La edición de la diaria del jueves 12 de setiembre nos informa de un hecho que involucra al candidato progresista a la presidencia de la República. Según la nota, este participó junto con algunos asesores en una actividad organizada por la Unesco denominada “Educación, ciencia y cultura”. Por supuesto que no concurrí a tan importante evento, por lo que desconozco cómo discurrió y qué elementos se volcaron por parte de las personas que allí estuvieron. Esta columna de opinión emerge por lo tanto ceñida exclusivamente a la información que brinda el medio periodístico en cuestión. Conclusiones que sin dudas deben constituir una síntesis muy aproximada del conglomerado de puntos de vista planteados por el presidenciable y sus acólitos.
Como es de presumir, el cuerpo central de las visiones esparcidas en el evento involucran el tema educación pública, además de otras cuestiones que probablemente se hayan incorporado a la exposición, pero que la nota no recoge. Si bien el tema educación pública no se encuentra en esta campaña electoral en el lugar absolutamente protagónico en el que se ubicó en la anterior, no deberíamos tener dudas sobre su absoluta importancia para la peripecia del país. Las propuestas de índole educativa que manejan los diferentes partidos políticos que “engalanan la fiesta electoral” se pueden ubicar en una paleta de colores que tiene escasas tonalidades. No hay por ahora, por lo menos, y estamos a un mes aproximadamente del 27 de octubre, grandes y relevantes novedades sobre los distintos planes de acción de los partidos para el qué hacer, cómo hacer y con quién hacer la educación pública.
A manera de síntesis, es posible afirmar que los partidos de la coalición, salvo la polémica que generó la “propuesta” del delfín del actual presidente sobre los dineros incentivadores destinados a las y los estudiantes para culminar la enseñanza media superior, defienden y postulan la profundización de lo que se ha dado en llamar la “transformación educativa”. Conjunto de modificaciones de heterogénea envergadura que comenzó a implementarse en marzo de 2020 a través de una de las campañas más autoritarias que se recuerden desde la dictadura, que tuvo y tiene además un componente de carácter simbólico que por alguna razón, que debemos investigar y superar, ha erosionado de manera significativa la subjetividad desafiante del conjunto de docentes de todos los niveles de nuestro país. El triunfo del gobierno en el referéndum de marzo de 2022, cristalizando la ley de urgente consideración como estructura jurídica de los cambios ideológicos de la coalición de derecha, no hizo más que confirmar las características de la ejecución de la llamada “transformación curricular integral”.
Amén de la forma de implementación de tan desopilante “transformación”, ya de por sí preocupante, es fundamental referir a su contenido. Si bien algunas de sus ideas fuerza ya estaban presentes en el ciclo progresista y en la etapa conocida como la de la “reforma Rama” de mediados de los 90 del siglo pasado, no se puede negar la claridad explícita, cuasi pornográfica, del núcleo duro del actual maremágnum transformador. Se ha instalado en Uruguay esta propuesta curricular organizada con base en competencias.
Hay que señalar que esta modalidad ya estaba presente en nuestro sistema educativo. La educación primaria fue el primer subsistema que recibió el “impacto competencial”. Pero la diferencia con la actual situación es significativa, ya que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) han logrado, con la insignificante oposición (por lo menos a nivel sindical) de las y los docentes, implantar y aplicar con total impunidad los preceptos del formato competencial, incluyendo un paquete de medidas que abarcan disímiles aspectos como la flexibilización absoluta del régimen de asistencias e inasistencias, y el cambio en el sistema de calificación, pasando de la escala del 1 al 12 a la del 1 al 10. También la modificación del nombre de las diferentes etapas de la enseñanza media, que generó la desaparición de lo que era primero, segundo y tercero de ciclo básico/ciclo básico tecnológico para ser séptimo, octavo y noveno de Educación Básica Integrada. El cambio en el nombre de los diferentes bachilleratos tecnológicos y de enseñanza secundaria, suprimiendo en esta el formato de bachilleratos diversificados presentes con innovaciones de diversa índole desde la reformulación 2006; la modificación en la carga horaria de las diferentes unidades curriculares (actual denominación de las asignaturas o materias), y la alteración, llevada a cabo en las oscuras zonas del servilismo por eminentes aduladores del poder de turno, de los programas de estas. Además de la incorporación de verdaderos adefesios curriculares dentro de la propuesta “transformadora”, como lo es “Emprendedurismo”, “Educación en patrimonio”, “Conciencia corporal y arte”, todas ubicadas en primero de educación media básica/cuarto año.
