En Uruguay pasan tres meses, y aun cuatro, entre las elecciones nacionales y la asunción presidencial. Esto facilita el proceso de transición entre las autoridades salientes y las entrantes, pero también hace posible que las primeras –en especial cuando la transición implica un cambio de orientaciones– cedan a la tentación de extralimitarse, con decisiones que resultan impertinentes después de una derrota en las urnas.
El Ministerio de Educación y Cultura decidió convocar a una nueva prueba para el reconocimiento universitario de títulos de formación docente, que se realizará en vísperas de la entrega de mando de Luis Lacalle Pou a Yamandú Orsi. Las autoridades actuales saben muy bien que el gobierno entrante no quiere continuar con este procedimiento y tiene el compromiso de retomar el proyecto de Universidad de la Educación. En estas circunstancias, insistir hasta el último día con las cuestionadas acreditaciones es por lo menos de mal gusto.
Hay movimientos para que queden presupuestadas en el Estado personas a las que se contrató por motivos políticos. En estos días trascendió la intención de hacerlo en la Comisión Administradora del Río Uruguay, pero no se trata del único caso. Luego, los clientelistas volverán a reclamar que se reduzca la cantidad de funcionarios.
El actual oficialismo habló mucho, cuando era oposición, del déficit estatal. Prometió erradicarlo mediante una nueva regla fiscal, que aprobó mediante la ley de urgente consideración, pero hoy la situación es muy similar a la de 2019, sólo que con mayores niveles de gasto y de deuda, y el Ministerio de Economía amplió la semana pasada, por tercera vez en este período de gobierno, el tope de endeudamiento neto del gobierno central. Parece que los afanes de “reducir el peso del Estado”, malheridos por la cercanía de las elecciones, ahora son rematados por la desidia de quienes hacen sus valijas.
In extremis, el Poder Ejecutivo quiere dejar “atado y bien atado”, como decía el dictador español Francisco Franco, el muy cuestionado y costoso proyecto Neptuno, una falsa solución a los problemas de abastecimiento de agua potable al área metropolitana que sólo beneficiaría a intereses privados. Aquí hay una responsabilidad directa de Lacalle Pou, quien ya manifestó su intención de firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo y crear un hecho consumado, contra la voluntad del equipo de gobierno entrante y comprometiendo recursos que se podrían dedicar a iniciativas más eficaces y sustentables.
Por último, aunque hay más ejemplos, esta semana Lacalle Pou puso en juego su peso político para que la mayoría de los directores oficialistas de Ancap, contra la voluntad del presidente Alejandro Stipanicic, descartaran de antemano la posibilidad de participar en la producción de hidrógeno verde en Paysandú, dejando todo en manos de privados. El proyecto es polémico por varios motivos, pero lo único aceptable a esta altura era dejar las decisiones en manos de quienes fueron elegidos para tomarlas, sin abusar de la confianza que la ciudadanía ya le retiró a este gobierno.