“Tenemos que tomar partido ante las atrocidades. El silencio estimula al verdugo”. Elie Wiesel
A lo largo de la historia la apropiación de la memoria ha sido y es controversial, es parte de los debates políticos e ideológicos que se desarrollan en la sociedad. ¿Será posible una memoria consensuada? Parece difícil, pero nada de lo humano es imposible. Aunque en las memorias de hechos del horror es entendible que los perpetradores (algunos son siempre victimarios) se autoexcluyan de condenarse. Pero pueden pedir perdón y sinceramente arrepentirse. Es una hipótesis compleja pues requiere el arrepentimiento colectivo (de la o las instituciones participantes), del Estado (participante por acción u omisión) e individual. De ocurrir, ello no excluye el necesario castigo penal correspondiente con todos los años de prisión que un tribunal estipule de acuerdo a las leyes y con las garantías que en su momento ellos no cumplieron.
Apropiarse de una memoria significa, al mismo tiempo, un gran “no” y un gran “sí”, como dos facetas de la condición humana, es la eterna lucha entre lo socialmente bueno y lo malo. Es un proceso más o menos prolongado, dependiendo de múltiples factores sociales y políticos, que implican transformaciones profundas en los individuos y en la sociedad en su conjunto. Podríamos tipificarlos como cambios culturales. Las ideas se combaten con ideas, no con el asesinato del “otro”, del que piensa diferente. Implica también repensar el Estado, analizar sus debilidades y fortalecer para que nunca más sucedan hechos por el estilo de los vividos, y también para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Luis Pérez Aguirre sostenía que aún somos analfabetos en derechos humanos. Es un camino que se parece al de la utopía: cuando pensamos que nos acercamos vemos el largo camino que aún resta para llegar a la meta.
En dictadura aprendimos hasta dónde puede llegar la malicia humana y vivimos cómo el Estado supuestamente creado como garante de una convivencia pacífica y democrática que debe promover la igualdad de oportunidades sin exclusiones puede transformarse en un Estado que utiliza todos sus recursos para aniquilar con la mayor crueldad imaginable a aquellas personas que considera enemigos, y generar miedo y terror al conjunto de la población.
El presente año 2023 es emblemático para el recuerdo y la reafirmación democrática y la lucha por la libertad y vigencia plena de los derechos humanos. Han pasado 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cuando una alianza de poder civil-militar disolvió las cámaras legislativas, prohibió sindicatos y encarceló a un país entero. La mira de su rifle apuntó particularmente a trabajadores, estudiantes e intelectuales, pero muy pocos quedaron fuera de su puño acusador.
Se planificó un plan sistemático de represión con el objetivo de disciplinar la sociedad y construir un nuevo modelo de acumulación de capital con una población en silencio, sin posibilidad de debates cuestionadores. El proyecto fracasó en términos absolutos, aunque muchos proyectos y preguntas de los 60 no sólo fueron dejadas de lado, sino que se los demonizó.
La tortura sistemática y las inhumanas condiciones carcelarias para los enemigos políticos, así como castigos ejemplarizantes por opinar diferente al gobierno, con implicancias sobre la persona y su familia, fueron configurando el promocionado “Nuevo Uruguay”. 197 personas fueron secuestradas y continúan desaparecidas por acción y decisión del Estado. 75 bebés nacieron y fueron mantenidos en cautiverio en cuarteles en condiciones infrahumanas. Una cifra superior a 7.000 hombres y mujeres padecieron largas condenas en establecimientos militares de reclusión. Miles fueron forzados al exilio y otros tantos imposibilitados de trabajar y estudiar en establecimientos públicos. La Universidad fue intervenida y varias de sus dependencias cerradas, autores prohibidos, teatros clausurados, músicos silenciados y hasta homilías censuradas.
Las luchas populares por la libertad y la democracia junto a cambios en el escenario regional e internacional contrarios al mantenimiento de dictaduras de este tipo, y una economía desfavorable, favorecieron el restablecimiento de un Estado legitimado con gobiernos electos por la ciudadanía con libertades públicas y respeto a los derechos humanos. El descubrimiento para muchos de las aberrantes violaciones a los derechos humanos junto a la amenaza del retorno de los militares al poder actuaron, al contrario de lo pensado, como habilitantes del olvido del pasado reciente.
