La investigación del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero sugiere que la orden fue dada por el narcotraficante Sebastián Marset, y es oportuno señalar que este podría estar preso desde hace casi cuatro años, pero sigue prófugo. Las causas de esta situación nos las recordó, la semana pasada, el inicio de un sumario administrativo al excanciller Francisco Bustillo y a Carlos Mata, quien fue su mano derecha en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Y queda mucho por aclarar.
Pasaportes y celulares
En setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Turquía con un pasaporte paraguayo falsificado. Antes había intentado obtener un pasaporte uruguayo, que le fue negado porque tenía dos causas judiciales abiertas. En el momento de su detención en Dubái, esas causas estaban cerradas, y Marset aprovechó la ventana de oportunidad para tramitar de nuevo el documento uruguayo, por intermedio del abogado Alejandro Balbi.
El consulado uruguayo en Dubái sugirió que el MRE esperara el desenlace del proceso judicial en Paraguay por falsificación, y el entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, le comentó a su par del MRE, Carolina Ache, que Marset era “un narco muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” que lo liberaran. Quizá tenía presente, entre otras cosas, la participación uruguaya en una investigación conjunta con Estados Unidos y Paraguay por tráfico de cocaína hacia Europa.
Sin embargo, el pasaporte fue otorgado y enviado a Emiratos Árabes Unidos por valija diplomática. Su expedición fue invocada por la defensa del narcotraficante para facilitar que fuera liberado. Cuando se emitió una orden internacional de captura contra Marset, él ya se había ido de Dubái con su documento uruguayo.
En agosto de 2022, la decisión de otorgarle ese pasaporte fue motivo de una interpelación a Bustillo y al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quienes alegaron que un decreto de José Mujica los había obligado a expedir el documento. Esa norma permitía hacer lo que se hizo, pero también dejaba abierta la posibilidad de retrasar el trámite y la de no entregar un pasaporte común, sino uno válido solamente para regresar a Uruguay.
En noviembre de 2023, Ache declaró en Fiscalía que antes de la interpelación se realizó una reunión de jerarcas en la que se decidió ocultarle al Parlamento el contenido de sus comunicaciones con Maciel y que luego Bustillo le sugirió que “perdiera” su celular para que no quedara rastro de esas comunicaciones (de este diálogo aportó una grabación).
En cambio, la subsecretaria entregó en el MRE un registro ante escribana del contenido de su celular, para cumplir con lo dispuesto por el Poder Judicial. Al día siguiente, el asesor presidencial Roberto Lafluf convocó a Ache a una reunión con él y Maciel en la Torre Ejecutiva, recomendándole que entrara por el garaje para no ser vista.
Según el testimonio de Ache, nunca desmentido, en esa reunión la presionaron para que borrara el intercambio con Maciel de su celular y lo hizo, pero Lafluf también le dijo que tenía que hacer un nuevo registro notarial sin esos datos, a lo cual se negó. Al día siguiente, le reiteró al asesor que no haría lo que este había pedido, Lafluf le pidió un momento para hablar con el presidente Lacalle Pou, y luego la llamó para decirle que en tal caso iba a tener que volver a presentar la documentación, porque él la había destruido.
Hechos recientes y perspectivas
En una investigación dispuesta este año por el canciller Mario Lubetkin, Mata admitió que, antes de la reunión convocada por Lafluf y por orden de Bustillo, le llevó a Lafluf el primer registro notarial entregado por Ache. Lubetkin, además de disponer que se iniciaran sumarios a Mata y Bustillo, trasladó los resultados de la investigación a Fiscalía.
El escándalo causado por las revelaciones de Ache determinó que Bustillo, Heber, Maciel y Lafluf renunciaran a sus cargos. Lacalle Pou reconoció que él había pedido que se realizara la reunión entre Lafluf, Maciel y la subsecretaria, para que se acordara “una línea única de trabajo y de acción”, y que había pasado un par de minutos “a saludar”. En marzo de 2024, afirmó que en todo el proceso del pasaporte se había actuado “de acuerdo a la ley” y que su exasesor se había “comido un garrón gigante”.
Lafluf fue asesor de Álvaro Delgado en la campaña electoral. Bustillo estuvo ocho meses de licencia antes de pasar a desempeñarse como asesor sobre asuntos políticos en el MRE. Lacalle Pou, en los últimos días de su mandato, intentó sin éxito nombrarlo embajador en Perú.
Mata fue representante de Uruguay ante la ONU en Ginebra hasta que Lubetkin lo sustituyó, y pasó a ser asesor del senador nacionalista Carlos Camy. Maciel asesoró al vicepresidente nacionalista de Ancap, Diego Durand.
En mayo de este año se supo que después de la feria judicial de invierno el fiscal Alejandro Machado citaría a declarar a Ache, Bustillo, Mata, Maciel y Lacalle Pou.