Durante el 19 y 21 de abril de 2023 en Buenos Aires se realizó la segunda Conferencia (COP2) del acuerdo denominado “Escazú” entre los Estados de América Latina y el Caribe sobre Acceso a la Información, Participación y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Los Estados parte asumen responsabilidades entre sí con ciertos objetivos que trascienden sus fronteras, como son los derechos humanos, o el derecho a vivir en un ambiente sano. Estos compromisos nos involucran a todos. Este acuerdo, cuya entrada en vigor cumple dos años, además de ser el primer acuerdo ambiental vinculante en la región, innova en la protección específica a los defensores ambientales.
Al ser un compromiso vinculante (no son meras recomendaciones o guía de buenas prácticas voluntarias), los estados ratificantes tienen la responsabilidad de garantizar y mejorar, en este caso, la protección a sus ciudadanos, en sus derechos de “máxima publicidad”, “participación temprana, real y efectiva”, una “legitimación amplia” de acceso a la justicia (como garantías de debido proceso), como así también “garantizar la seguridad, el derecho de libre expresión, al trabajo, la integridad y la vida de los defensores ambientales”.
Una mención aparte merece el reconocimiento de la protección específica de “los defensores ambientales” (artículo 9), que establece la obligación de los Estados de garantizar y tomar medidas para asegurarles un entorno seguro para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridades, y establece que se deberán tener en cuenta las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos, y que se deberá también investigar y sancionar los ataques.
Esta medida, fruto en gran parte del arduo trabajo de incidencia en las negociaciones realizado por organizaciones y defensores/as, se debe al alto nivel de violencia que vienen sufriendo, por citar uno de los tantos casos, el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres en Honduras. El último informe de Global Witness registró que “1.733 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas en los últimos diez años, es la cifra equivalente al asesinato de una persona defensora cada dos días y el 68% se concentra en Latinoamérica”.
Ante esta realidad ya era hora de que los Estados latinos y caribeños reconocieran asegurar a las personas y colectivos (líderes indígenas, ONG locales, periodistas abogados, etc.) que asumen acciones en proteger el ambiente sean protegidas y sancionados sus infractores. “No puede ser que se tenga que pagar con la vida por proteger la vida”, como argumentó el gobierno de Colombia en la COP 2.
América Latina y el Caribe contiene a los países líderes en biodiversidad, como también en su pérdida, así como líderes en su dependencia a los combustibles fósiles del sector agrícola, como lo afirmó el representante del PNUD Argentina en la COP 2.
Los avances en esta COP2 no han sido los esperados para gran parte de la sociedad civil o “público”, como se define en el Acuerdo. Respecto a la protección de los y las defensoras, a pesar de ser el tema más acuciante, lo que resulta es un “compromiso a futuro”: Adoptar un plan de acción en la próxima reunión a realizarse en 2024.
La conferencia deja una sensación de pocos avances, sin grandes decisiones significativas concretas. Igualmente podríamos destacar que algunos países en sus rendiciones afirmaron estar trabajando en reformas legislativas, se destacan algunos tímidos avances respecto a modificar legislación o crear protecciones específicas; por ejemplo, México, Santa Lucía y Colombia informaron estar trabajando para reconocer “al campesinado” como sujeto de derecho.
El abogado peruano César Gamboa considera que este acuerdo mantiene una política continuadora porque no plantea nuevos mecanismos de participación, transparencia o acceso a la justicia, ni se enmarca en una perspectiva ecológica reformista como “el buen vivir”, o los “derechos de la naturaleza”, es decir que no incluye el mundo natural en la comunidad política. Esta otra mirada está latente y así se manifestó en esta COP2 cuando el representante de Bolivia intervino en la Declaración Final, argumentando que se debería introducir el concepto “Madre Tierra” para incluir la cosmovisión de los pueblos originarios.
Igualmente quedan principios reconocidos que debemos estar atentos a que se cumplan, como la “transparencia” en el manejo de los recursos públicos estratégicos, principalmente los contratos con privados que muchas veces son clasificados como secretos.
Respecto a la participación, se expresaron varias intenciones de reforma de leyes ambientales, como las generales y las de evaluación, a efectos de ampliar y adaptar el acuerdo. Por ejemplo, Colombia mencionó reglamentar la audiencias públicas para que las exposiciones fueran equitativas entre las empresas, el estado y el público, o que en las evaluaciones de riesgos se reconozcan los defensores ambientales. Otro tema reclamado por la sociedad civil es la difusión de las evaluaciones ambientales y de las decisiones, no es suficiente la publicación en páginas web, sino también en medios locales donde se ubicará el emprendimiento u obra. También sigue siendo de reclamo la adecuación cultural de la participación, que debería ajustarse a las costumbres, tiempo y formalidades de la comunidad, pueblo y área afectada.