El presente año 2023 es emblemático para el recuerdo y la reafirmación democrática y la lucha por la libertad y vigencia plena de los derechos humanos.
La ocultación, la mentira, la manipulación de la información en busca de impunidad para los crímenes cometidos fue parte de la estrategia de los golpistas y beneficiarios de aquella política. Primero fue el olvido, “los ojos en la nuca” que preconizó el expresidente Julio María Sanguinetti en referencia a quienes exigían conocer lo sucedido en la dictadura y ejercer justicia. El segundo paso fue la negación de la realidad, minimizando hechos, número de víctimas y sus efectos sobre el colectivo social.
De acuerdo con Paul O’Shea, el negacionismo “es el rechazo a aceptar una realidad verificable. Es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia histórica”. Michael Specter define el negacionismo grupal cuando “todo un segmento de la sociedad da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable”. Por su parte, Mark Hoofnagle describió el negacionismo como “el empleo de tácticas retóricas para dar la apariencia de argumento o debate legítimo, cuando en realidad no lo hay”.
Cuatro mecanismos centrales comparten los procesos negacionistas: 1) deslegitimar o falsear pruebas y testimonios; 2) reducción de la cantidad de víctimas, por ejemplo el discurso del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera al negar la desaparición de uruguayos en Argentina por la decisión y participación de fuerzas militares de nuestro país en coordinación con las de aquel, o Sanguinetti sosteniendo la inexistencia de bebés secuestrados y apropiados en Uruguay; 3) inversión de la acusación a partir de la culpabilidad de las víctimas, “algo habrán hecho” fue el lema; 4) deformación de la realidad aberrante, por ejemplo, afirmar como una verdad incuestionable que el maestro Julio Castro, secuestrado a los 68 años, murió debido a una enfermedad, al tiempo que se oculta la pregunta de por qué se ocultó su cuerpo. Años más tarde se descubrió su enterramiento en un predio militar y se comprobó que había sido ajusticiado con un tiro en la cabeza. El maestro resistió la tortura. Fue asesinado por decisión de las Fuerzas Armadas.
Hoy el negacionismo llegó con fuerza al Parlamento y el argumento central es igualar el accionar del Estado con el de grupos políticos armados reales o supuestos, con un aditivo: el accionar cuestionado del Estado fue en respuesta a una previa situación de agitación social que puso en peligro al Estado. Nos preguntamos si fue necesario secuestrar personas, incluido bebés y niños, y negarles su identidad biológica y pasado propio. Nos preguntamos si fue necesario asesinar, robar, dejar morir sin asistencia médica adecuada a prisioneros. Nos preguntamos si fue necesario torturar y violar jóvenes mujeres. Nos preguntamos si fue necesario expulsar del país a miles de compatriotas, entre otros, literatos de la talla de Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Cristina Peri Rossi, músicos como los integrantes de Camerata Punta del Este, Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, Numa Morales, Aníbal Sampayo, intelectuales como Carlos Quijano y hasta el elenco entero del teatro El Galpón. Nos preguntamos si fue y es necesario décadas de silencio de las Fuerzas Armadas que ocultan archivos y datos sobre el destino de por lo menos 197 detenidos desaparecidos. La sociedad uruguaya sufrió crímenes aberrantes y cobardes.
Negación, distorsión, banalización, relativización, justificación, todas nociones que describen operaciones discursivas que anuncian un fenómeno que incide en las víctimas directas y sus familias y que impacta sobre la totalidad de la sociedad.
Sin verdad no podrá repararse el daño sufrido, y el daño no es sólo individual sino colectivo. La democracia se asienta en la verdad, no en la mentira ni en la manipulación.
Sin justicia el Estado estará mutilado. Sin memoria los aprendizajes serán débiles y parciales, y la posibilidad de repetir violaciones a los derechos humanos se acrecienta, y la vida será un eterno volver sobre lo mismo sin posibilidad de avance.
Sin verdad, justicia, memoria y reparación la democracia seguirá huérfana de humanidad.
Óscar Destouet es profesor de Historia.