Estimado Bergara, discrepo: la seguridad social es un derecho

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La seguridad social es un derecho. ¿Quién la paga? Los que tienen más a los que tienen menos, como es desde hace casi dos siglos en los países de Europa occidental y hasta hoy en Uruguay.

El 10 de abril, la diaria publicó un resumen de la exposición de Mario Bergara, exprecandidato a la presidencia por el Frente Amplio, en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Las discrepancias comienzan en el enfoque del tema; para Bergara el principal problema es “la sustentabilidad fiscal” y para los que juntamos firmas es el ejercicio de un derecho, para toda la población: envejecer disfrutando de tiempo libre con un ingreso básico.

La canción es la misma

Todos los derechos de los trabajadores tienen un costo para los patrones, y estos en la discusión repiten los mismos argumentos, desde el fondo de la historia hasta nuestros días, desde los países en que emergía el capitalismo hasta Uruguay: no se puede pagar, las empresas van a quebrar, el capital se va a fugar; las consecuencias serán el desempleo, el hambre, la crisis.

Las objeciones de las patronales a las ocho horas para los trabajadores rurales son recientes y no requieren citar antecedentes. Las objeciones a la ley de ocho horas del gobierno de José Batlle y Ordóñez también son muy conocidas. En ambos casos se trataba de lo mismo, un derecho de los trabajadores asalariados que aumentaba los costos para los patrones.

Estamos muy lejos de la época en que los niños tenían que trabajar y seguir hasta la muerte, nadie se atreve a sostener esta crueldad. Pero sigue siendo tema de discusión qué parte de su vida tienen que entregar los trabajadores a los patrones, con distintas formas: cuántas horas por día, desde las 12 de mediados del siglo XIX hasta las ocho a principios del XXI; seis días por semana hasta que se consiguieron cinco y se discute una nueva reducción; 12 meses por año hasta que se logró la licencia remunerada; y en el Uruguay de hoy, cuántos años de trabajo al servicio del patrón.

En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, se debatía sobre la reducción de la jornada de trabajo de 12 a diez horas¹. Los dueños de las fábricas se oponían argumentando que el efecto sería la quiebra, pero la duración del trabajo se redujo en forma permanente en todo el mundo. No fue el resultado del cambio de manera de pensar de los patrones y los políticos que expresaban sus intereses; se logró con luchas de los trabajadores organizados que fueron imponiendo el reconocimiento de sus derechos.

En Uruguay en 1923 las organizaciones rurales manifestaron su oposición al proyecto que fijó el salario mínimo del trabajador rural (Ley 7.550 del 15 de febrero de 1923). La Federación Rural, entre otros argumentos, expresó que el salario propuesto superaba el doble del que se pagaba en ese momento, por lo que podría determinar el éxodo de los pequeños estancieros a Brasil y Argentina, y que el trabajador rural estaba en mejores condiciones que el urbano porque tenía casa y comida segura. También la Asociación Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural enviaron notas oponiéndose al proyecto (Plá Rodríguez, 1956).

Algunos años después, en 1941, las cámaras de Industria, Nacional de Comercio y Mercantil de Productos del País crearon una comisión para oponerse a los proyectos de ley de fijación de salarios mínimos legales y a la participación de los trabajadores. Proponía consejos integrados por dos miembros del Ministerio de Industria y Trabajo y uno de las cámaras (Frega et al., 1985).

La Cámara de Industrias manifestó su oposición a los aumentos de salario aprobados por la Ley 10.542 del 20 de octubre de 1944, mientras no funcionaban los consejos, considerando que “iba a provocar un enorme encarecimiento y que los salarios habían ido aumentando paulatinamente, en la medida permitida por las posibilidades desde 1939 hasta la fecha” (Plá Rodríguez, op. cit.: 459).

Las asociaciones representativas del empresariado del comercio y la industria se opusieron al proyecto de ley de creación de consejos de salarios tripartitos desde 1912 considerando que los acuerdos entre sindicatos y patrones se deberían alcanzar sin intervención de la ley. Mantuvieron su punto de vista en 1942 cuando la comisión investigadora sobre condiciones de vida, trabajo y salarios de los obreros presentó un proyecto de ley de creación de los Consejos de Salarios Tripartitos para la industria y el comercio; “después de estar incluido en el orden del día, varias entidades patronales como la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Liga de Defensa Comercial, el Centro de Navegación Transatlántica y el Centro de Almaceneros Minoristas presentaron una nota formulando diversas objeciones” (Plá Rodríguez, 1956).

La defensa del ahorro individual

Bergara desarrolló otros fundamentos de su oposición al proyecto de plebiscito en los que, lamentablemente, se apoya en información de mala calidad. Si tuviera en cuenta los comunicados del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social², podría modificar su punto de vista. Las cuentas individuales seguirán teniendo nombre y apellido, no se diluyen en un fondo común; los recursos los administrará un ente público; la papeleta no consolida privilegios; por el contrario, los limita.

Su argumentación incorpora opiniones que van más allá de la seguridad social cuando señala que en tiempos de crisis “los gobiernos apelan a cuanta caja encuentran cerca, excepto que haya restricciones institucionales”, y recordó que en la década de 1960 y 1970 el Banco de Previsión Social quebró por el manejo de la crisis y el manejo clientelístico que se hacía con esos fondos”.

