En 2002, Uruguay, al igual que varios países latinoamericanos, estaba atravesando una profunda crisis económica, política y social. Ese año se crea la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) ante “el inminente riesgo de privatización de nuestros recursos hídricos y el suministro de agua a la población”. La lucha del pueblo boliviano, que se diera a conocer como la “Guerra del Agua” en el año 2000, fue fuente de inspiración y referente en todo nuestro proceso de construcción y organización, la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba.
La Comisión Nacional desde sus inicios estuvo integrada por el Sindicato de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Comisión de vecinos de Ciudad de la Costa, Redes-Amigos de la Tierra, organizaciones sociales populares, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), organizaciones políticas, religiosas, ONG y vecinos comprometidos con la causa, como es el caso de la Comisión en Defensa del Agua y del Saneamiento de la Costa de Oro y Pando (del departamento de Canelones), y el posicionamiento que tomó la Liga de Fomento de Manantiales (en el departamento de Maldonado).
Al impulso de la CNDAV se lanzó el mecanismo de consulta popular de democracia directa, mediante plebiscito, que se puso en consideración junto a las elecciones nacionales el 31 de octubre de 2004. El resultado fue arrollador: el 64,61% de la ciudadanía apoyó la papeleta del Sí, que impulsaba la reforma del artículo 47 de la Constitución, estableciendo que “el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”. La victoria histórica fue tal, que ningún partido político en la historia del Uruguay jamás alcanzó dichos índices de aprobación electoral.
Además, el artículo expresa concepciones mucho más profundas y abarcativas que declararla meramente como un derecho humano. Por ejemplo, dota a la ciudadanía de una participación activa en la gestión sustentable, garantizando que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, definiendo a las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Es decir, el paradigma de gestión ambiental que se utiliza hoy en gran parte del mundo y se reconoce como el más sustentable y sostenible para la gestión, medición, previsión e impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, tiene como antecedente mundial la reforma constitucional del artículo 47 en Uruguay.
El artículo 47 también establece que la prioridad será el abastecimiento de agua potable a poblaciones, anteponiendo las razones de uso social a las económicas. Toda una definición contra el modelo extractivista y mercantil que ve en el agua un mero recurso para producir, al tiempo que se establece una definición contundente contra el modelo privatizador de los servicios públicos. Por si aún faltaba más, se legisla que se podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuando este se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
“Demasiado bueno para ser verdad”, dice el refrán popular. Y algo de esto hay. La gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué nos pasó en 20 años? ¿Cómo llegamos de ser ejemplo en el mundo con una reforma constitucional que estableció el derecho fundamental al agua, la participación ciudadana, la gestión pública estatal de los recursos hídricos, la prevalencia del valor social sobre el económico y la solidaridad con los pueblos que la necesiten, a ser un ejemplo de la primera capital -Montevideo- en el mundo con falta de acceso al agua potable en el siglo XXI?
Un poco de marco teórico: los territorios hidrosociales
En 2006, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaba un informe sobre desarrollo humano titulado “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial hídrica”. En dicho informe uno de los principales argumentos era que la “escasez en el centro de la crisis hídrica mundial está enraizada en el poder, la pobreza y la desigualdad, no en la disponibilidad física” y que “la escasez es fabricada a través de procesos políticos e institucionales que dejan en desventaja a los pobres”.
Gerardo Damonte y Bárbara Lynch, en “Cultura, política y ecología política del agua: una presentación” (2016), plantean el concepto de territorios hidro-sociales. Estos están determinados por el ciclo natural del agua, por un lado, tomando la cuenca hidrográfica como unidad espacial territorial y categoría de análisis, así como por las dinámicas sociales y políticas de los actores involucrados. “Sin embargo, mientras las cuencas se establecen a partir de fronteras físicas, las fronteras de los territorios hidrosociales son constantemente recreadas por los actores sociales en relación con el ciclo hídrico, pudiendo sobrepasar o segmentar las fronteras físicas de las cuencas donde se asientan hasta el punto de reconfigurarlas”.
La reforma del artículo 47 de la Constitución dio paso a la Ley 18610, de Política Nacional de Aguas de 2009, que en el artículo 2 establece que todos los habitantes tienen derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. El Estado actuará propendiendo al efectivo ejercicio de tales derechos. El artículo 3 define el agua como un recurso natural esencial para la vida. En definitiva, en esa norma se establecen una serie de artículos donde se instrumenta y se establece la institucionalidad de los principales conceptos del artículo 47 de la Constitución.
