Acaba de promulgarse la ley que impone el llamado Sistema de Jubilaciones y Pensiones, denominado pomposamente al principio como “Reforma de la Seguridad Social”.
No es novedad para nadie que esta reforma es rechazada por la mayoría de la población (más de 60%, según la Usina de Percepción Ciudadana) por no haberse consensuado con los sectores sociales a los que se aplica y por el recorte de beneficios para los trabajadores.
A sus redactores (muy respetable el Dr. Rodolfo Saldain) les pidieron una reforma que consolidara la sustentabilidad financiera del régimen, obviamente sin aumentar ni analizar los ingresos del sistema (art. 67 lit. A de la Carta) y recortando sus beneficios. Nada que tocara a los “malla oro”.
Así se formuló el anteproyecto, al que luego, al tener que pagar facturas políticas internas de la coalición, se le agregaron modificaciones que implican unos 400 millones de dólares más de costo anual, sin agregar nuevos ingresos al sistema.
La proyectada sustentabilidad quedó muy dañada.
Nadie está contento con que los trabajadores aporten 15% de su salario y los patrones aporten 7,5%, muy al contrario de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en especial, cuando se aumenta la edad de retiro y se va a cobrar igual o peor en la pasividad.
Se podría enumerar otras deficiencias de la ley, pero no es el objetivo de estas líneas, que pretenden evitar caminos precipitados en la forma de impugnación de la mentada ley.
Así, por ejemplo, son muy cuestionables las operaciones de las AFAP, su ánimo de lucro, sus colocaciones y el costo del seguro (ajenos a la seguridad social), los retiros militares con bonificaciones, las facultades del Poder Ejecutivo para modificar variables y la unidad reguladora del Poder Ejecutivo.
En efecto, antes y en el acto del 1º de mayo, se empezaron a mencionar formas de anular la injusta norma, y ya mucha gente se vio con ánimo militante y patriótico, recabando firmas para su anulación, como ya se hizo en el año 1992 contra cinco artículos de la Ley de Servicios Públicos (“empresas públicas”, según el léxico popular), que terminó en la formidable victoria del 13 de diciembre de 1992 (con 72% de apoyo de la ciudadanía) que así derrotó el modelo privatizador y neoliberal de Lacalle Herrera.
Pero atención: en esta ocasión no podemos acudir a los mismos instrumentos constitucionales y legales, que no admiten la posibilidad del recurso de referéndum (art. 79 de la Constitución).
En efecto, la Ley 16.017 del 20 de enero de 1989, que reglamenta el citado recurso, en su artículo 22 determina que no son impugnables “las leyes cuya iniciativa, por razón de materia, es exclusiva del Poder Ejecutivo (artículos 86 in fine, 133 y 214 de la Constitución)”. Por su parte, la Constitución de la República en su artículo 86 establece: “La iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo”.
De acuerdo con estas normas, no es posible interponer recurso de referéndum contra leyes jubilatorias, lo que no es objeto de discusión jurídica.
El Frente Amplio, próximo partido de gobierno, debe articular un proyecto de seguridad social (no sólo de sistema de jubilaciones y pensiones) y levantarlo como gran bandera electoral para ganar en octubre de 2024.
Entonces, quedaría como otra hipótesis la iniciativa de democracia directa prevista por el artículo 79 de la Carta: iniciativa legislativa contra los actos que no requieran iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. No obstante, esta posibilidad choca con las mismas dificultades: no es procedente contra leyes jubilatorias (con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo) y no se cuenta con un proyecto articulado para someter a plebiscito.
El tema ha creado confusión en la gente, por lo que debe esclarecerse debidamente, y pensar –sin precipitarse– en otras formas de anular el cuestionado marco jubilatorio.
Hoy, el camino de futuro exige pronunciarse sobre cuál es el mecanismo mejor para anular o modificar esta nueva ley.
Y aquí es el momento de la reflexión, que debe estar exenta de precipitaciones legislativas, técnicas y electorales.
Estamos a menos de un año y medio de las elecciones nacionales, este es el tiempo político.
Algunos pensaron en una reforma constitucional (artículo 331 de la Constitución), que en todos los casos exige “un proyecto articulado de reforma”, que hoy no existe.
¿Es posible hacer precipitadamente un proyecto para tal fin? No parece necesario ni conveniente hacer una reforma constitucional para derogar una ley injusta.
¿Qué se incluiría en la reforma de la Carta? Toda una nueva ley es imposible, e incluir algunos principios (promedio jubilatorio, tasas de reemplazo, edades de retiro, etcétera) no parece conveniente por la dinámica de las formas de trabajo y las variables de la población beneficiaria, teniendo en cuenta que las constituciones no se reforman a cada rato.
Una ley se deroga por otra ley.
La conclusión es simple e inevitable: el Frente Amplio, próximo partido de gobierno, debe articular un proyecto de seguridad social (no sólo de sistema de jubilaciones y pensiones) y levantarlo –entre otras– como gran bandera electoral para ganar en octubre de 2024 y para sancionarlo en el próximo gobierno del país, derogando y modificando el sistema impuesto por la coalición multicolor.
Para ello, hay tiempo; hay que recoger y articular todas las propuestas que se han hecho en este período, someterlas al consenso social, y obtener como fruto un gran cambio en las políticas sociales del Uruguay, instrumento insustituible para distribuir la riqueza y los ingresos, y mejorar el nivel de vida de las grandes mayorías.
Y que quede claro –y muy modestamente– es al Frente Amplio al que le corresponde esta responsabilidad histórica y política de cambiar el rumbo.
El Frente Amplio tiene las capacidades intelectuales para esa construcción y tiene intacto su poder militante como la fuerza política más grande, para recorrer el país, convenciendo a la gente y a las organizaciones sociales.
Eso es pura democracia.
Julio Vidal es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.