Tentados por encender una batería de argumentos ad hominem, procuramos y reparamos en valorar el diálogo y jerarquizar la discusión pública sobre temáticas que nos interesan y que entendemos que son muy importantes para el país. Por eso, proponemos sumar algunos elementos y, por qué no, aquello que resultaba esencial en el periodismo, “agarrar el teléfono”, pero varias veces, y construir (vía diversas fuentes) la complejidad de un discurso con variantes argumentativas.
Sin embargo, no somos ajenos a las antojadizas argumentaciones de la columna “La vivienda promovida”, firmada por Martín Aguirre y publicada el 19 de enero en El País1, y nos hacemos de algunas herramientas para desarmar un discurso que, entendemos, genera una cortina de humo sobre el tema central en cuestión: la ley de Vivienda Promovida, sus impactos y la temática de la vivienda en general.
Antes de mencionar el ya público punto de vista que tiene Miles de Ciudades sobre la Ley de Vivienda Promovida, nos gustaría detenernos brevemente en la secuencia argumentativa inicial de la columna. Esta se apoya sobre la caracterización de, como dice el autor, “un pequeño grupo de irreductibles activistas” que “parece tener una obsesión por defenestrar todo lo que genera riqueza en Uruguay. La soja daña el ambiente, la forestación se chupa el agua, la industria financiera es lavado de dinero, la vivienda promovida sólo beneficia a los empresarios. ¡Ni me hables de los ganaderos!”. Tras esta caracterización, lleva al hartazgo la falacia lógica que desvía los argumentos sobre una cuestión determinada (en este caso la aplicación y los impactos de una política pública de vivienda) y se enfoca en la ridiculización de las personas que opinan en forma crítica de la aplicación de la ley: “Todo eso mientras piden otro fernet menta para acompañar esa focaccia con romero, y despotrican con gesto adusto sobre la gentrificación del Cordón”.
Entonces, ¿qué pasa cuando queremos seguir leyendo el artículo? Despejamos el humo de cable quemado e intentamos perseguir los argumentos que refieren a la Ley de Vivienda Promovida, pero nos damos cuenta de que el olor y la toxicidad del procedimiento argumental dificultan razonar honestamente, y a pesar de eso hacemos el esfuerzo por recuperar el cobre sobre algunos puntos que sí nos interesa intercambiar.
Estado de situación
Lamentablemente, son pocos y no muy buenos los datos que tenemos en Uruguay sobre la temática de vivienda. Claramente este es un desafío impostergable para la nueva gestión, la creación de un observatorio vinculado a la temática que pueda generar datos y reflexión sobre lo que podríamos llamar el ecosistema habitacional del país. Mientras tanto, repetimos algunos números ya medio viejos y poco alentadores. El actual Plan Quinquenal de Vivienda 2020-2025 (PQV) habla de un déficit cuantitativo del entorno de 60.000 viviendas, y las organizaciones sociales agregan unas 15.000 viviendas más. También nos dice el PQV que “los hogares en situación de déficit habitacional cualitativo estimado fueron de 170.000 hogares, lo que representa un 21% del total de hogares particulares”. Es decir, familias viviendo en hacinamiento, sin servicio higiénico y otras características que definen el déficit cualitativo.
La Ley de Vivienda Promovida no sólo ha estado lejos, muy lejos, de contribuir a garantizar la asequibilidad a la vivienda, sino que ha ubicado un derecho básico en el centro del intercambio comercial, y todo esto con financiación estatal.
En 2021 había 621 asentamientos (datos surgidos a partir de una solicitud de acceso a la información pública realizada por Miles de Ciudades, y último dato hasta hoy). Sólo en Montevideo viven aproximadamente 135.000 personas en asentamientos (datos del Observatorio de Asentamientos de la Intendencia de Montevideo) y en Uruguay, unas 200.000 personas.
En cuanto a las personas en situación de calle, el último censo 2023 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) arrojó un incremento de 24% de población de calle en Montevideo frente a 2021. Mientras hace cuatro años había 2.215 personas en esta situación, en 2023 saltaron a 2.755.
En Montevideo hay 250 pensiones registradas en donde viven alrededor de 5.000 personas. Se estima que si se sumaran las no registradas, ese número se duplicaría. No tenemos la más pálida idea de la situación de las pensiones en el resto del país.
Y traemos también a quienes están privados de libertad, que actualmente son unas 16.000 personas; muchas de ellas viven hacinadas y en condiciones materiales inhabilitantes para recuperarse, cambiar y muy lejos de garantizar derechos elementales. En fin, se podría seguir sobre algunos cambios culturales, como por ejemplo que somos una sociedad más inquilinizada que hace algunos años, y que el modelo cooperativo está ampliamente desarrollado pero no da abasto en su capacidad de respuesta a sectores medios y medios bajos del país.
Entonces, ¿cómo explicamos que sólo en Montevideo desde 2011 hasta hoy se hayan construido 28.7792 viviendas promovidas y no haya movido un solo dato de los que hablamos anteriormente? Bueno… claramente el objetivo de la ley, estipulado en su primer artículo, no está aconteciendo: “Art 1 (Interés Nacional). Declárase de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social, definida esta última de acuerdo a la Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968, modificativas y concordantes”.
Recordemos que el artículo 45 de la Constitución de la República establece que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
La Ley de Vivienda Promovida ha dado empleo a muchas personas, ha redireccionado la inversión privada y también pública hacia zonas de Montevideo que no la tenían. Sin embargo, no sólo ha estado lejos, muy lejos, de contribuir a garantizar la asequibilidad a la vivienda, sino que ha ubicado un derecho básico en el centro del intercambio comercial, y todo esto con financiación estatal.
Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno son integrantes del colectivo Miles de Ciudades.