A tres años de gestión en Inisa

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Los jóvenes en conflicto con la ley en Uruguay siguen representando una mínima parte del universo de personas que cometen delitos.

Sin embargo, las políticas que se han llevado a cabo para la prevención y atención de las infracciones adolescentes siguen siendo el aumento de penas y la generación de una impronta de seguridad, cuando la evidencia sobre las políticas de seguridad ya ha determinado que este tipo de acciones no previene ni disminuye la violencia y el delito. Si bien desde 2011 se vienen aprobando normas que se alejan del Código de la Niñez y Adolescencia y que establecen más penas para los infractores adolescentes, la ley de urgente consideración (LUC) aprobada en 2020 fue el extremo punitivista que hoy muestra consecuencias graves para las adolescencias y para todo el sistema de justicia juvenil.

La LUC derogó la suspensión condicional del proceso (instituto utilizado para generar otras medidas judiciales sin privación de libertad para los jóvenes), duplicó la duración de la privación de libertad para algunas infracciones, amplió el plazo de prescripción, mantuvo los antecedentes penales en algunas infracciones e incorporó el proceso abreviado, que a la fecha se impone sin un debido proceso con todas las garantías necesarias, lo que surge claramente de la investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Paralelamente, no se aprobó un presupuesto acorde para el Inisa a los efectos de hacer frente a los cambios normativos. Por el contrario, se recortó 80% del rubro inversiones, otro 20% en el rubro funcionamiento de los centros y también los rubros destinados a ingreso y carrera administrativa del personal.

Los cambios operados, sin contar con presupuesto y plan estratégico desde la institucionalidad, produjeron que hoy la población adolescente en conflicto con la ley esté en aumento. El Inisa pasó de atender un promedio de 260 adolescentes privados de libertad en julio de 2020, a 330 en diciembre de 2023, lo que representa un incremento del 27%.¹. Según el informe de indicadores realizado por el Poder Judicial, Fiscalía e Inisa, las imputaciones vienen en aumento desde 2020 y esto es a causa de la derogación de la suspensión condicional del proceso y la aprobación del proceso abreviado. Así, el informe establece que en 2021 “el número de adolescentes con sentencia fue 842”. “Esta cifra representa un aumento en comparación a los años anteriores: el número de adolescentes con sentencia había sido 419 en 2019 y 701 en 2020. Esta tendencia al aumento de las sentencias podría estar explicada por la eliminación de la suspensión condicional del proceso”.²

Estos factores están vinculados a la selectividad del sistema penal, que produce una segmentación y en la población pobre y más desigual es en la que recaen las medidas más duras. En este sentido, los datos del Observatorio del Inisa dan cuenta de que los adolescentes ingresados al sistema provienen de contextos vulnerables afectados por la pobreza. En tanto, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan un incremento de la pobreza desde 2020, que afecta en mayor medida a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, en tanto para el segmento de 0 a 17 años la pobreza es casi el doble que para el resto.³

Otros aspectos a destacar son el incremento de la violencia en los barrios, que afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y el despliegue del narcomenudeo y narcotráfico en los territorios. Muchos de los adolescentes se encuentran en medio de redes de microtráfico desde muy pequeños y tienen altos niveles de consumo, así como problemas de salud mental. Son necesarias políticas públicas y sociales que prevengan la entrada de los y las jóvenes a redes delictivas y atiendan la salud mental; para ello se requiere más presencia del Estado en los territorios a través de los centros educativos, centros juveniles, clubes deportivos y proyectos de la sociedad civil con propuestas para las adolescencias.

La falta de personal para el trato directo en Inisa (dadas las jubilaciones y la falta de concursos), sumado a la baja cantidad de propuestas educativas dentro del sistema, pese a los esfuerzos de educadores y docentes, producen más horas de encierro para los y las adolescentes, que en algunos centros, según el Observatorio del Inisa, llegan hasta las 19 horas de encierro.⁴ En una decisión contradictoria con esta situación, el Directorio de Inisa por mayoría y con el voto negativo de la oposición, decidió el cierre del programa Nexo que desde hace décadas venía ejecutando Serpaj, impartiendo talleres educativos y de oficios para los y las jóvenes.

Para el egreso tampoco existen propuestas planificadas que impidan que los jóvenes vuelvan al círculo del delito, no existen políticas públicas de empleo y educación que abarquen estos aspectos. Algunas propuestas exitosas son los convenios para primera experiencia laboral con las Juntas departamentales de Montevideo y Canelones, las Intendencias de ambos departamentos y organismos como el caso de AFE.

En relación a los y las funcionarias, desde nuestro lugar hemos impulsado la regularización en los cargos y funciones como puntapié inicial para la profesionalización y las carreras administrativas, en el entendido de que las y los educadores, así como todo el personal del organismo, deben contar con una especialización acorde a la atención de las adolescencias. Esta regularización fue diseñada en el período anterior y en esta gestión obtuvo resistencias desde el oficialismo. Finalmente, en la Rendición de Cuentas de 2022 se aprobó una partida para comenzar este proceso, que no llega a cubrir todo lo que se necesitaría y que fuera recortado en 2020.

Seguiremos sosteniendo que es necesario dignificar el sistema de privación de libertad teniendo especialmente en cuenta las observaciones realizadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Otro sistema de justicia para adolescentes es posible. Las medidas no privativas de libertad que viene desarrollando el Inisa junto a la sociedad civil a través de convenios es un claro ejemplo de política pública que da resultados, evita la reincidencia (según datos del observatorio de Inisa, la reincidencia es menor en estos casos que si transitan una medida privativa de libertad) y promueve la reinserción social de las adolescencias. Como dato relevante, se debe mencionar que presupuestalmente estas políticas implican el 5% del presupuesto total del Inisa, por tanto, son incluso más económicas que otras. Países como Costa Rica, Argentina, Brasil y Colombia vienen transitando por un cambio de paradigma hacia una justicia restaurativa que permita a los y las adolescentes realizar un proyecto de reparación del daño a las víctimas; ese mecanismo también es posible para Uruguay.

Andrea Venosa es abogada e integrante del directorio de Inisa por el Frente Amplio para el período 2020-2025.