Montevideo, invierno de 1968

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Las elecciones de noviembre de 1966 consagraron el retorno del Partido Colorado al gobierno luego de dos períodos blancos consecutivos. Pero lo que ya no retornaría es el viejo espíritu batllista anterior a 1958.

Los colorados seguirían dando pasos en el mismo camino iniciado por los nacionalistas: el abandono del viejo Estado de bienestar social. Los mismos grupos económicos que lo venían sosteniendo durante décadas consideraban que se había vuelto demasiado caro. Asimismo, ambos partidos tradicionales hicieron causa común en una reforma de la Constitución que otorgó más recursos de poder al Ejecutivo en desmedro del Legislativo. Blancos y colorados clamaban por un Estado que enfrentara con mano dura la protesta social en ascenso.

El presidente electo, el Gral. Óscar Gestido, murió de un ataque al corazón en noviembre de 1967. Ocupó su lugar el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, un personaje anodino y portador de un simbólico pasado de boxeador. A la semana de asumir la Presidencia, el Bocha Pacheco decretaba la ilegalización de varios grupos de izquierda y la clausura de los periódicos Época y El Sol.¹ De allí en más, el Ejecutivo recurriría incesantemente a las Medidas Prontas de Seguridad, una modalidad de Estado de excepción establecida en el artículo 168 de la nueva Constitución. Al amparo de ellas, el Ejecutivo podía arrestar y mantener en prisión por tiempo indeterminado a personas sin juicio alguno. El Parlamento tenía la potestad de levantar las medidas y lo hizo muchas veces, pero Pacheco las reimplantaba sin dejar pasar un solo día. La excepcionalidad pasó a ser la regla.

En 1967 la inflación fue de 136% y al año siguiente alcanzaba 180%. El poder adquisitivo de los asalariados caía en picada, se multiplicaban los cierres de fábricas, una incertidumbre económica inédita se apoderaba de los hogares uruguayos. Los hijos de profesionales, comerciantes, pequeños empresarios, empleados públicos, docentes, bancarios, obreros calificados, sentían que las promesas de un futuro mejor se evaporaban para siempre. El descontento se palpaba en las calles, las protestas se volvían masivas. El gobierno por decreto y la represión a manifestaciones obreras y estudiantiles, la brutalidad policial y el recurso a la tortura se harían rutina; la tradicional institucionalidad uruguaya, orgullo histórico nacional, se resquebrajaba y amenazaría varias veces con el colapso.

A fines de mayo de 1968, el intendente montevideano anunció un nuevo aumento del boleto estudiantil. Fue como una chispa en una pradera seca. De la noche a la mañana, los liceales ganaron las calles con masividad y violencia inéditas. “Había una especie de frenesí en los estudiantes, basado en la seguridad de estar en lo justo y en la percepción de la iniquidad del gobierno y de la Policía”, escribe uno de los protagonistas de aquellas movilizaciones; “se palpaba la impresión de haber adquirido una nueva potencia que ponía en jaque al gobierno, mediante ese estado de movilización extendido e impersonal”.²

En esas semanas la Policía había recibido orden de abrir fuego apuntando al cuerpo de los manifestantes con sus armas de reglamento. El 6 de junio, una movilización de estudiantes de UTU avanza por 18 de Julio. En Minas se detiene un patrullero, bajan varios policías que desenfundan sus armas y abren fuego sobre los jóvenes. Cinco heridos de bala son internados; a uno de ellos se le debió amputar un brazo, otro quedó con un brazo semiparalizado de por vida y un tercero, alcanzado en una pierna, quedaría rengo para siempre. Los baleados en esos meses suman decenas, a los que se agregan centenares de estudiantes lesionados con sablazos y machetazos.³ En los meses venideros, el número de manifestantes y la virulencia de los enfrentamientos con la Policía aumentarían sin pausa.

