En campaña electoral es frecuente que los candidatos y candidatas expresen en su programa diferentes iniciativas para luchar contra el narcotráfico. Uruguay no es la excepción, ya que hay mucho para hacer al respecto. Aunque es poco probable pensar en la erradicación del tráfico de drogas mientras no exista una regulación específica y las medidas giren exclusivamente en torno a la prohibición.
Sin embargo, hay algunas medidas preventivas que pueden contribuir a interrumpir el ciclo del narcotráfico y disminuir el rol que tiene en nuestro territorio como una plaza de tránsito hacia otros países del continente y el resto del mundo. Se podría aumentar la cantidad de radares en las zonas fronterizas para tener un mayor control del tráfico aéreo, reducir significativamente los topes para las transacciones en efectivo para mitigar el lavado de dinero y estudiar los plazos de extradiciones vinculados con narcotraficantes, para evitar que Uruguay sea un refugio seguro para delincuentes, que en los últimos tiempos han constituido puntos de apoyo con clanes locales, cuyas actividades ilícitas impulsaron la delincuencia en los barrios, aumentando en forma ostensible la inseguridad ciudadana.
Pero la realidad indica que más allá de medidas preventivas, hay que generar cambios en la superestructura del Estado para que brinde herramientas a funcionarios especializados en un combate implacable contra este flagelo que en países cercanos ha perforado al sistema público, construyendo una estructura de poder basada en la corrupción.
En muchos países se ha implementado una Policía Judicial especializada en estos temas y específicamente orientada a la lucha contra el narcotráfico. Porque narcotráfico y corrupción van de la mano.
El narcotráfico ha encontrado las vías para corromper al Estado. Hay varios ejemplos que ilustran esta situación, desde un contenedor que no pasa por el escáner a una camioneta que viaja llena de estupefacientes eludiendo los controles aduaneros, y pueden ponerse muchos otros ejemplos de similares características. Porque cuanto más se corrompe al Estado, más beneficios tiene el narcotráfico. La corrupción permite, sin que nadie se entere, que se avise a alguien que lo van a detener o que algún delincuente se entere de que va haber un allanamiento en un depósito lleno de estupefacientes. Es así. Parecería que todo lo puede el dinero.
En muchos países se ha implementado una policía judicial especializada en estos temas y específicamente orientada a la lucha contra el narcotráfico. Porque narcotráfico y corrupción van de la mano. En Uruguay no existe una policía judicial que específicamente actúe contra la corrupción, como en otros países, y que en esas naciones ha tenido mucho éxito. Es algo que debemos analizar seriamente en materia presupuestal para dotarla de recursos humanos altamente profesionalizados y tecnología de última generación.
En términos institucionales, ya que esta nueva policía no debería estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, debemos consensuar dónde se la implementa. Quizás sea una dependencia del Poder Judicial, o tal vez en la propia estructura del postergado Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Podría incluso estudiarse que dependiera desde el punto de vista orgánico de la estructura funcional de la Fiscalía General de la Nación, con la independencia técnica suficiente, pero bajo su ordenamiento jerárquico. Eso debe analizarse bien.
Sus funciones, o mejor dicho competencias, deberán estar marcadas por la ley constitutiva, y es importante establecer las áreas específicas de trabajo, como investigaciones de posibles corrupciones relativas al narcotráfico de gran porte, delitos contra la administración del Estado. Dotada de equipos técnicos y tecnológicos adecuados, deberá tener a su cargo la investigación, recolección de pruebas y asistencia técnica a los fiscales de la materia o el turno respectivo.
Los niveles de corrupción en Uruguay frente a otros países latinoamericanos son bajos. Pero no creo que nuestra estructura funcional e institucional pueda soportar los embates de dinero del narcotráfico. Por ello un organismo especializado que enfrente la corrupción, como la Policía Judicial, podría ser un gran primer paso para curarnos en salud.
Si seguimos haciendo las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados. Urge poner este tema en la agenda pública para cambiar la realidad y poder mirar a los ojos a nuestro pueblo, con la convicción de que la lucha contra el narcotráfico, y su corrupción inherente a él, nos permitirá construir una sociedad mejor, en paz y con libertad.
Rafael Michelini integra el Nuevo Espacio y fue senador del Frente Amplio.