Los derechos de las personas con discapacidad en Uruguay: logros, brechas y desafíos

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El presente artículo resume sucintamente los principales hallazgos de un estudio sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Uruguay¹ a partir de la definición consagrada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificada por nuestro país en 2008. La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre es un momento oportuno para reflexionar sobre hacia dónde ir para alcanzar una sociedad más inclusiva, sin importar la condición de las personas.

El objetivo de la investigación cuyos principales resultados se presentan aquí² fue reunir la información disponible sobre las personas con discapacidad, con especial énfasis en la opinión de las organizaciones y personas involucradas en el tema. En este sentido, el primer hallazgo relevante fue la ausencia de fuentes de información completas y actualizadas que den cuenta de la realidad de las personas con discapacidad en Uruguay mirada bajo una perspectiva de derechos.

Con este punto de partida se sumaron dos innovaciones metodológicas a las tradicionales técnicas de relevamiento de información: una encuesta a todas las personas que participaron en un ciclo de formación que abordó distintos aspectos de los derechos de las personas con discapacidad (instancia en la que se obtuvieron 268 casos), y la identificación de todas las personas con discapacidad registradas en el Sistema Integrado de Información del Área Social (Siias), que permitió obtener no sólo un importante caudal de información sobre el volumen y las características de las personas con discapacidad en el país, sino también sobre el acceso a distintas prestaciones y logros en materia educativa y laboral.

Para ser coherentes con el propósito del informe, los resultados se presentan siguiendo las opiniones de las personas con discapacidad consultadas (ver gráfica 1).

La educación como prioridad clave y el empleo como demanda urgente

El 50% de las personas con discapacidad encuestadas considera que la educación es el área clave que debería mejorarse para garantizar sus derechos y dignidad en nuestro país. Al combinar todas las fuentes, la investigación muestra que la principal preocupación es la educación. En ese mismo sentido, los datos señalan que entre las personas con y sin discapacidad continúan existiendo importantes brechas en la matriculación, la asistencia y los logros educativos debido a las barreras que persisten fuertemente en el sistema educativo.

Una transición inconclusa entre el paradigma de la educación especial y el de la educación inclusiva, la fragmentación y la falta de recursos de apoyo adecuados para la inclusión y los efectos duraderos de los gestos de discriminación en los centros educativos –desde nimias señales hasta la negación al acceso–, que padecen las personas con discapacidad y sus familias, son algunas de las interpretaciones que hacen los actores involucrados sobre este fenómeno.

Con respecto a las demandas destacadas, más de la mitad de las personas con discapacidad encuestadas está de acuerdo con que la necesidad prioritaria es la posibilidad de acceder a un trabajo (51,9%). En esta línea, apenas el 7% del universo de personas con discapacidad de entre 15 y 59 años se encuentra formalmente inserto en el mercado de trabajo (de acuerdo con los datos del Siias). La inserción laboral formal de las personas con discapacidad alcanza su máximo porcentaje entre los 25 y los 29 años (23%), para luego descender rápidamente en los siguientes tramos. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que, en Uruguay, persisten importantes dificultades para que las personas con discapacidad puedan acceder al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Información, género y discapacidad psicosocial como temas destacados

De acuerdo con las personas que contestaron la encuesta, la principal brecha de accesibilidad tiene que ver con la información (42,6%). Asimismo, las fuentes consultadas coinciden en señalar la ausencia de una accesibilidad plena en el transporte, en el entorno físico, la información y la comunicación y en los espacios abiertos al público para las personas con discapacidad, principalmente en el interior del país. Por otro lado, también señalan la inexistencia de un órgano nacional que se ocupe de supervisar y sancionar el incumplimiento de los estándares de accesibilidad.

Los prejuicios, el estigma, la ignorancia, la discriminación, la falta de empatía y las barreras culturales y actitudinales debido a la falta de información, conocimiento y comunicación adecuados con respecto a los derechos y la situación real de las personas con discapacidad son los aspectos relacionados con la información más mencionados. Puntualmente, varias de las personas con discapacidad encuestadas consideran que la brecha mayor se da en las distintas concepciones con respecto al tema, entre quienes mantienen una visión centrada en las carencias y la carga que suponen para el resto de la sociedad y quienes pueden apreciar el potencial desarrollo de una sociedad accesible y sin barreras.

En la opinión de los propios protagonistas, en Uruguay, las personas con discapacidad psicosocial son las que se encuentran más marginadas, con menor representación y mayores problemas de inclusión. Según todas las fuentes consultadas, se trata del grupo con los mayores niveles de exclusión y la menor representación en los distintos ámbitos de la vida social. En ese sentido, las carencias en materia de atención a la salud mental en Uruguay pueden ser factores que contribuyen a la baja visibilidad, el estigma y la mayor exclusión de las personas con discapacidad psicosocial. En particular, vinculadas a las dificultades para avanzar en la desinstitucionalización de las personas internadas y el desarrollo de servicios de apoyo adecuados para la vida en comunidad.