La atmósfera de estado de sitio se instalaba duraderamente en el país. En la madrugada del 9 de agosto, la Policía allanaba varias facultades sin orden judicial; pretendían buscar información sobre el secuestro de Ulysses Pereira Reverbel, presidente de UTE, realizado por el MLN dos días antes.⁴ La presunción del gobierno era obvia: los “subversivos” no podían ser otros que los mismos “revoltosos” al frente de las manifestaciones estudiantiles en todos esos meses. Ese mismo día, un culatazo hundía el cráneo de un estudiante de catorce años que no participaba siquiera de manifestación alguna. Por esas horas, frente a la Biblioteca Nacional, una patrulla de Coraceros se ensañaba a golpes de fusil con un estudiante tirado en el suelo. En otra parte de la ciudad, Mario Eduardo Toyos, de diecisiete años, ingresaba al Hospital de Clínicas en estado de coma con el parietal hundido; había sido impactado por una granada lacrimógena. No es un accidente: la prensa denuncia que la Guardia de Coraceros tiene orden de apuntar al cuerpo con sus lanzagases.⁵

El lunes 12 de agosto se desarrollaban numerosas manifestaciones en diversos puntos de la ciudad. Ese día, “los heridos de bala se acumulaban en diversos centros de asistencia y domicilios particulares”.⁶ Frente a la Facultad de Veterinaria se desarrolla una de tantas manifestaciones. Héctor Lescano, por entonces estudiante de Veterinaria de 20 años, se encontraba allí. Todo sucedió muy rápidamente. De pronto “llega para reprimir lo que llamábamos una ‘chanchita’, un vehículo policial... y eran pocos policías, tres o cuatro”. El oficial de Policía Enrique Tegiachi se apea del vehículo y, rodilla al suelo, apunta y dispara por la espalda a un estudiante a escasos cuatro metros de distancia; el proyectil sale por la ingle y –se sabrá después– le secciona la arteria femoral. Una investigación judicial posterior determinó que el policía había vaciado los cargadores de un revólver y de una pistola, disparando en total 16 balas contra los manifestantes.⁷ Una anécdota tragicómica pone de relieve el componente lúdico que acompañaba todavía a la protesta estudiantil, en dramático contraste con una represión brutal que se intensificaba día a día. Uno de los manifestantes había arrebatado la gorra del policía que disparó su arma: “El gorro de este oficial de policía estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria donde va la bandera nacional”, relata Lescano.⁸

El herido cayó en medio de un gran charco de sangre. Algunos compañeros se acercaron a socorrerlo, los policías les pidieron documentos, la asistencia se demoró un lapso que pudo ser crítico. Fue internado de gravedad en el Hospital de Clínicas. Durante la intervención quirúrgica en la que se le hizo un injerto en la arteria seccionada debió ser reanimado en dos oportunidades; luego de horas de incertidumbre, el equipo médico informó que había logrado detener la hemorragia. Pero no pudo evitarse lo peor; el miércoles 14, la noticia de la muerte de Líber Arce recorrió la ciudad de boca en boca, ya que el Ejecutivo había prohibido su difusión en los medios de comunicación. Tenía 28 años, era militante de la Unión de Juventudes Comunistas y estaba muy avanzado en sus estudios de Odontología.

Más de 200.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio del Buceo. A este primer asesinato seguirán otros. Ya nada detendrá la espiral ascendente de represión y violencia. Un mes más tarde, la Policía introducía una nueva escopeta antimotín.⁹ El 20 de setiembre abrieron fuego sobre los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad. Hugo de los Santos, de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, cayó herido de muerte; un perdigón le había dado en el corazón. Susana Pintos, de 27, estudiante de la Escuela de la Construcción, fue también alcanzada por una perdigonada; murió horas más tarde en el Hospital de Clínicas. Ambos eran militantes de la Unión de Juventudes Comunistas. Un informe del Sindicato Médico del Uruguay da cuenta de la atención, sólo ese día, a más de 100 estudiantes heridos con perdigones.

La democracia formalmente vigente, reducida a una cáscara vacía, cobijará el creciente protagonismo político de los militares. Cuatro años y medio más tarde darán el golpe de Estado, secundados por el propio presidente electo, Juan María Bordaberry.

François Graña es doctor en Ciencias Sociales.