Ha trascendido que el señor presidente Luis Lacalle Pou no se hará presente en el acto de reparación y de compromiso de investigar, al que obliga una sentencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos (IDH). Concurre a muchos actos de diversa índole. A este debe concurrir como jefe de Estado. Es indelegable.
La Corte IDH es un órgano integrante del Sistema Interamericana de Derechos Humanos del que Uruguay es parte, y dictó sentencia a partir de la denuncia elevada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que afirmaba: “El Estado uruguayo ‘no cumplió con su obligación de debida diligencia’ en las investigaciones de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ y de las ‘desapariciones forzadas’ que ‘continúan cometiéndose hasta la fecha’”.
“En diciembre de 2021, la Corte IDH condenó al Estado uruguayo a ‘realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional’ reparatorio sobre el caso conocido como las ‘muchachas de abril’, donde fueron asesinadas Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio en 1974 durante la dictadura militar. La condena también abarca las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en estos crímenes. En ese homenaje, de acuerdo a la sentencia, deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas".1
Formamos parte del Sistema Interamericano
Uruguay ha firmado, ratificado y ha sido constructor de todo el sistema interamericano.
Es de los estados que han adherido a la competencia contenciosa de la Corte. Es decir que expresamente reconoce la competencia de sus sentencias en los casos de violación de derechos humanos. No es una intromisión externa, como afirman algunos que están implicados.
El presidente de la República tiene que asumir la representatividad del Estado y hacer presencia como acto reparatorio. Debe comprometerse a investigar y dar cumplimiento a todas las obligaciones para esclarecer los hechos. Es una sentencia. Fue un compromiso de campaña.
Señor presidente: sus nada confiables socios de coalición, integrantes de la familia militar, promotores de la impunidad, que se cobijan en sus fueros, han hecho declaraciones provocativas. No tienen nada que ver con el derecho internacional, menos aún de garantías. Sólo reivindican lo peor de la dictadura. Son coartadas para eludir a la Justicia. Para ellos, la guerra no terminó. Siguen por otros medios creando el miedo en toda la sociedad.
La Convención de Ginebra condena crímenes de guerra como ejecutar prisioneros, desaparecerlos o someterlos a torturas. Escuchamos discursos ofensivos en el Parlamento, llenos de toda falsedad, referidos al fusilamiento de las “muchachas de abril”. De la mano con la intención de pasar a prisión domiciliaria a todos los presos de la cárcel modelo de Domingo Arena. Como bien reclaman Madres y Familiares, hay que exceptuar en esa ley a todos los casos de secuestros, violaciones y torturas. Basta. ¿Hasta cuándo seguiremos, qué digo grieta, con esta fosa siniestra que parte a la sociedad toda? Nos hace mal, incluida a la institución Fuerzas Armadas.
El compromiso de todo el sistema político y de todos los casos
El tema central que concierne a este gobierno y a todo el sistema político, al Parlamento y a la administración de Justicia es el mandato y obligación de investigar los casos catalogados de lesa humanidad. Que han sido enterrados (disculpen lo siniestro del término) durante más de 40 años.
De todos los casos. El asesinato por envenenamiento de la señora Cecilia Fontana de Heber, madre del actual ministro del Interior, todavía sigue impune. Es de señalar que los elementos recabados indican que los autores fueron integrantes de grupos de ultraderecha, algunos de los cuales tienen vínculos con Cabildo Abierto. Aun con las causas que muy bien ha encaminado el fiscal Ricardo Perciballe, sigue pendiente la investigación a fondo de los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw.
El Presidente de la República tiene que asumir la representatividad del Estado y hacer presencia como acto reparatorio. Debe comprometerse a investigar y dar cumplimiento a todas las obligaciones para esclarecer los hechos.
La política exterior presidencial
La política exterior de Uruguay tiene pilares en el prestigio por la promoción y defensa de valores intangibles. No somos una potencia económica ni comercial, mucho menos militar. Nuestro fuerte ha sido, es, ser interlocutores válidos, confiables para el diálogo, los consensos y los acuerdos multilaterales, la paz y los derechos humanos.
No podemos quedar abrazados defendiendo las mismas posiciones aberrantes que la dictadura dio en el sistema interamericano y que hoy evocan desde los fueros parlamentarios encubridores.
“La Asamblea General de la OEA, reunida en Bolivia, aprueba una resolución de condena a Uruguay, Chile y Paraguay por violaciones a los derechos humanos. El embajador Carlos Giambruno protesta: ‘En 1978 no hubo casos de torturas o muerte en Uruguay’. La delegación uruguaya se retira de la Comisión por la falta de ‘garantías y de objetividad en las apreciaciones esgrimidas durante las deliberaciones’. El agregado militar en Bolivia, coronel Juan Antonio Bonifacino, insulta y golpea a Juan Raúl Ferreira, quien se encuentra en la reunión como corresponsal de un canal de televisión mexicano. El diario El Nacional de Caracas difunde el incidente bajo el título: ‘Uruguay estrena en la OEA la diplomacia de los puñetazos’. En Montevideo, el teniente general Queirolo denuncia que la ‘conjura marxista se ha entronizado en los foros internacionales de debate’. El vicealmirante Márquez agrega: ‘La OEA va por mal camino y no le veo un buen destino. Me siento indignado como ciudadano uruguayo’. La Dinarp amonesta a El Día por la publicación de las palabras de Giambruno, que llevan al error de suponer ‘que antes o después de 1978 haya habido en el país algún caso de tortura’”.2
El hijo del general Eduardo Zubía y sobrino del general Rodolfo Zubía (exjefes de Región III y IV durante la dictadura) excandidato de Edgardo Novick, ahora devenido colorado, sostiene aún la versión infame de los comunicados militares. Sigue con la política de los puños... y la metralleta.
El nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, coronel Raúl Lozano, ha dicho: "Si los tiraron al mar, por más que yo insista, jamás van a aparecer". Debería explicar cuál es la fuente que le confió que efectivamente fueron tirados a la plataforma marítima. Coronel Lozano: ¿usted sabe?
Hay una sentencia judicial. Sólo la impunidad que sigue enseñorada en Uruguay, que sigue ocultando cadáveres en cementerios clandestinos de los cuarteles de la patria, o en la plataforma marítima, no pueden tener voz y voto en estas cuestiones. Hay una sentencia de la Corte que hay que cumplir.
El señor presidente tiene la palabra y el compromiso explícito de no dar vuelta la página. De hacer todos los esfuerzos por esclarecer el destino de las desapariciones. De reparar tanta violencia que ha quedado en nuestra sociedad. En nuestras almas y nuestros cuerpos. El de las madres y familiares. Pero también en el de todos y todas.
Milton Romani Gerner es licenciado en Psicología. Fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.