Por otra parte, las mujeres con discapacidad sufren una mayor vulneración de derechos en áreas clave como el empleo y la salud sexual y reproductiva, así como una mayor desprotección frente a la violencia basada en género, en comparación con el resto de las mujeres.

En material laboral, si bien todas las personas con discapacidad tienen dificultades para lograr insertarse, los obstáculos son mayores en el caso de las mujeres, en las que sólo el 4% de aquellas que tienen entre 15 y 59 años se encuentran formalmente insertas en el mercado de trabajo, frente al 9% de los varones en el mismo tramo de edad. A su vez, los datos del Siias permiten observar que, aun contando con mejores desempeños educativos, la brecha entre varones y mujeres está presente a lo largo de toda la trayectoria vital y se torna especialmente importante entre los 20 y los 29 años, etapa de mayor inserción (ver gráfico 2).

Asimismo, de acuerdo con el análisis de Sol Scavino sobre los principales resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones en Uruguay, hay una fuerte exclusión de las mujeres con discapacidad del sistema educativo y del mercado laboral, lo que hace que sean el ámbito familiar y la pareja escenarios principales para el ejercicio de la violencia basada en género. La mayor violencia que reciben en estos ámbitos se asocia con el aislamiento en el que despliegan sus vidas, producto de las barreras del entorno y los estereotipos, que llevan a que no habiten los espacios públicos como las demás niñas y mujeres. A su vez, la ausencia de casos de interrupción voluntaria del embarazo entre las mujeres con discapacidad genera preguntas acerca de cuál es el acceso que tienen a la información sobre esta posibilidad y, más en general, sobre las motivaciones y apoyos en torno a la maternidad en las mujeres con discapacidad.

Para la participación efectiva

El 42% de las personas con discapacidad encuestadas piensan que la voluntad política es el principal factor a mejorar para lograr una mayor participación en las decisiones y programas que les incumben. Según sus opiniones, para alcanzar una participación efectiva de las personas con discapacidad, los actores políticos necesitan “decidir”, “trabajar”, “habilitar”, “escuchar”, “dar seguimiento”, “convocar”, “involucrar”, “dar lugar”, “dialogar”, “negociar” e “integrar”.

El informe identifica en la voz de las partes involucradas un amplio consenso alrededor de la idea de que Uruguay aún no ha encontrado una institucionalidad clara y potente para avanzar en el logro de los mandatos que plantea la Convención. El contexto legislativo y político de nuestro país es el de una aparente contradicción entre un desarrollo relativamente completo en materia de normativa por los derechos de las personas con discapacidad y la vigencia de un importante conjunto de institutos, sistemas y mecanismos de discriminación, que sostienen brechas considerables entre las condiciones de vida de las personas con y sin discapacidad en el país.

A esto se le agrega la discusión y aprobación parlamentaria de los proyectos de ley para la existencia de un baremo único de valoración de la discapacidad en el país y el de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, dos iniciativas de enorme valor, plenamente alineadas con el mandato de la Convención y con las recomendaciones del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, a pesar de ser de los avances más importantes de los últimos años, son legítimas las preocupaciones que existen acerca de la disponibilidad de recursos y la capacidad institucional para su aplicación efectiva.

Con respecto a los servicios de apoyo específicos, el estudio encuentra que el temprano desarrollo del estado de bienestar en Uruguay consolidó las transferencias monetarias y los servicios de internación residencial –bajo una lógica de beneficencia– como las principales respuestas para las personas con discapacidad. Uruguay no logra quebrar la lógica asistencial hacia otra basada en garantizar el ejercicio del derecho a la vida independiente y el principio de autonomía, ni avanzar en el desarrollo de programas universales de asistencia personal u otros servicios de apoyo en la comunidad, así como tampoco en el acceso masivo a ayudas técnicas, en ambos casos, que no dependan fuertemente de la capacidad de pago de las familias y las reglas de mercado.

Por otro lado, diversos estudios han señalado la alta proporción de personas con discapacidad que viven en condición de pobreza. Entre las explicaciones para el fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza se pueden identificar factores como los altos costos de la discapacidad que recaen en los hogares –por el sobrecosto de la discapacidad–, los bajos niveles educativos de las personas con discapacidad, los serios problemas de accesibilidad y movilidad urbana, y la baja participación o precaria inserción en el mercado laboral. Además, ante la falta de los apoyos necesarios, esta realidad se agrava afectando al resto de los miembros del hogar, sobre todo a las mujeres en su inserción laboral y educativa, y reduciendo aún más las posibilidades de evitar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el hogar.

A modo de síntesis, si bien hay avances para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Uruguay, todavía existe un largo listado de desafíos que nuestro país debe superar para lograr que todas las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y puedan vivir en igualdad de condiciones que con los demás.

Francisco Terra Padrón es sociólogo y consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para el proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD).