Dadas las cifras crecientes de pobreza en nuestro país, será necesario que en el próximo período de gobierno se instrumenten diferentes propuestas para combatir los efectos más duros de las políticas neoliberales implementadas, que impactan fuertemente dentro del sistema educativo, particularmente en infancias y adolescencias.
Una necesidad de primer orden es que en los centros de educación media se brinde alimentación. Está claro que la tarea de los docentes es educar, sin perjuicio del compromiso social manifiesto de maestros y profesores. Esta responsabilidad asumida quedó en evidencia cuando en plena pandemia grupos de docentes financiaron y entregaron canastas con alimentos a estudiantes y funcionarios en situación vulnerable, en circunstancias en las que el Estado no se hacía presente. Lamentablemente este escenario de insuficiencia alimentaria se sigue repitiendo en la actualidad, y es la respuesta organizada de los docentes lo que muchas veces cubre esta problemática dentro de los centros educativos. En consecuencia, es pertinente que mientras estas necesidades básicas de los estudiantes no se encuentren satisfechas, en los centros de estudios de educación media se brinde alimentación con el presupuesto y personal adecuado para dicha tarea.
El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) denominado “Estimación de la pobreza por el método de ingreso” para 2022 estableció que 99 de cada 1.000 personas en Uruguay se ubican por debajo del nivel de pobreza, no superando el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.1
Discriminando los datos por tramo etario, el 19,7% de las personas en situación de pobreza son menores de seis años, el 18% se ubica entre los seis y los 12 años, y el 16,2% entre los 13 y los 17 años. Se observa que el porcentaje de niños en situación de pobreza entre seis y 12 años es cercano al porcentaje de la franja entre 13 y 17 años, edad en que estos jóvenes deberían estar cursando educación media.
Asimismo, el “Segundo informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares”, fechado en noviembre de 2023, elaborado por el INE, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, con el asesoramiento del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, expresa que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzó el 19,1% en los hogares con menores de 18 años. Es decir, cada 1.000 hogares con menores de 18 años, 191 experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave.
Los resultados surgen de incorporar en la Encuesta Continua de Hogares un módulo específico que incluyó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés). Dicha escala da indicios de la capacidad de las personas para acceder a los alimentos y permite identificar diferentes grados de severidad de la inseguridad alimentaria.
En otro orden, el “Informe Uruguay de las Pruebas PISA 2022”, cuyos resultados se hicieron públicos recientemente, da cuenta de que poco menos de uno de cada diez estudiantes de 15 años reporta en 2022 haber dejado de comer al menos un día a la semana por no haber en su hogar suficiente dinero para comprar comida (7%). En tanto, esta realidad es más frecuente en las escuelas técnicas de UTU: alcanza al 14% de los jóvenes de 15 años que asisten a este subsistema.
Las evidencias científicas dan cuenta de una emergencia impostergable: atender la alimentación de determinados estudiantes que cursan en centros educativos de educación media. Con hambre no se puede pensar.
Es decir que las evidencias científicas dan cuenta de una emergencia impostergable: atender la alimentación de determinados estudiantes que cursan centros educativos de educación media. Con hambre no se puede pensar.
Programa de Alimentación Escolar
Según consta en la última Rendición de Cuentas presentada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en 2022 el crédito asignado ascendió a 90.780 millones de pesos aproximadamente. El presupuesto de la ANEP proviene de tres fuentes de financiamiento: Rentas Generales (92%), Recursos de Afectación Especial (7,3%), que son recursos propios del organismo, y Endeudamiento Externo (0,7%).
La alimentación escolar se financia con el impuesto de educación primaria y se gestiona a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). En 2022, el gasto ejecutado a través del impuesto mencionado representó el 93,2% del total del gasto ejecutado en la financiación de Recursos con Afectación Especial, lo que ha significado 4.402 millones de pesos.
El artículo 272 de la ley de Rendición de Cuentas promulgada en 2022 posibilitó que el impuesto de enseñanza primaria pueda financiar gastos asociados a la alimentación de los alumnos que asisten a modalidades educativas de jornada ampliada de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES). Este artículo habilitó a que se ejecutaran créditos del impuesto mencionado en alimentación para estudiantes de los centros María Espínola, lo que ha significado un avance.
El desglose del impuesto de primaria para el rubro alimentación fue el siguiente: 3.171 millones de pesos para la DGEIP (72,3 %), 48,7 millones para la DGES (1,1%), y 54,8 millones para la DGETP (1,2%). El restante 25,4% del impuesto de primaria (aproximadamente 1.144 millones de pesos) se destina a unos 20 ítems, entre ellos limpieza de escuelas y oficinas, transporte escolar, abono de transporte a docentes, reparación y mantenimiento de escuelas, etcétera.
Por otra parte, la DGES, en forma independiente del PAE, ejecutó como gasto en alimentación un monto de 87,8 millones de pesos en modalidad de servicio tercerizado (desayuno + almuerzo) y partidas varias a liceos. Sumando los beneficiarios del gasto anterior (2.368 alumnos) a los atendidos por el PAE se llegó a 6.290 estudiantes beneficiarios en educación secundaria.
Asimismo, en la DGETP el gasto por alimentación fue de 80,2 millones de pesos, prestación brindada por modalidad de servicio tercerizado a granel y bandejas, así como alimentación para internados. Sumando los beneficiarios del gasto anterior (1.396 alumnos) a los atendidos por el PAE, resultan 5.419 estudiantes atendidos en este subsistema.
