El lunes el Senado comenzó el tratamiento del presupuesto aprobado en Diputados. Aún existe poco conocimiento sobre el tema (una encuesta indica que el 43% de la ciudadanía no ha oído hablar del presupuesto) y algunos creen que ya está aprobado, dada la expectativa generada sobre la capacidad del gobierno para aprobar un presupuesto sin mayoría parlamentaria. Esta enorme proeza, inédita en la democracia uruguaya posdictadura, debe ser resaltada. Pero el presupuesto aún está en discusión y organiza todo el gasto del Estado uruguayo para los próximos años.
El proyecto con media sanción se enfocó en resolver algunos de los pedidos de reasignación más urgentes –especialmente en educación–, ya que el presupuesto del Estado es algo más que un acuerdo político: es una caja de resonancia de las demandas sociales. El Senado deberá resolver también un aumento insólito del gasto público por 80 millones de pesos que los diputados de la oposición aprobaron sin fuente de financiamiento, y que contraviene el principio de que el Parlamento puede reasignar gastos, pero no aumentarlos.
Este es un presupuesto austero. Con una previsión de crecimiento limitada, un déficit heredado inusualmente alto y una deuda externa en aumento, cada reasignación importa. A esto se suman emergencias que demandan recursos inmediatos –hacinamiento carcelario, pobreza infantil, violencia en ascenso–, por lo que la visión de cada inciso refleja el pensamiento “práctico” de la izquierda sobre estos temas.
Esta primera semana, los temas de Cardama y la situación de Álvaro Danza estuvieron presentes en las comparecencias ministeriales. Con mucha prudencia, la mesa de la comisión manejó la situación, y en alguna oportunidad debió suspenderse la sesión. Más allá de esa política “espectacular”, transcurrió bastante de la política “real” en las largas sesiones de octubre.
La primera comparecencia correspondió al equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, quien defendió los principales cambios tributarios: gravar los activos en el exterior, aplicar impuestos a ciertas importaciones y adoptar el impuesto mínimo global para que las empresas multinacionales tributen por sus rentas generadas en Uruguay. La oposición rechazó estas medidas, reafirmando su definición ideológica contra toda iniciativa de justicia tributaria que recaiga sobre los “malla oro”, aunque no han cesado de reclamar aumentos presupuestales de la más diversa índole.
En la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional, la oposición –que se sintió cuestionada ante las acciones del gobierno para defender el patrimonio de todos– intentó convertir la sesión en una interpelación política. Allí se abordó el caso de las patrullas marítimas adquiridas por el gobierno anterior que, sumadas a otras operaciones irregulares o poco eficientes, comprometieron más de 225 millones de dólares sin mejorar las condiciones del personal ni la eficacia de las Fuerzas Armadas.
El actual presupuesto, sin aumentos significativos, prioriza el bienestar del personal subalterno, destinando el 73% de los incrementos a beneficios sociales y reforzando formación, patrullaje y custodia penitenciaria. Alertamos sobre la necesidad de un sistema de educación militar abierto, conectado con el sistema público y capaz de formar ciudadanos, no corporaciones. Desde el Frente Amplio reafirmamos nuestro compromiso con una defensa democrática, profesional y subordinada al poder civil, que promueva la transparencia y los derechos humanos.
La Corte Electoral compareció con una delegación íntegramente masculina, reflejo de que cuando los espacios de decisión dependen de estructuras masculinizadas, el techo de cristal se vuelve aún más potente. La institución, responsable además de controlar el financiamiento partidario –clave para prevenir el ingreso de dinero proveniente del crimen organizado–, recibió un incremento acotado y tendrá una Unidad Especializada en Género.
La primera semana de discusión presupuestal en el Senado mostró, además de un clima particularmente hostil y una oposición más enfocada en el ruido que en las soluciones, dos modelos de país.
El Ministerio de Salud Pública centró sus prioridades en ampliar la cobertura, mejorar la calidad de las prestaciones y garantizar la equidad territorial. Destacó la Estrategia Nacional de Salud Mental y la reglamentación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, prevista para este año. Las discusiones giraron en torno a la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Recursos, que enfrenta el desafío de la creciente judicialización del acceso a medicamentos, hoy con un costo anual cercano a 150 millones de dólares.
La Fiscalía General de la Nación compareció en un contexto marcado inevitablemente por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que evidenció las presiones del crimen organizado. Con un aumento de casi 3% en su presupuesto, el gobierno reafirma su respaldo institucional. Se suman la media sanción de la Ley de Lavado de Activos, la creación de la Escuela de Fiscales y la creación de fiscalías especializadas en ciberdelitos y violencia de género, pasos necesarios para adecuar la respuesta del Estado a las nuevas formas de criminalidad y a la emergencia que representa la violencia basada en género.
La comparecencia del Ministerio del Interior reafirmó que la seguridad no se construye con represión ni con mano dura. El presupuesto del ministerio crecerá 9% en 2025 y 15% hacia 2029, duplicando los recursos para combatir la violencia de género, capacitando 4.000 policías e incorporando 1.000 funcionarios al sistema penitenciario. También se anunció un programa para atender la salud mental del personal policial y abordar el crimen organizado con una mirada integral, dejando atrás la fallida “guerra contra las drogas”. La masacre ocurrida en Río de Janeiro en los últimos días vuelve a evidenciarlo: en realidad, es una guerra contra los sectores más pobres y racializados de nuestras sociedades. El Plan Nacional de Seguridad Pública tendrá enfoque territorial y social, con un Instituto Nacional de Rehabilitación orientado a la dignidad y la reinserción. Tanto en la comparecencia del Ministerio del Interior como en la de la Fiscalía, no faltaron desde la oposición los discursos alarmistas y falaces sobre la violencia, y la aprobación de la masacre perpetrada en Río de Janeiro.
Finalmente, en un clima de consenso transcurrió la presentación del Congreso de Intendentes. La asignación de recursos alcanzada es histórica: 3,33% del presupuesto total, aumento del Fondo de Desarrollo del Interior al 45% y 80 millones de dólares para infraestructura que contempla las asimetrías regionales. El Congreso manifestó cautela ante algunos artículos sobre ordenamiento territorial, el debate sobre topes en compras directas (Tocaf) y el impuesto del 1% a los semovientes, temas que continuarán en discusión.
Este es, sin duda, un presupuesto corto. En un contexto económico complejo y con demandas sociales urgentes, no alcanza para todo, pero sí se puede definir prioridades. La primera semana de discusión mostró, además de un clima particularmente hostil y una oposición más enfocada en el ruido que en las soluciones, dos modelos de país: uno que insiste en respuestas punitivas y medidas fiscalmente regresivas, y otro que apuesta a la justicia distributiva, el acceso a derechos y soluciones integrales para la convivencia ciudadana.
Constanza Moreira es senadora del Frente Amplio. La abogada María Emilia Pérez y el politólogo Agustín Daguerre integran su equipo de asesores.