La ciencia política uruguaya suele destacar el papel central de los partidos y de sus pactos de convivencia en nuestro sistema de gobierno, al que califica de “partidocracia”. Esto se ha considerado un factor clave para la solidez de las instituciones democráticas y el desarrollo de una “sociedad hiperintegrada”, pero el exceso de partidización puede tener un efecto contrario. Así ocurrió esta semana a raíz de la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Danza, un médico de muy destacada trayectoria, especializado además en gestión institucional, desempeñaba otras tareas remuneradas en el sistema de salud y las había declarado cuando la venia para su designación fue aprobada, por unanimidad, en el Senado. Sin embargo, luego la oposición sostuvo que esas actividades laborales eran incompatibles con la conducción de ASSE y reclamó desde mediados de agosto su renuncia o su destitución (no el abandono de los empleos cuestionados), al tiempo que crecía una campaña de escarnio contra él.
Hubo informes jurídicos con argumentos a favor y en contra de la compatibilidad, pero en el debate político se quiso presentar el problema como algo simple y obvio. No es la primera vez que la “partidocracia” invade territorios profesionales especializados.
En primera instancia, el Poder Ejecutivo y el oficialismo cerraron filas para defender la permanencia de Danza en su cargo. Luego, con una interpelación en ciernes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se le asignó importancia decisiva a lo que opinara la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
La Jutep es un organismo asesor con muchos y muy relevantes cometidos, que deberían situarla como una referencia respetada por el sistema institucional, los partidos y la ciudadanía. No ayuda a este objetivo que su dotación de recursos materiales y humanos esté muy por debajo del mínimo indispensable. Tampoco que la integración de su directorio, en el que la ley manda nombrar a “personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”, se haya definido, en este período de gobierno como en el anterior, asignándole dos cargos al oficialismo y el restante a la oposición. Ahora el país afronta las consecuencias de la partidización y la precariedad.
El jueves la Jutep informó que había decidido, por dos votos contra uno, que Danza no estaba impedido de desempeñar las actividades impugnadas. De todos modos, el mismo día se anunció que había decidido suspender esas actividades a pedido de Lustemberg. Estos hechos, en vez de desactivar la dura confrontación política instalada desde hace casi tres meses, la acrecentaron, ahora con el agregado de fuertes críticas a la resolución de la Jutep y a su propia existencia.
El bochornoso saldo es que la contienda partidaria, asumida como campaña electoral permanente, predomina en materias tan delicadas y cruciales como la salud de un millón y medio de personas afiliadas a ASSE y la defensa de la sociedad contra la corrupción. Todo es político, pero la cuestión es cómo se hace política. Y a qué precio.