A esto hay que sumar otro de los condimentos, ya que no se termina aquí la posible enumeración de problemas: el que remite a la reducción gravitante de los contenidos académicos (o sea, el conocimiento organizado de forma escrita en libros –sí, en libros– a lo largo del tiempo, generación tras generación) a enseñar a las y los estudiantes de los distintos niveles de la educación pública. Es este quizás el problema de mayor calado que la propuesta competencial introduce al escenario educativo uruguayo. No darse cuenta de la magnitud de la crisis que se va a abrir en las posibilidades reales de aprendizaje, incorporación del conocimiento (no de la información de internet, como afirman las y los custodios de esta operación publicitaria) y la aplicación de este en los múltiples tinglados de la vida de nuestras niñeces y adolescencias es una verdadera demostración de miopía, o en el peor de los casos, de ceguera.
El avance, aunque sea de un centímetro más de la “transformación educativa”, va a consolidar la desintegración y destrucción más relevante del sistema educativo público del país en las últimas décadas.
Percibo, quizás me equivoque, cierta expectativa en el conjunto de profesoras y profesores con respecto a un posible cambio a producirse en el gobierno nacional como resultado de las elecciones de octubre, que posiblemente culminen en noviembre. Esta circunstancia acarrearía por obvias razones modificaciones en el gobierno de la educación pública. En un primer momento, la modificación sería visible en función de las personas que cumplirían esa función. La cuestión es si, además de estas, se va a visibilizar una corrección clara y relativamente profunda del rumbo de este transatlántico itinerante que es la ANEP. La interrogante emana teniendo en cuenta las declaraciones colocadas en el artículo que justifica esta columna de opinión.
En dicha nota, el presidenciable y sus eventuales asesores en materia educativa esbozan una serie de ideas que son, por lo menos, sorprendentes. Quizás lo tengan elaborado, pero no aparece de forma diáfana en sus conclusiones un análisis profundo de la “transformación educativa” y sus implicancias denodadamente negativas para nuestra educación pública, planteadas someramente en párrafos anteriores, pero desarrolladas con amplitud en un conjunto importante de publicaciones, declaraciones, informes y entrevistas a lo largo de los últimos cuatro años.
Se plantea con cierta ligereza intelectual que en caso de llegar al gobierno no se reformaría la actual reforma, ya que esta actitud sería un error porque implicaría una demostración de algo que se llama “intento refundacional”. Este gesto, según las declaraciones, tendría connotaciones negativas per se, indicando que sería inapropiado tomar este camino, ya que hay cosas que funcionan y generan consenso, y, por lo tanto, no hay que modificarlas, utilizando para esta acción un término por demás explosivo, ya que se insinúa la posibilidad del uso de la dinamita.
La perplejidad ante este tipo de declaraciones es útil para intentar ordenar las ideas y ubicarlas en una perspectiva que contenga mayores dosis de expectativa ante la siempre presente posibilidad de la incertidumbre y el desamparo. No es esta una afirmación a título individual, obviamente, trato de ubicarme dentro del conjunto de docentes que entendemos que el avance, aunque sea de un centímetro más de la “transformación educativa”, va a consolidar la desintegración y destrucción más relevante del sistema educativo público del país en las últimas décadas.
Sería prudente que el presidenciable y sus eventuales asistentes tengan bien claro que no hay nada de esta “transformación educativa” que funcione y que genere consensos (me refiero a los elementos fundamentales del proyecto, no a los detalles nimios). Deberían tener en cuenta al menos, las innumerables declaraciones de las ATD de los diferentes subsistemas, incluida la de Formación Docente, que han sido extremadamente claras en su posicionamiento crítico a la “transformación educativa”. Daría la impresión de que no es conveniente recorrer la vida desconociendo las definiciones que por amplísima mayoría hemos ido tomando las y los docentes con relación a la receta competencial, que definitivamente ha dinamitado la estructura de nuestro sistema educativo. Llegar al gobierno y no tomar decisiones francas que limiten claramente los estragos de la “transformación educativa” compromete no sólo expectativas colectivas, sino que en una escala de mayor importancia aún, arriesga de manera contundente las funciones sociales del sistema educativo uruguayo, erosionando sus alcances en el terreno de la socialización del conocimiento, con mayúscula.
No hay pactos que resuelvan este desafío.
Álvaro Ferreira es profesor de Historia.