Los nombres públicos sustentan valores, ideas políticas y hasta ideologías, o al menos lo que es importante para una sociedad. El nombre “Día de la Raza” es un resabio de rancia colonialidad excluyente y ofensiva. Mantener ese nombre es, en términos políticos, como si tuviéramos un “Día de la Dictadura” o un “Día del Racismo”: una conmemoración discriminatoria, incoherente con el sistema democrático y con el compromiso de derechos humanos que nuestro país dice defender.
Esta denominación hace apología del hispano blanquismo en desmedro de los indígenas y africanos sometidos por potencias europeas durante el imperialismo invasor del siglo XV, glorifica la colonización de España en las llamadas Américas, el genocidio indígena y africano, la trata esclavista, el robo de tierras y riquezas naturales con efectos devastadores y perpetuos como el racismo estructural y la enorme desigualdad latina y caribeña en el goce de los derechos. Habla de jerarquías culturales y étnicas, de supremacías raciales, es nazifascismo aplicado.
Ya cambiaron ese nefasto nombre en varios países del mundo poscolonial. Seguro España tiene cuestiones de las que enorgullecerse y no de crímenes de lesa humanidad como estos que protagonizaron ellos y otros países europeos, que además no prescriben, de los cuales sus estados podrían responder penalmente en la actualidad según el derecho internacional.
Entonces, ¿qué hace Uruguay todavía con un feriado llamado con el nombre que recuerda una masacre y a sus perpetradores? Mostremos y demostremos apego democrático por la justicia social y contemplación de derechos humanos honrando la república y dando señales de revisar lo que está mal para corregir, y no dar chance a que se repitan dinámicas perversas de la ley del más fuerte, de celebrar la agresividad y la opresión, de tener como paradigma la inequidad, etapas supuestamente superadas de la historia de la humanidad.
Toda esa violencia implícita trae los 12 de octubre el Día de la Raza, y por eso hay que erradicarlo de nuestro lenguaje nacional. En tiempos en que ya no sabemos cómo combatir las violencias, su aumento como flagelo social, causas y demás, lo que no ayuda a erradicar, contribuye a aumentar. ¿Nos damos el lujo de seguir con un nombre racista en nuestro calendario de feriados?
Eventualmente se podría cambiar por ley. Es una posibilidad, como lo intentamos hace casi 15 años y fracasamos con total éxito, o por ahí existe la posibilidad de que los organismos de educación y cultura puedan elevar una resolución fundamentada y se pudiera lograr por decreto o por un acto de gobierno. Los colectivos aludidos activos ya opinaron, la academia también, el nombre sugerido es “Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente”; consta en actas del Parlamento, Carpeta 1724/2012. Sería importante que la discusión se diera donde sea.
Es una pequeña reparación simbólica y, entre la casi nada, es algo. Brindaría además la oportunidad a los cuerpos docentes en ámbitos educativos de crear conciencia crítica sobre el tema. La opinión pública podría tener algo para decir. No aceptar la injusticia como dada y listo, somos seres pensantes y en evolución. Si tenemos y ejercemos ciudadanía en un sistema republicano, siempre podremos cambiar para bien, y bienvenidos sean los matices y diferencias de criterios. No estigmaticemos el debate, que es una forma sana de dirimir discrepancias y llegar a síntesis.
Los nombres públicos sustentan valores, ideas políticas y hasta ideologías, o al menos lo que es importante para una sociedad. El nombre “Día de la Raza” es un resabio de rancia colonialidad excluyente y ofensiva.
El nombre “Día de la Raza” hace apología de la “raza hispana conquistadora”, “descubridora”. Mentiras. Sabían bien lo que había y salieron a saquear, robar y asesinar, depredar e imponer su cultura al llamado “Nuevo Mundo”. ¿Entonces?
La discusión sobre esta fecha no es menor ni simbólica solamente. Implica decidir qué valores queremos transmitir como sociedad, especialmente a las nuevas generaciones. ¿Qué efecto tiene seguir “normalizando” un día que enaltece un proceso de invasión, genocidio y esclavización? Uruguay, país que aún enfrenta altos índices de violencia –machista, racista, social–, no puede permitirse reproducir la brutalidad como “homenaje histórico” mientras se reclama paz y convivencia democrática.
El proyecto de ley Carpeta 1724/2012, primero impulsado por el diputado Esteban Pérez y luego retomado y desarchivado por quien suscribe este artículo, cuenta con apoyo de organizaciones afrodescendientes, indígenas y académicas. Es decir, la sociedad civil ya dio su aval: no requiere costos económicos ni esfuerzos administrativos extraordinarios, sólo voluntad política. Sin embargo, más de una década después, el Parlamento sigue sin resolver el cambio.
En otros países, el 12 de octubre se transformó en Día de la Resistencia, Día de los Pueblos Originarios, Día de la Diversidad Cultural o incluso Día de Duelo. La coincidencia es clara: no se celebra una masacre ni un genocidio. Uruguay, en cambio, continúa sosteniendo una denominación que valida la supremacía racial, en un contexto de racismo institucional persistente.
La política no puede ser indiferente a la historia ni a las demandas de las poblaciones que aún sufren sus consecuencias. Cambiar el nombre del 12 de octubre no borrará el pasado, pero sí contribuirá a reparar simbólicamente una herida abierta y a fortalecer una democracia que se construye sobre el reconocimiento de la verdad y la igualdad.
La democracia se nutre de las diferencias, del diálogo, de la confrontación de ideas. Negarse al debate es una forma de censura y de violencia simbólica. Uruguay debe decidir si quiere seguir atado a símbolos de muerte y sometimiento, o si se anima a enarbolar banderas de paz, justicia e inclusión. Como dijo una activista afro: “Las fechas son banderas; ¿qué país queremos mostrar cuando todavía celebramos el racismo como si fuera parte de nuestra identidad nacional?”.
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el Grupo Atabaque por un país sin exclusiones, fundado en 1997.