Por estas horas, se dio a conocer una información relevante y perentoria para el deporte en general y para el fútbol en particular. El Banco de Previsión Social (BPS) está notificando a clubes de fútbol de las divisionales A y B respecto de deudas millonarias con el organismo.
Son pocos los clubes que están al día con los aportes. No es una situación novedosa ni reciente.
Durante los gobiernos del Frente Amplio se ofrecieron alternativas a los clubes para regularizar y ordenar los aportes al BPS de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, etcétera. En particular, hubo una propuesta que se presentó a partir de la denuncia de un árbitro ante el BPS, por aportes impagos de la Liga Universitaria de Deportes (LUD).
Las denuncias ante el BPS pueden ser genéricas o nominadas. Si la denuncia es nominada, el organismo investiga solamente el caso del denunciante. Si la denuncia es genérica, examina la generalidad. En aquella oportunidad, el BPS solicitó a la LUD la información de la situación laboral de los árbitros correspondiente a los últimos diez años.
En el deporte la informalidad es la regla, lamentablemente. Si el BPS se pone riguroso y las denuncias se acumulan, tenemos que cerrar prácticamente todos los clubes y federaciones.
El entonces presidente del BPS tomó ese caso como un punto de partida para intentar regularizar la situación en todo el deporte. Advertimos respecto de las consecuencias en caso de hacerlo de manera abrupta y generalizada, y comprendió las consecuencias.
Desde la Secretaría Nacional del Deporte (SND) sugerimos empezar por ordenar la LUD –debido a las circunstancias– y al deporte profesional, considerando como tal las primeras y segundas divisiones del fútbol y el básquetbol.
Se considera deporte profesional aquel en el que los deportistas poseen un contrato de trabajo y perciben un salario. Los límites no son precisos, porque más allá de las primeras y segundas divisiones de fútbol y básquetbol, hay deportistas con contratos de trabajo (a veces, de sponsorización) y con salarios (a veces –unas cuantas– total o parcialmente en negro o mediante pagos en especias...) en diferentes disciplinas del deporte.
Lo cierto es que en aquel momento había que definir un universo e iniciar un proceso de regularización, así que se hizo de esa manera por entender que el deporte profesional era el que debía formalizarse primero y el que reunía las condiciones básicas para hacerlo.
La Liga se avino rápidamente a una solución y, desde entonces, hace los aportes de acuerdo con la ley y cumple en tiempo y forma. En materia de gestión institucional, la LUD es una referencia. Administra una liga de miles de deportistas de manera autogestionaria y sostenible.
Con el fútbol y el básquetbol la cosa fue mucho más difícil y se terminó acordando un ordenamiento progresivo, de asunción de compromisos incrementales, que fueran pasando en algunos años del informalismo (en negro) y el pago de “fictos” a los aportes correspondientes a los salarios realmente percibidos por los deportistas. Aquel compromiso asumido no se cumplió a cabalidad y en tiempo en ninguna de las dos federaciones.
Los deportistas (para el BPS, los deportistas abarcan también a los árbitros) tienen derecho a percibir jubilaciones por su trabajo profesional. Para que esto pueda ocurrir, los clubes deben efectuar los aportes correspondientes al deportista, ya que las asociaciones civiles están exoneradas de aportes patronales.
No realizar los aportes de un trabajador al BPS constituye un delito de apropiación indebida.
Los clubes optan, libre y soberanamente, por invertir y gastar sus dineros en otras cosas: pases, viajes, infraestructuras, equipamiento, etcétera, y suelen postergar sus obligaciones con el Estado. No hay que olvidar que también existen deudas significativas con el Ministerio de Interior.
Las deudas del fútbol con el Estado alcanzan cifras que en muchos casos ya resultan impagables. Hay que encontrar una fórmula que permita una salida con compromisos definitivos de los clubes y las federaciones.
En diferentes momentos, el Parlamento Nacional ha aprobado planes extraordinarios de refinanciación para que los clubes y federaciones se pusieran al día. El fútbol, en particular, ha obtenido mejores planes de refinanciación que los productores rurales y la industria turística.
Es impostergable resolver la situación. Las deudas del fútbol con el Estado alcanzan cifras que en muchos casos ya resultan impagables. Hay que encontrar una fórmula que permita una salida con compromisos definitivos de los clubes y las federaciones, y con garantías de cumplimiento y de respeto de las normas.
La capacidad de lobby del fútbol es muy grande y no hay gobierno que no haya contemplado parcial o totalmente sus requerimientos, en no pocos casos, hasta el exceso.
Para poder empezar a resolver la problemática, hay que realizar una clasificación rigurosa de las organizaciones deportivas del país. Hay una diferencia evidente entre los clubes constituidos como asociaciones civiles sin fines de lucro y los emprendimientos deportivos comerciales en sus diferentes variantes.
En términos generales, las sociedades anónimas deportivas (SAD) –que son consideradas clubes al igual que las asociaciones civiles sin fines de lucro y que gozan de múltiples beneficios– son, en los hechos, empresas con fines de lucro en las que invierten personas y grupos económicos, nacionales e internacionales.
Las inversiones en el fútbol son necesarias. Sin embargo, se debe revisar la normativa vigente, que no distingue con justicia la naturaleza y los fines de la diversidad de entidades deportivas existentes en el presente, para que los beneficios se ajusten a las características y necesidades de cada grupo.
Entre las asociaciones sin fines de lucro, no son lo mismo los clubes de fútbol infantil que los clubes de fútbol de la Liga Universitaria o los clubes profesionales. Pero cualquiera de ellos es sustancialmente diferente de una SAD o de una cadena de gimnasios.
Tampoco son equiparables a los grandes centros polideportivos de reciente aparición, que administran fondos de inversión con evidentes propósitos de lucro.
Hay muchas entidades deportivas formales e informales –gimnasios, academias, grupos de entrenamiento al aire libre, etcétera– que no son estrictamente asociaciones civiles sin fines de lucro y que, por otra parte, no están sujetas a controles y supervisiones que acrediten la idoneidad del personal ni las condiciones técnicas adecuadas de sus instalaciones y equipamientos deportivos. Suelen disponer de escaso personal, mal remunerado o informal, sin formación adecuada o con diplomas o cursos de capacitación carentes de reconocimiento oficial.
Es impostergable realizar una clasificación de las organizaciones deportivas nacionales para poder establecer criterios claros y justos y, de esa manera, poder diferenciar los tratamientos tributarios, legales y políticos.
El deporte nacional tiene que recorrer el camino del desarrollo en condiciones de equidad y, para poder hacerlo, es preciso reconocer las diferencias, considerarlas e integrarlas en las normas y en las políticas públicas.
El fútbol uruguayo (el deporte profesional todo) tiene que abandonar definitivamente la informalidad. Por muchas razones. En este caso, muy especialmente, porque los trabajadores del deporte merecen ser respetados en sus derechos y porque la democracia se debilita si no se cumple con las normas y no se respeta a las instituciones.
Fernando Cáceres fue secretario nacional del Deporte.