No obstante, si comparamos la cantidad de estudiantes de educación media que recibieron alimentación en 2022 (11.709 jóvenes), con los 191.789 niños beneficiarios de educación inicial y primaria, observamos un claro desbalance entre ambos niveles educativos. Atendiendo a los índices de pobreza que se mantienen en los dos niveles educativos, y que la matrícula de educación inicial y primaria es similar a la matrícula en educación media, se concluye que es absolutamente necesario implementar en el próximo período de gobierno un programa de alimentación que abarque a los estudiantes de educación media.
El caso de Finlandia
A fines de la década de los años 40 del siglo XX, en Finlandia se aprobó y entró en vigor una ley que establecía comidas gratuitas para todos los alumnos del sistema educativo. Inicialmente, las comidas escolares servían para paliar la pobreza y la desnutrición de un país devastado por la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el sistema de alimentación escolar se ha convertido en una referencia a nivel mundial que hace parte importante del éxito educativo de ese país nórdico.
Frecuentemente se ha asociado a Finlandia con los buenos resultados educativos en las Pruebas PISA; no obstante, los finlandeses están orgullosos y hacen énfasis en su sistema de alimentación escolar integral y gratuito que brinda una comida caliente diaria en todos los centros educativos de educación inicial, primaria, media básica y media superior, mucho antes de la existencia de las pruebas implementadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El hecho de que el servicio sea universal, de que se brinden las mismas opciones alimenticias para todos los educandos promoviendo la salud y la igualdad, forma parte de los principios educativos que establece la ley de educación de ese país. La alimentación en los centros educativos constituye una herramienta pedagógica que ayuda a socializar en esos espacios y compartir buenos hábitos alimenticios, contribuyendo de importante manera al bienestar, a la capacidad de aprendizaje, así como al desarrollo saludable de niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, es una inversión en igualdad y futuro.
El Centro de Recursos y Salud de la Unesco expresa en su página web la importancia del programa de alimentación escolar finlandés. Como síntesis de esas políticas, la Agencia Nacional de Educación de Finlandia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, han recopilado por primera vez las lecciones aprendidas en un documento integral titulado “Comidas escolares para todos. Alimentación escolar: inversión en un aprendizaje eficaz - caso Finlandia”, que puede ser consultado por el lector en este enlace, y del cual es posible extraer importantes aprendizajes.
Emergencia y políticas integrales de alimentación en la educación pública
Si bien Uruguay puede comenzar a pensar en delinear políticas integrales de alimentación como parte de un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo, resulta evidente que en primer lugar se debe atender la emergencia que se nos presenta actualmente.
Está meridianamente claro que los niños que egresan de educación primaria, en su mayoría, no tienen un régimen de alimentación similar para educación media básica. Si bien ya existen modalidades de tiempo completo en educación media, resultan todavía insuficientes. El proceso para incrementar significativamente este tipo de centros (liceos de tiempo completo, centros educativos asociados, escuelas agrarias de UTU y centros María Espínola creados en la presente administración) será a largo plazo y sería apropiado que esta sea una política de Estado que trascienda los ocasionales gobiernos de turno. Mientras tanto, habrá que buscar alternativas adecuadas con los centros educativos existentes.
En lo que refiere a la construcción de futuros nuevos centros educativos de educación media que cuenten con modalidad de tiempo completo, el desayuno, el almuerzo y la merienda deben estar garantizados, así como los espacios físicos adecuados para tal fin. En aquellos centros que no tengan esta modalidad ni la infraestructura necesaria, y en donde existan alumnos provenientes de los contextos socioeconómicos más afectados, pueden implementarse otras alternativas, desde que los alumnos vayan a los comedores de educación primaria –situación ya existente, aunque deberían agilizarse los procesos administrativos entre ambos subsistemas– hasta proveer un sistema potente de viandas y colaciones que brinde respuesta a estas necesidades básicas, o becas de cantinas para todos los alumnos que lo necesiten. Otra opción podría ser la implantación en número suficiente de construcciones móviles destinadas a comedores, similares a las aulas móviles, pero con otra finalidad, que podrían ser instaladas rápidamente en los centros educativos donde los espacios y la infraestructura existente lo permitan. Alternativamente se podría implementar convenios con instituciones sociales vecinas que cuenten con los espacios adecuados para tal fin. Diversas pueden ser las modalidades para atender esta emergencia, que no se agotan en las enumeradas.
Con la finalidad de elevar significativamente el número de prestaciones alimenticias en la educación media, es condición sine qua non contar con un presupuesto mayor. En lo que va de esta etapa del actual gobierno se ha registrado en la ANEP un recorte en la asignación del presupuesto acumulado (2020, 2021 y 2022, respecto de 2019) de 7.670 millones de pesos.2 Vale decir que, si en el próximo período de gobierno se vuelve como mínimo a los niveles reales de asignación de 2019, y en función de esa línea de base se incrementa el presupuesto para la educación tendiendo hacia el 6% del PIB, existirá una buena plataforma para empezar a abatir en la medida de las posibilidades de la ANEP las consecuencias más duras de un sistema social que excluye, segrega y genera pobreza.
Walter Fernández Val es profesor de Matemática egresado del IPA y se desempeña en el Consejo Directivo Central desde 2006. Hasta 2010 como asesor del presidente del Codicen, doctor Luis Yarzábal, y desde 2010 a la fecha integrando los equipos de los consejeros electos propuestos por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (PIT-CNT). Es miembro del Grupo de Reflexión sobre Educación.