En la vida de las naciones hay momentos decisivos. Aplicada a las instancias electorales, la aseveración puede lucir grandilocuente. Aunque transitamos tiempos en los que las opciones que se ofrecen a la ciudadanía suelen presentarse como opuestas, muchas veces las elecciones son instancias en las que se definen cambios en las grandes orientaciones de las políticas públicas, cambios que los consensos y los mecanismos institucionales tornan graduales y equilibrados.
La polarización política, la fortaleza y calidad institucional y la situación y perspectiva económica y social del país son tres factores a la hora de evaluar la relevancia de una elección. Dicho todo esto, parece claro que la jornada del domingo 28 de julio será decisiva para Venezuela.
Elecciones, divino tesoro
Diría más, y este (y no otro) es el objetivo de estas líneas: en el caso de Venezuela, la relevancia de la elección no refiere al resultado stricto sensu. Es tanta la polarización, es tan grande el cuestionamiento a la calidad institucional y tan profunda la crisis económica y social, que la clave reside en que las fuerzas políticas en pugna –el oficialismo liderado por el presidente Nicolás Maduro, que va por su segunda reelección (y tercer mandato) y la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia– acepten, cualquiera sea, el resultado electoral.
Para ello, y habiendo aceptado la oposición participar en la contienda, es necesario que la jornada electoral se desarrolle “normalmente” y que todos los votos sean contados en tiempo y forma. La responsabilidad en la “limpieza” y transparencia de la jornada reside en el gobierno y en la institución electoral.
Mucho se podría decir de las condiciones en las que se llega a esta instancia –por ejemplo, acerca del (tortuoso) proceso de habilitación y registro de candidatos, la (escasa) habilitación para votar de los ciudadanos que viven en el exterior, el (agresivo) clima político imperante, la presencia (o ausencia) de misiones electorales extranjeras, sobre el sistema de conteo de votos, etcétera–, pero lo cierto es que, afortunadamente, la oposición aceptó participar.
Es la economía
En el plano económico, Venezuela transita un proceso de recuperación de la actividad, luego de su desplome. El PNUD-Venezuela (agencia de Naciones Unidas) proyecta un crecimiento anual del producto bruto interno del 4,2% (en 2023 ya había crecido 2,6%) y una inflación anual en torno al 30% (“lo que sería un logro significativo después de nueve años reportando tasas de tres dígitos o más”). El punto es que, en el período 2013-2021, la economía se contrajo, en forma acumulada, el 76,1%.
En el plano social, el informe dice que “al comparar el ingreso mínimo integral (salario mínimo + cesta ticket alimentación) con el costo de la canasta básica del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), que comprende 61 productos para una familia de tres personas, se observa que, en marzo de 2024, el ingreso mínimo integral representaba apenas el 5% del valor de la canasta básica (543,9 dólares)”.
Pero, quizás (y sin quizás) la magnitud de la crisis se aprecia a partir de la emigración. De acuerdo con el “Informe semestral de 2023” de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “a nivel mundial, a mitad de 2023, el 87% de todas las personas refugiadas provenían de tan sólo diez países. Poco más de la mitad de las personas refugiadas a nivel mundial son afganas, sirias o ucranianas”. En el ranking de los “países de origen de refugiados, personas en situación similar a la de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional”, en el cuarto lugar, y después de países destruidos por guerras de agresión y/o guerras civiles (Siria, Afganistán y Ucrania), figura Venezuela, con 5,6 millones de ciudadanos en tal condición.
Obsérvese que menos de 70.000 fueron los venezolanos que, estando en el exterior, lograron sortear las exigencias del organismo electoral, y podrán ejercer su derecho al voto.