Breve cronología de la normativa y de los conflictos por el agua en Uruguay
2004: El 64,6% de la ciudadanía aprueba la reforma constitucional del artículo 47, promovida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
2005: Deja de operar la empresa española privada Uragua, producto de la reforma constitucional que estableció el dominio público estatal de la gestión de los recursos hídricos.
2009: Ley 18.610, Política Nacional de Aguas
2013: Creación de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía. Luego de negar episodios de contaminación de agua en Montevideo (salía por las canillas muy turbia y con mal olor), el gobierno termina reconociendo el problema y anuncia medidas como la prohibición de nuevas instalaciones de feedlots (engorde de bovinos a corral).
2014: Movilizaciones en Defensa del Agua y la Vida y contra el proyecto de minería a cielo abierto Aratirí.
2015:
» Incorporación de los Humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
» Eventos de contaminación (grandes floraciones de cianobacterias) en Laguna del Sauce, Maldonado. La comunidad se organiza y reclama. El expresidente Tabaré Vázquez reconoce la situación, exonerando por dos meses el pago de los servicios de agua.
» Los reiterados eventos de mal gusto y color del agua en Montevideo generan que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presente el “Plan de acción para la protección de la calidad ambiental y las fuentes disponibles para agua potable en la cuenca del Santa Lucía”.
2017: Se inicia una campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego, impulsada por la FFOSE y la CNDAV. Se considera que se viola el artículo 47 de la Constitución, ya que se habilita a los privados a embalsar aguas e invertir en sistemas de riego, alterando el ciclo hidrológico de las cuencas. En 2018 se entregan 300.000 firmas, no llegando al mínimo necesario para el referéndum.
2018:
» Eutrofización cuasi permanente en el río Negro. Investigadores de la Udelar advierten sobre lo alarmante de la situación si no se toman medidas.
» Publicación del “Plan de acción para la protección de la calidad ambiental de la cuenca del río Santa Lucía, medidas de segunda generación”.
2019: En enero, masivo afloramiento de cianobacterias en toda la costa, llegando desde Carmelo (Colonia) hasta La Paloma (Rocha).
2020: El Movimiento Uruguay Soberano inicia campaña de recolección de firmas contra el contrato secreto entre el gobierno y UPM II.
2021: Se presenta oficialmente el proyecto en Tambores (Tacuarembó) sobre la instalación de una planta de hidrógeno verde y derivados. Las fuentes de aguas subterráneas integran el sistema acuífero Guaraní.
2022:
» El gobierno decreta la emergencia agropecuaria ante la sequía, brindando créditos a los productores.
» Se conforma la Coordinación por el Agua, donde diversas personas y colectivos comienzan a trabajar y unificar fuerzas. En el año siguiente será protagonista en las movilizaciones y asambleas abiertas durante la “crisis hídrica”.
2023:
» Enero. Varias organizaciones y científicos/as alertan por las inminentes consecuencias de la Niña; la sequía comienza a ser visible y piden tomar acciones para evitar desabastecimiento de agua potable.
» Mayo. Movilización para que el gobierno tome medidas, ya que es notorio el sabor salobre del agua y la falta de acceso a agua potable.
» Junio. El gobierno declara la “emergencia hídrica” en el área metropolitana. Como medida concreta se impulsó la exoneración impositiva para el agua embotellada.
» Julio-agosto. Aumentan las movilizaciones bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”.
» Agosto. El gobierno decreta el fin de la “emergencia hídrica”, ya que las precipitaciones cubrieron los mínimos de los reservorios de potabilización del agua.
» Adjudicación del proyecto Neptuno, que pretende construir por parte de privados una planta de potabilización de agua en Arazatí, sobre las costas del estuario (salobre) del Río de la Plata.
» El Ministerio de Ambiente multa a la propia OSE por vertidos irregulares sin tratamiento y coliformes fecales en el arroyo Carrasco (Canelones), efluentes domésticos en Trinidad, y aguas de tratamiento en La Paz (Canelones). También advirtió a OSE Maldonado por la constante vertida irregular sobre el arroyo Tarariras, que presenta constantes floraciones de cianobacterias.
2024:
» El Ministerio de Ambiente aplica multas a UPM II por vertidos de soda cáustica sobre arroyos y ríos, y la empresa suma siete multas desde que comenzó su operación.
» La Justicia accede a suspender provisoriamente las obras del proyecto Neptuno. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Udelar cuestionan la falta de evidencias y argumentos de sustentabilidad de la obra, ya que solamente el lugar geográfico se caracteriza por tener considerables niveles de salinidad y permanentes floraciones de cianobacterias. En noviembre, esta decisión de la Justicia de primera instancia fue revocada por un Tribunal de Apelaciones.
