicos, activistas antiglobalización y el presidente de Estados Unidos? “Cosas veredes, Cid, que farán fablar las piedras”.
Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.