Entre muchos efectos y consecuencias, durante la pandemia se perdieron infinidad de puestos de trabajo, aumentó la mortalidad materna, se redujo el acceso a los métodos anticonceptivos, aumentaron las horas del cuidado infantil y familiar, haciendo que la desigualdad entre hombres y mujeres se profundizara. Eso tiene un costo que en el Instituto de Economía de la Universidad de la República (Udelar), en convenio con Cotidiano Mujer y con el apoyo de ONU Mujeres, las economistas Verónica Amarante, Andrea Vigorito, Paola Azar y Jessica Schertz pudieron calcular.
El Estado uruguayo contrajo durante la pandemia una deuda de 1.996.000 millones de dólares con las mujeres del país. A nivel laboral fueron 500 millones de dólares, por trabajos no remunerados, 1.344 millones de dólares, y por prestaciones no efectuadas, 152 millones de dólares.
La pandemia de covid-19 mostró con lentes de aumento los costos que representa cuidar y sostener la vida. Algunos de los componentes de esos costos fueron visibles para el gobierno, para el sistema político, se difundieron en la prensa, se juzgaron suficientes o insuficientes, pero fueron visibles porque se expresaron en términos monetarios. Por ejemplo, todos podemos saber el monto en el que se reforzaron las transferencias no contributivas por Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (AFAM-PE) y Tarjeta Uruguay Social (TUS), aunque no se adoptaron medidas orientadas a la expansión de su cobertura. También podemos conocer cuánto significó el impuesto sobre el salario de los funcionarios públicos no pertenecientes al sector de la salud y las remuneraciones de jubilados y pensionistas cuyos ingresos superaban los 120.000 pesos mensuales.
Sin embargo, una vez más, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, principalmente realizado por las mujeres en los hogares –aunque no fue el único trabajo que contribuyó a sostener la vida sin una retribución económica: considérese el papel de las ollas populares, llevado adelante también en alta proporción por mujeres–, tendió a pasar desapercibido por los actores políticos. Por lo común, se le reconoce el componente afectivo de ese trabajo, pero no se visualiza y no se contabiliza económicamente. En el caso de lo ocurrido durante la pandemia, no se expresó ningún tipo de reconocimiento en el discurso del gobierno ni se incorporó la importancia de la corresponsabilidad dentro de los hogares por el trabajo doméstico y de cuidados.
A pesar de ser acreedoras de esa importante deuda, las mujeres seguimos haciéndonos responsables por la sostenibilidad de la vida de integrantes de los hogares, dependientes y no dependientes.
Nuevamente la articulación academia-movimiento feminista hizo una valorización económica del trabajo no remunerado de las mujeres y su contribución a superar la pandemia. Las estimaciones indican que el total de la deuda fue equivalente a 1,9% del PIB en 2020 y 1,4% en 2021 correspondiente a la pérdida de puestos de trabajo, más el valor de las horas de trabajo no remunerado de varones y mujeres en tareas de cuidado (a menores de edad) y tareas domésticas y en concepto de transferencias que deberían haberles llegado a los hogares y no lo hicieron.
El impacto de la pandemia se tradujo en efectos adversos concentrados en las mujeres debido a las persistentes desigualdades sociales y de género presentes en la sociedad. Las mujeres de los estratos más vulnerables fueron las que sufrieron las mayores pérdidas, ya que los hogares con ingresos relativamente más bajos de la población fueron los que tuvieron la peor situación relativa.
A pesar de ser acreedoras de esa importante deuda, las mujeres seguimos haciéndonos responsables por la sostenibilidad de la vida de integrantes de los hogares, dependientes y no dependientes. Pero insistimos en evidenciar nuevos argumentos al debate sobre las implicancias de las desigualdades de género en oportunidades y resultados.
¿Quién se va a hacer cargo de honrar la deuda con las mujeres uruguayas? ¿De qué forma? El Estado tiene que invertir para superar esta deuda, ampliando y mejorando la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, así como en acciones orientadas a reducir las desigualdades de género en todas las áreas, económicas, sociales y políticas.
Alma Espino es economista.