Dos iniciativas de reforma constitucional, que se someterían a consulta popular en forma simultánea con las elecciones del año que viene, le complican la vida al oficialismo y a la oposición frenteamplista. Cabildo Abierto (CA) ya lanzó la recolección de firmas en apoyo a un proyecto sobre deudas personales, mientras que la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó impulsar uno sobre seguridad social, del que ya están definidos los objetivos pero no el articulado.
En ambos casos parece viable que se logre el apoyo de 10% de las personas habilitadas para votar, necesario para que haya plebiscitos el último domingo de octubre de 2024. Es mucho más difícil pronosticar qué pasará en esa instancia, porque uno de los factores clave para que se aprueben será, como indican experiencias anteriores, que las papeletas por el Sí sean incluidas en los sobres con listas que se reparten durante la campaña electoral.
La iniciativa cabildante no tiene respaldo en las direcciones de los partidos Nacional y Colorado, y tampoco en la del Frente Amplio (FA). En esta, a su vez, hay una importante oposición al procedimiento elegido en el PIT-CNT para oponerse a la reforma jubilatoria aprobada este año por el oficialismo.
Los sectores que sumaron la mayoría de los votantes frenteamplistas en 2019 consideran inconveniente que el proyecto de la central sindical se discuta en la próxima campaña electoral, no comparten todos sus objetivos y prefieren convocar a un diálogo amplio sobre seguridad social si el FA gana las elecciones, con la intención declarada de definir en él los contenidos de una nueva ley. El Partido Comunista, de gran peso militante, alberga opiniones distintas sobre el tema y sólo ha manifestado que “valora” la decisión del PIT-CNT, así como el compromiso de buscar “en torno” a ella “el más amplio consenso posible”.
Por regla general, apelar a la democracia directa implica opinar que la representativa no está funcionando bien. Se promueven referendos contra las leyes con la tesis de que la opinión pública no comparte lo que aprobaron las mayorías parlamentarias. Cuando se le propone a la ciudadanía cambiar el marco constitucional, se le está diciendo que es de su interés mayoritario establecer determinados límites y lineamientos generales que acoten las decisiones partidarias en el Poder Legislativo.
El recurso a estos procedimientos es plenamente legítimo, y la propia Constitución lo habilita, pero al mismo tiempo es un síntoma de descontento profundo y una acusación grave a la mayoría del sistema partidario o a este en su conjunto, imputándole haberse desviado del rumbo que le conviene a la mayoría de los votantes o que esta desea.
Por otra parte, los objetivos programáticos del movimiento sindical han sido históricamente similares a los del FA, y se supone que, con mucho menos camino recorrido, hay un común denominador relevante entre CA y el resto del oficialismo. La situación actual expone en ambos campos una considerable dispersión, por lo menos táctica, y carencias de intercambio político profundo, perjudiciales para la calidad de nuestra democracia.