El acceso a la justicia es uno de los mayores retos, sobre todo cuando entra en conflicto de intereses el Poder Ejecutivo con el sector privado, y la vía administrativa no suele ser del todo garantista, ni en sus plazos ni en su forma ni en su política.
El Poder Judicial es la tercera vía y la última para obtener justicia formal a nivel nacional. También queda mucho por andar, como por ejemplo en la tipificación de delitos, en la determinación del infractor, en la aplicación del principio precautorio, en la determinación del nexo causal, o en las medidas cautelares y en la carga de la prueba.
Otro tema a destacar es que se dijo en muchas instancias de esta COP2, por parte de la sociedad civil, “que no se quería que fuera una COP más”, o sea que no se transformara en instancias donde se termina en un lobby político internacional entre Estados, organismos internacionales y grandes organizaciones sociales, que no logran el cambio efectivo, real e inmediato necesario.
Los episodios ocurrido en esta COP2 respecto a limitar la participación presencial a defensoras y defensores por falta de acreditación o sin confirmación previa son inadmisibles, considerando que existía la posibilidad física de acreditación en el momento. Se debe asegurar la participación abierta, sin discriminación de ningún tipo y sin que primen las formalidades sobre los derechos de información y participación del “público”, es decir, de cualquier interesado.
Fue una COP2 donde sólo escucharon sus ecos los representantes, pero no la sociedad civil, pues si bien se dio la oportunidad de expresarse a los pueblos originarios y defensores territoriales ambientales, no se les escuchó.
De “imputados” a “víctimas”
Uno de los desafíos más urgentes a revertir es la situación delictiva a la que están sometidos los y las defensoras, por tanto deben pasar de ser considerados como “imputados” a “víctimas”. El gobierno de México en su rendición informó que iban a adaptar a los defensores ambientales un mecanismo de protección que ya poseen funcionando para periodistas defensores de derechos humanos.
Según nuestro rol consideramos urgente la necesidad de que cada país promueva el dictado de modificaciones a su código punitivo, creando la figura penal agravada del delito de amenazas, lesiones y asesinato de defensoras y defensores ambientales.
De la misma forma, se deben crear las Fiscalías especializadas para investigar delitos ambientales y delitos ejecutados en perjuicio de defensoras ambientales. También se deben establecer protocolos para las policías, a fin de que estas adopten los procedimientos adecuados cuando se enfrenten a una denuncia por delitos ambientales y en contra de quienes defienden al medio ambiente.
Se hace necesario ampliar el tipo penal de prevaricación administrativa y judicial, y agravar las penas, y para aquellos países que no contemplen el delito de prevaricación dentro de su texto punitivo, se debe crear el tipo penal, pues solo con coercitividad se podrá situar a los funcionarios públicos en la posición de cumplir adecuadamente sus funciones y de manera oportuna, ello debido a la extensión del mal causado por su no hacer o hacer mal y lento, dado que no solo afecta la vida del defensor, sino que también la vida de la naturaleza y con ello la vida de todos.
Esta figura agravada de prevaricación también debe ser aplicable a los funcionarios públicos que intervienen en el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales ambientales que contravengan la legislación nacional e internacional. También consideramos necesario crear un protocolo de atención de salud para los y las defensores, pues suelen ser heridos, lo que a veces requiere de atención especializada inclusive, muchos carecen de los medios para tener un adecuado tratamiento ante las lesiones que pueden sufrir.
La reparación económica o de subvención a las víctimas (sobre todo con hijos) de defensores ambientales, es otro tema que se reclamó desde la sociedad civil, se acogió por algunos Estados como problemas a solucionar, sin tener aún propuestas concretas.
Todo esto se pudo haber tratado en esta COP2 de Escazú, pero no fue así. Lo único concreto que se realizó fue la elección de un Comité de Expertos para apoyar el cumplimiento del acuerdo, que aún no tenemos claro si favorecerá la participación o será un órgano internacional más.
Fue una COP2 donde sólo escucharon sus ecos los representantes, pero no la sociedad civil, pues si bien se dio la oportunidad de expresarse a los pueblos originarios y defensores territoriales ambientales, no se les escuchó; está claro que la comunidad regional aún no está preparada para reconocer la ñuke mapu (la tierra).
También nos ha quedado claro que sin nuestra voz Escazú no tiene sentido, como lo expresaron los jóvenes defensores al finalizar la COP2: “nada para nosotros sin nosotros”.
Orietta Llauca Huala es abogada y defensora ambiental mapuche. Carolina Neme es abogada y defensora ambiental uruguaya.