El evento de 2023 no fue solamente una crisis hídrica, sino una crisis de agua potable, que es conceptualmente muy diferente.
Conclusiones
La gran pregunta de cómo pasamos a ser ejemplo mundial y pioneros en introducir todos los conceptos desarrollados en el artículo 47 de la Constitución y hacerlo por el mecanismo de democracia directa con una aprobación histórica, a pasar a ser la primera capital en quedarse sin agua potable en el siglo XXI, no es nada sencilla de responder. Se entremezclan varios factores: a) cierta confianza depositada en gobiernos progresistas con mayorías parlamentarias desde 2005 a 2019; b) ocultamiento y falta de acceso a la información acerca de la calidad de las aguas y reservorios; c) una gran maquinaria propagandística que promovió más la fe en que lloviera que medidas de planificación y gestión ante los anunciados eventos climáticos. Esa maquinaria tornó en la crisis hídrica de 2023 a individualizar las situaciones, para no hacerse cargo de la ausencia de gestión con indicadores climáticos que eran muy claros al menos desde 2020. Mucha gente “compró” el discurso de que la sequía nos llevó a esta situación anómala y sólo la lluvia haría posible la normalización.
En este contexto, surge entre las organizaciones sociales el concepto de que “no es sólo sequía, es saqueo”, con el que se pretendía reconocer que existía un evento asociado a la Niña y su naturaleza (déficit hídrico), pero que fundamentalmente hubo una continua falta de planificación y entrega de los recursos naturales y del agua. Lo contrario a lo refrendado en el artículo 47 de la Constitución; continuó prevaleciendo el orden económico sobre el social. El evento de 2023 no fue solamente una crisis hídrica, sino una crisis de agua potable, que es conceptualmente muy diferente.
Si bien hubo una sequía que duró tres años (2020-2023), siendo el pasado el de su máxima expresión, hubo cuencas que nunca tuvieron déficit hídrico: La Sierra de las Ánimas, a 100 kms de Montevideo, alberga a tres grandes embotelladoras privadas de agua que no tuvieron dificultad alguna en el suministro durante la crisis hídrica. Increíblemente, la clasificación hidrogeológica de esos acuíferos es “improductivos”, según la Dirección Nacional de Minería y Geología.
El acuífero Guaraní ha sufrido exploraciones de petróleo, de gas, ahora de hidrógeno verde, pero el orden social de abastecimiento de agua no ha sido ni siquiera puesto en consideración. Otros acuíferos más locales comienzan a ser utilizados para abastecimientos de agua, pero se presentan otros problemas; el balance hídrico hace que sea limitada su capacidad de extracción y, por otro lado, la contaminación de las aguas y suelos superficiales está afectando directamente a los acuíferos.
Otro de los problemas tiene que ver con las escalas: la cuenca como unidad hidrográfica es una selección; ahora bien, es más que saludable que las comunidades se organicen para discutir, gestionar y crear en sus territorios. El problema es que lo territorial también es nacional y, cada vez más, regional. Los pueblos lo saben, por eso intentan intercambiar experiencias y encontrarse.
Las experiencias de alternativas al modelo de producción hegemónico encuentran en la agroecología una vía sustentable y real que muchas comunidades comienzan a practicar. Pero los problemas son similares, en cuanto a la disponibilidad de aguas y de sistemas de riego que viabilicen los proyectos productivos agroecológicos y su calidad. Ni que hablar de la disponibilidad de tierras productivas y libres de fertilizantes y químicos en general, cada vez más difíciles de encontrar debido al aumento de concentración de tierras destinadas a la forestación, a la soja y a commodities en general.
Como ejemplo, basta recordar el rechazo de Alemania y países europeos a la miel uruguaya por detectar alta presencia de glifosato. Los apicultores se quedaron con 7.000 toneladas depositadas por esta situación.
Por último, quiero terminar con algo que escuché del ingeniero químico Ignacio Stolkin, que con total transposición didáctica científica dijo que el olfato y el gusto son mecanismos de defensa. Y ahí comenzó todo, con la gente que comenzó a dudar del estado del agua de sus canillas y a organizarse para hacer práctica aquella frase de que el agua es vida.
Fabrizio Beorchia es docente de Geografía y participó en la CNDAV. Se puede acceder a un mapa interactivo de los conflictos por el agua en Uruguay realizado por el autor a través del siguiente enlace: https://viewer.mapme.com/f76c5b26-899a-4203-af49-a63c388a5e18.