El lunes, con la concurrencia al Palacio Legislativo de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, comenzará una serie de interpelaciones parlamentarias que se distribuirán a lo largo de diciembre. Lógicamente, fueron convocadas por la oposición, pero todas parecen haber adquirido, además del cuestionamiento al accionar de las autoridades en ejercicio, la tarea de defender la gestión del anterior gobierno.
Se podría observar que, en esto, no difieren de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del Proyecto Neptuno, pero sería pasar por alto un detalle importante: entonces, la oposición buscaba mostrar las bondades de un proyecto que la administración de Luis Lacalle Pou no había logrado poner en marcha. Desde agosto ha cambiado el discurso dominante sobre el saldo de ese gobierno, y ahora los esfuerzos de los nacionalistas y sus aliados se concentran en despejar crecientes indicios de mala gestión, y aun presunciones de corrupción.
Quizás la “autocrítica” emprendida por el Partido Nacional (PN) haya aportado a esta intensificación de la percepción negativa de lo ocurrido entre marzo de 2020 y marzo de 2025, pero indudablemente lo han hecho los hallazgos de dirigentes y técnicos frenteamplistas una vez asumidas sus funciones de gobierno.
La difusión reciente de esos descubrimientos propició algunas de las nuevas interpelaciones. Claramente, la denuncia de las irregularidades en la compra de patrullas oceánicas al astillero Cardama es el motivo de la convocatoria a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Que el miembro interpelante sea quien inició las negociaciones con la empresa española, el entonces ministro de Defensa y hoy senador Javier García, es señal de la estrategia que ha debido adoptar el PN. Todo hace pensar que habrá una “doble interpelación” y que García recibirá varios cuestionamientos a su gestión.
Algo parecido puede esperarse el lunes, cuando la ministra de Salud responda por la designación del doctor Álvaro Danza como cabeza de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Inicialmente objetado por su pluriempleo, el médico pasó a la ofensiva y hoy el tema candente no son los puestos que mantiene o a los que debió renunciar, sino la gestión de su antecesor, el nacionalista Leonardo Cipriani. Según las investigaciones en curso, durante su período al frente de los servicios de salud pública, Cipriani favoreció, entre otras, a la mutualista privada de la que es empleado hace décadas. Es esperable que la administración de ASSE durante 2020-2025 se cuele en el discurso de Lustemberg.
El “caso Danza”, además, es el disparador de la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Cabe recordar que se lo convoca por los cuestionamientos a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que no encontró irregularidades en la designación de Danza. De esas objeciones surgieron, por un lado, un saludable debate sobre la forma de integrar el directorio del organismo autónomo y, por otro, una revisión de su actuación –o, más bien, sobre su pasividad– durante el gobierno de Lacalle Pou.
Diciembre puede parecer un mes poco usual para este tipo de actividad parlamentaria, pero quizás haya que tener en cuenta que la votación del presupuesto nacional ha llegado a su fin y que, por lo tanto, muchos ya no vean necesario mantener el ambiente amigable que exigía la negociación del articulado. El saldo de estas interpelaciones findeañeras quizás determine el clima político que predominará en 2026.