El Estado uruguayo fue convocado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar explicaciones sobre el constante hostigamiento a fiscales desde altos cargos políticos y de gobierno. La Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU) tuvo que llegar al extremo de una denuncia ante esa comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), acompañada por otra ante la Relatoría para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas, después de protestar reiteradamente en Uruguay sin que el acoso cesara.
Fue un bochorno para el país que las malas conductas denunciadas tuvieran que ser expuestas ante un organismo internacional, y peores aún resultaron las exposiciones de las personas designadas por el gobierno para intervenir en la audiencia, en las que no sólo pretendieron justificar las agresiones, sino que además las reiteraron, actuando en nombre del Estado.
Gastón Gianero, por el Ministerio de Educación y Cultura, y el exlegislador Washington Abdala, representante permanente de Uruguay ante la OEA, arguyeron que los cuestionamientos sistemáticos a fiscales se realizaron en el marco democrático de la libertad de expresión, y que las personas que ocupan cargos públicos deben aceptar que están expuestas a críticas.
Abdala intentó culpar a la Fiscalía o a fiscales por las filtraciones a medios de comunicación en varios casos con repercusiones políticas, pese a que nadie ha probado cuáles fueron las fuentes y hay otras tan posibles como verosímiles. También se hizo eco de otras acusaciones sin pruebas, al insinuar que las investigaciones se llevan adelante a distintas velocidades, según cuál sea la filiación partidaria de las personas indagadas.
Las quejas planteadas a la Comisión Interamericana no se deben a la expresión de discrepancias jurídicas, sino a que se ha acusado públicamente a numerosos integrantes de la AMFU, e incluso a la Fiscalía como tal, de cometer delitos con intencionalidad política. De este modo se ha socavado en forma grave la credibilidad de una institución clave para la convivencia democrática.
Desde el mismo oficialismo que tipificó como delito agraviar o insultar a “la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas”, mediante la ley de urgente consideración aprobada en 2020, se agravia y se insulta en reiteración real a integrantes del Ministerio Público. Se les asignan intereses partidarios, pero se maneja como presunta solución que los partidos tengan sus representantes en una conducción colectiva de la Fiscalía.
Las dilaciones no afectan sólo los casos que involucran a dirigentes políticos o funcionarios de confianza, sino también los de muchísimas otras personas sin poder ni prestigio, por la sencilla razón de que la reforma del proceso penal aprobada en 2017 se ha implementado con recursos muy insuficientes, al igual que otras normas de contenido muy elogiable que en los hechos no se cumplen. Esto no es, por supuesto, culpa de la Fiscalía, sino de quienes la mandaron a la guerra con un tenedor y ahora la difaman.