La región te precisa
La posibilidad de iniciar un proceso de reinstitucionalización y de recuperación económica en Venezuela es una necesidad para la región. Por oposición, un escenario de continuidad de la crisis implica problemas, por ejemplo, para una Colombia que precisa estabilidad en su frontera para continuar consolidando su proceso de paz. Por otro lado, una eventual continuidad del flujo migratorio en las penosas condiciones actuales es, además de un drama para los venezolano/as, un problema para diversos países de la región, y para Estados Unidos. Existe también la posibilidad de un enfrentamiento entre Venezuela y Guyana por la rica región del Esequibo, enfrentamiento que podría ser estimulado por un gobierno bajo constante tensión interna.
La posibilidad de iniciar un proceso de reinstitucionalización y de recuperación económica en Venezuela es una necesidad para la región.
Por otro lado, está la contribución de los liderazgos y movimientos progresistas regionales con el logro de un anclaje democrático para Venezuela. En abril de este año, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula, trabajaban en una fórmula que les daría garantías a las partes en pugna. “Le transmití al presidente Lula una propuesta que también fue transmitida al presidente Maduro y a la oposición”, decía el presidente Petro. Se trataría de un referéndum que se haría en simultáneo con la elección y que, según Petro, buscaría “un pacto democrático” por el cual el perdedor de las elecciones tenga “certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas”. La iniciativa no prosperó, pero refleja la preocupación y la clase de fórmula que se estaba (¿se sigue?) manejando.
La transición
Partiendo de la base de que la jornada electoral del 28 de julio sea ejemplar y el resultado aceptado por las dos partes, el evento debería ser el inicio de una transición. Lógica de “transición” que se debería prolongar durante el período que comprende las elecciones legislativas y regionales de 2025.
Si Maduro es nuevamente reelecto, debería asegurar las garantías políticas e institucionales para que la oposición se integre al juego republicano. Cualesquiera sean las orientaciones políticas de un nuevo mandato de Maduro (que estaría presidiendo el país desde 2013), difícilmente Venezuela logre salir de la crisis en un marco de continuidad de la confrontación política y, por otro lado, de sanciones, principalmente las impuestas por Estados Unidos, que restringen gravemente su inserción económica internacional. Ello requeriría que un eventual nuevo mandato de Maduro debería ser, en términos institucionales, distinto a los anteriores.
Si gana la oposición, también se abre un nuevo escenario, y no sólo por su orientación política. Existe un largo período hasta la toma de posesión, que se produciría el 10 de enero de 2025, y durante el cual el marco institucional continuaría dominado por el actual oficialismo (predominio que, hasta las próximas elecciones parlamentarias, se mantendría en la Asamblea General). Durante ese período se precisaría, también, de una conducción firme y, a la vez, conciliadora.
Por supuesto, todo puede irse al diablo. Me refiero a escenarios, que sectores del oficialismo anuncian desde tiempo atrás, en los que la oposición denuncie un fraude inexistente o, por el contrario, en los que el oficialismo manipule en su beneficio, con los instrumentos del aparato estatal a su disposición, el discurrir de la jornada electoral y/o, directamente, su resultado. Así de intensa es la confrontación política y débil la institucionalidad, así de extremas son algunas de las posiciones (como lo fueron las censurables declaraciones del presidente Maduro en relación con un posible “baño de sangre”). Y así de alertas deberían estar los actores nacionales e internacionales interesados en que la jornada electoral no alimente una escalada de enfrentamientos sin fin.
Quizás como antídoto ante los escenarios más terribles parece razonable que los actores políticos discutan (como lo estarían haciendo) la posibilidad, necesidad y/o conveniencia de que se le otorguen garantías políticas y judiciales a un conjunto de figuras que, en caso de ganar la oposición, saldrían del gobierno.
La tarea es aún más complicada: el presidente Maduro y otras figuras del gobierno enfrentan acusaciones judiciales en Estados Unidos y, por otro lado, el propio Maduro tiene un proceso en curso en la Corte Penal Internacional.
Se trata de negociar una transición. Una transición que todos los actores, nacionales e internacionales, deberían desear que comience, como prerrequisito, con una jornada electoral limpia.
Gabriel Papa es economista y fue asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas.