Los juegos de azar en nuestro país atraviesan una situación crítica que exige con urgencia la creación de un marco regulatorio sólido, integral y actualizado. La demora en resolver o revisar todo lo vinculado a cuestiones regulatorias ha permitido que la actividad se desarrolle en un terreno marcado por la ilegalidad, la opacidad y la ausencia de políticas públicas claras, con graves consecuencias sociales y económicas. Convengamos que el accionar del Estado ha sido sumamente errático.
Uno de los principales problemas es la proliferación de máquinas tragamonedas que operan sin autorización: se calcula que existen casi diez veces más slots ilegales que habilitados en todo el territorio nacional. Esta situación no solo erosiona la recaudación fiscal y fomenta economías paralelas, sino que deja a los jugadores en un ámbito absolutamente desprotegido.
Al mismo tiempo, la falta de regulación de los juegos de casinos en línea expone a los usuarios a una total desprotección y al riesgo de adicción, mientras que el esquema vigente en las apuestas deportivas en línea es de carácter monopólico, lo que restringe la competencia, desalienta la innovación y existe el riesgo cierto del corrimiento hacia la ilegalidad.
Un argumento recurrente a favor del monopolio es que, al restringir la oferta, se reducirían los índices de ludopatía. Sin embargo, no existe evidencia empírica que respalde esta afirmación. La ludopatía responde a múltiples factores —psicológicos, sociales y económicos— y no a la cantidad de operadores existentes. Al contrario, limitar el acceso regulado podría ampliar el segmento de jugadores en plataformas clandestinas, donde no existe ningún control ni mecanismos de prevención. En otras palabras, lejos de mitigar el problema, hay una gran porción del mercado que se desplaza hacia un terreno invisible y más riesgoso.
Todo ello evidencia en varios aspectos una debilidad institucional y se requiere un Estado más comprometido tanto en políticas de control como en programas de prevención del juego adictivo. Deberían diseñarse planes de asistencia y mecanismos de contención efectivos; de lo contrario, se agravaría aún más el impacto social del problema. Peor aún, la cuestión no se visualiza como un problema serio: el Estado debería abordarlo con la responsabilidad y la seriedad que la situación amerita.
Cuando el juego ilegal supera en magnitud al mercado legal, se genera un desequilibrio que afecta tanto a la economía como al orden social. La expansión del juego clandestino reduce la recaudación fiscal, debilita los mecanismos de control y aumenta los riesgos de corrupción, lavado de dinero y adicciones no tratadas. Además, al operar fuera de los marcos regulatorios, estos espacios carecen de garantías para los jugadores, lo que agrava la vulnerabilidad de los sectores más expuestos.
En consecuencia, la prevalencia del juego ilegal no sólo distorsiona la competencia, sino que también socava la legitimidad del sistema regulatorio y la confianza pública. En ese contexto, la regulación pierde eficacia y legitimidad, y se vuelve imprescindible rediseñar las políticas públicas para equilibrar el mercado, fortalecer la fiscalización y promover la transparencia.
Los juegos de azar en nuestro país atraviesan una situación crítica que exige con urgencia la creación de un marco regulatorio sólido, integral y actualizado.
Es fundamental desarrollar campañas de concientización, organizar talleres educativos y llegar a acuerdos con distintos segmentos de la sociedad, instituciones educativas, de salud y organizaciones sociales —entre otros colectivos— para implementar acciones de prevención. Solo de esta manera será posible enfrentar el problema desde un enfoque integral, que combine regulación, control, educación y acompañamiento social.
En este contexto, se impone la necesidad de diseñar y aplicar una regulación inteligente, capaz de equilibrar la legalidad y la transparencia con la protección de los usuarios. No se trata sólo de normar, sino de hacerlo con visión de futuro, evaluando cuidadosamente las consecuencias que podría acarrear una regulación deficiente y evitando generar males mayores, como la concentración monopólica, la expansión del juego ilegal o el aumento de la ludopatía. No debería pensarse en salidas improvisadas ni en soluciones parciales, sino en una estrategia integral que garantice transparencia, control y desarrollo sostenible del sector.
Una mala regulación del sector podría generar consecuencias incluso más graves que la ausencia de una normativa. Un marco legal mal diseñado, restrictivo o poco realista puede fomentar la concentración del mercado, incentivar la expansión del juego ilegal y debilitar la confianza de los operadores legítimos y de la ciudadanía. Regular por regular no es suficiente: se debe hacerlo con una mirada estratégica, adaptada a la realidad nacional, que contemple las particularidades sociales, económicas e institucionales del país. El objetivo central debe ser reducir la ilegalidad, construir un mercado transparente y competitivo, y al mismo tiempo mantener una coherencia con los marcos regulatorios de la región, para evitar desventajas comparativas y fortalecer la integración regional en materia de control, fiscalización y juego responsable.
El debilitamiento del rol institucional, junto con la ausencia de objetivos claros y la falta de independencia estatal, constituyen factores decisivos que pueden poner en serio riesgo la efectividad de una regulación adecuada. Cuando las instituciones pierden fortaleza y autonomía, se erosiona la capacidad del Estado para garantizar la transparencia, la equidad y el cumplimiento normativo, lo que compromete directamente la posibilidad de alcanzar resultados sólidos y sostenibles en materia regulatoria.
Uruguay se encuentra considerablemente rezagado en materia de regulación de juegos de azar en comparación con otros países de la región. Mientras nuestros vecinos avanzan con marcos normativos modernos, la velocidad de los avances tecnológicos ha dejado en evidencia que las disposiciones legales vigentes fueron concebidas para un contexto muy distinto, y hoy resulta absolutamente insuficiente para responder a los nuevos desafíos que plantea esta era digital.
Si nos dejamos guiar únicamente por intereses particulares o sectoriales, el resultado será una regulación débil, fragmentada y poco efectiva. La construcción de una buena regulación requiere una mirada amplia y equilibrada, capaz de integrar las diferentes perspectivas y necesidades de todos los actores involucrados. Escuchar a cada parte no sólo enriquece el debate, sino que también fortalece la legitimidad y sostenibilidad de las decisiones. Sólo a través del diálogo y la colaboración podremos avanzar hacia normas justas, coherentes y verdaderamente beneficiosas para la sociedad en su conjunto.
El desafío es claro: construir un marco regulatorio moderno, equilibrado y socialmente responsable, que coloque el interés público por encima de cualquier otro factor y que fortalezca la institucionalidad del Estado en esta materia. Sólo así se podrá transformar al sector en una actividad controlada, transparente y sostenible, en lugar de un problema sin resolver.
Luis Gama fue director nacional de Loterías y Quinielas.