En entrevista con la diaria Radio el viernes pasado, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, entre otras cosas, informó que serían entregadas en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la casa donde vivió Elena Quinteros, que “toda su vida luchó por la educación popular”, así como otro bien, “quizás algo más polémico”: la llamada "cárcel del "pueblo".
Lazo afirmó que no quería “santuarios ni motines de guerra de nadie” y que pretendía que tales sitios tengan “vida”. Que las propiedades se incorporen a la vida cotidiana siendo cuerpos dinámicos que se integren a la sociedad actual. “Quizás sí con la marca de memoria. Aquí pasaron cosas… Pero no podemos tener inmuebles vacíos, sin que adentro haya actividad”. No puedo estar más de acuerdo con la ministra Lazo, conceptualmente. De todos modos, hay algunos obstáculos a sortear.
Resulta absolutamente extraño lo que sucedió con la casa donde vivió Elena Quinteros, la enclavada en Ramón Massini 3044 esquina Libertad. Una investigación de la periodista Rosario Touriño publicada en el semanario Brecha del 28 de enero de 2016 informa que tal vivienda pertenece al Batallón 13 del Ejército, o que esta institución, más que detentar la titularidad formal, disponía de ella. Varias son las irregularidades en cuanto a ese apartamento, aparentemente adquirido bajo la identidad falsa de la pareja de Elena en 1976, aunque al principio no fue allí donde ella vivió.
Sí parece claro que, más allá de la titularidad del bien en cuestión, allí fue secuestrada la maestra Quinteros y, también, desde allí fue conducida al sitio de terror “300 Carlos”, centro de torturas enclavado dentro del Batallón 13. Un rastreo de tal investigación referente a la titularidad del inmueble mencionado nos entera de que a partir del 18 de marzo de 1980, a través del Juzgado Militar de Primera Instancia de Primer Turno, el adjudicatario es la División del Ejército 1.
La investigación aludida demuestra que desde esa fecha, el apartamento en cuestión, y hasta hoy inclusive –con independencia de su titularidad e irregularidad–, es utilizado por el Ejército a su total saber y entender.
Por lo anterior es que aclaramos que coincidimos absolutamente con la medida anunciada por la ministra Lazo. Tal bien —irregular desde lo jurídico, pero absolutamente improcedente y ofensivo desde lo ético— no puede continuar un segundo más en poder del Ejército ni de nada que refiera a lo castrense.
Si bien tengo claro que debe salir del dominio del Ejército, no tengo tan claro si debería ir a la ANEP. ¿Qué utilidad práctica podría otorgarle dicho organismo? Es claro que no puede, por su dimensión, ser un centro educativo. Tampoco un centro de extensión. En fin... claramente, se trata de una marca de memoria.
Dada la oportunidad y el acierto de Lazo, junto a la firmeza para la medida adoptada por las autoridades de la cartera que encabeza, es tiempo de aprovechar el envión para reparar situaciones que rompen los ojos.
También anunció la titular de Defensa la entrega a la ANEP de la llamada "cárcel del pueblo". Nada de lo que allí sucedió es rescatable. Torturas, secuestros, delaciones, traiciones. Nada. Pero tampoco debe ser olvidado. Y así, fue incluido dentro de los sitios de la memoria. Al igual que en el caso anterior, nuevamente aplaudimos a la ministra Lazo y a las autoridades competentes, aun sin tener claro que sea la ANEP el mejor destinatario de dicho bien, por parecidas razones al caso del bien anterior.
Entendemos que, dada la oportunidad y el acierto de Lazo, junto a la firmeza para la medida adoptada por las autoridades de la cartera que encabeza, es tiempo de aprovechar el envión para reparar situaciones que rompen los ojos, que ya no se sostienen ni deben sostenerse.
A partir de las medidas adoptadas por el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez en 2005, existió un avance en la búsqueda de algo más que la verdad: la búsqueda de los restos de los compatriotas detenidos desaparecidos, cuyo hallazgo traería un mínimo alivio en medio de tanto dolor.
Así se comenzó a hacer y, aunque me comprenden las generales de la ley, buena cosa es reconocer el trabajo de la Comisión Para la Paz, creada en el año 2000, tan solo cinco años antes, a iniciativa del presidente Jorge Batlle.
Fue entonces, a partir de 2005, que se empezó la búsqueda de los restos de los llamados “desaparecidos”. Así fueron descubriéndose, a través de sus huesos, las identidades de Luis Eduardo Arigón Castel, de Amelia Sanjurjo, de Julio Castro y de Ricardo Blanco, todos ellos en el Batallón 14. También en el predio de otro batallón, el 13, aparecieron los restos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier.
Si bien tales hallazgos alivian y otorgan un sitio físico donde homenajear su memoria, a su vez, nos llenan de frustración. Aún quedan militares con vida que conocen el destino de quienes murieron desde la práctica del terrorismo de Estado, pero el repugnante pacto del silencio impide que conozcamos más identidades y, por tanto, tener más alivio.
Los años transcurren y, si bien la búsqueda continúa y deberá continuar hasta hallar al último representante de la barbarie, sabemos que cada día serán más los familiares que finalizarán sus vidas con el inenarrable dolor de no haber encontrado a sus hijos y hermanos.
Entendemos, y así lo planteamos con anterioridad, que los sitios donde se han encontrado las identidades de los nombrados más arriba no deben continuar bajo propiedad militar y menos aún ser sitios donde se imparta preparación marcial. Si hay algo en lo que nuestro país es rico es en tierras disponibles para sustituir y, de paso, racionalizar la extensión de los predios dedicados a actividades militares.
Las nuevas generaciones no deben formarse pisando los huesos de compatriotas muertos desde el horror; tampoco el grupo de profesionales que realiza las búsquedas que devienen en identidades descubiertas merece ejercer la tarea en predios bajo el mismo dominio que tuvo al perpetrarse el espanto. Pero si existe algo a lo que no tenemos derecho, es a que, una vez hallados y reconocidos los restos, los familiares que queden deban transitar por esos predios bajo el mismo mando de quienes torturaron, mataron, enterraron y continúan ocultando.
Que cada sitio sea un sitio de paz, de reflexión y hasta de producción, si es que el destino a otorgarle a los predios mencionados así lo permitiere. Tenemos la oportunidad; es un paso más. Un gran paso.
José Pablo Franzini Batlle es delegado en la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo (CTMFM). Es fundador de República Batllista, Frente Amplio.