Dos líneas de discrepancia con este argumento. En primer lugar, manifiesta una profunda desconfianza en la capacidad del gobierno, incluyendo el probable del Frente Amplio, que es tan abarcativa que se puede referir a toda la actividad pública. En segundo lugar, el proyecto de plebiscito propone restricciones a la discrecionalidad de los gobiernos; no será suficiente con una mayoría de 50 diputados y 16 senadores para recortar los derechos de los trabajadores; en situaciones de crisis las pasividades no serán una variable de ajuste. Cuando cita antecedentes va a la década del 70, es decir, que hasta los gobiernos burgueses aprendieron a no dilapidar los fondos de la seguridad social y ese aprendizaje estuvo también obligado por la reforma de 1991, que impuso como criterio de ajuste de las pasividades el aumento de salarios del año anterior.

Las AFAP se apoyan en una circulación de dinero absurda y en un fundamento inmoral. El absurdo es que el Banco de Previsión Social junta la plata, se la entrega a las AFAP y estas se la devuelven al gobierno comprando deuda pública, cobrando intereses. ¿No sería razonable que ese dinero lo administrara un ente público?

La inmoralidad está en que las AFAP permiten evadir el criterio redistributivo que tiene el establecimiento de un tope a las jubilaciones que paga el BPS. Como los pasivos cobrarán una renta que les pagará el Banco de Seguros del Estado, que se suma a la jubilación con tope que paga el BPS, estos pasivos evadirán el tope y una parte de su aporte no contribuye a la redistribución.

Hay recursos para financiar

Dos destacados investigadores del “mainstream”, Marmissolle y Willebald (2023), concluyeron que desde la década del 90 hasta 2019 los beneficios, delimitados como ingresos de los propietarios excluyendo la renta de la tierra, presentan una tendencia ascendente, lo que implica que el período de gobierno progresista no los redujo. Cabe observar que la metodología que utilizan, calcular los beneficios como residuo, permite concluir que los ingresos del capital son mayores teniendo en cuenta los que registra la Dirección General Impositiva y los ingresos del capital extranjero que registra el Banco Central del Uruguay en la Balanza de Pagos.

Olesker (2024) estimó que los trabajadores transfirieron al capital “2.100 millones de dólares, tres puntos del producto”, en tanto que el mismo cálculo realizado “para los jubilados me da unos 600 más, o sea que si tomáramos activos y jubilados estaríamos cerca de los 3.000 millones de dólares”. De los tres puntos del producto, dijo que todo ese valor creado por el trabajo de los asalariados “fue al sector empresarial, eso es lo que permite que la ganancia empresarial se haya reconstituido, como lo dicen los indicadores del Banco Central sobre las ganancias de los exportadores: el pelotón trabajando para los ‘malla oro’”.

Desde 2008 hasta 2014 la distribución del ingreso entre grupos sociales presentó ligeras fluctuaciones, los ingresos del capital se ubicaron en un promedio anual de 16.100 millones de dólares anuales, los de obreros y empleados en 9.759 y los de pasivos en 4.741. La estimación de los ingresos del capital se realizó con información tributaria que permitió superar la insuficiente captación de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, la inclusión de los ingresos del capital extranjero y la desagregación de la masa salarial identificando los ingresos de obreros y empleados (Notaro, 2018).

La lucha continúa

En el Uruguay de principios del siglo XXI la lucha de clases trasciende los aspectos económicos y se proyecta en las demandas de medidas del gobierno en los más diversos campos. Los intereses de clase y los puntos de vista que los expresan se pronuncian sobre la regulación de los medios de comunicación o la responsabilidad penal empresarial que sanciona con cárcel los crímenes del capital. El proyecto de ley promovido por el sindicato de la construcción (Sunca) enfrentó a las organizaciones de los patrones, a diarios como El País y El Observador, a catedráticos de la Universidad de Montevideo entrevistados por los canales de televisión que la declararon inconstitucional y presionaron a la Suprema Corte de Justicia. También se manifiesta groseramente en las políticas de ajuste que para lograr el objetivo de estabilizar los precios o de pagar la deuda externa proponen contener o rebajar en términos reales los salarios y el gasto público, transfiriendo las pérdidas del capital a los sectores populares.

En el debate sobre la seguridad social se trata de tiempo de trabajo, de años de vida libre o sometida al capital.

Jorge Notaro es contador público jubilado.

Referencias

• Frega, A; Maronna, M y Trochón, I (1985). Baldomir y la restauración democrática (1938-1946), Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
• Marmissolle, P y Willebald, H (2023). “Distribución funcional del ingreso en Uruguay (1908-2019). Metodología de cálculo y construcción de las series”. Serie Documentos de Trabajo, DT 12/2023. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Uruguay.
• Notaro, J (2018). La distribución social del ingreso: el caso de Uruguay, 2008-2014. Cuadernos del Claeh, 37, 107: 11-37. DOI: https://doi.org/10.29192/CLAEH.37.1 En: http://claeh.edu.uy/publicaciones/index.php/cclaeh/issue/current
• Olesker, D (2024). m24.com.uy/los-trabajadores-transfirieron-al-capital-tres-puntos-del-pib/ (26/2/24)
• Plá Rodríguez, A (1956). Los salarios en Uruguay: su régimen jurídico, Libro Segundo. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo. Sec. III LXXXIII, dos tomos, 1.366 páginas, Montevideo.