La aprobación del presupuesto nacional marca un hito central para cualquier gobierno, y en particular para un Frente Amplio (FA) que inicia su ciclo con expectativas, urgencias y tensiones propias de una fuerza política diversa. Ordenar un gobierno, procesar diferencias y alcanzar acuerdos legislativos es un ejercicio político que exige solidez y estrategia. El presupuesto es la primera gran prueba, y fue superada.
Pero el presupuesto no es una victoria cerrada, es el punto de partida de una conversación mucho más profunda sobre qué país queremos construir, qué compromisos políticos estamos dispuestos a asumir, y cuáles son los recursos y las decisiones necesarias para sostener ese proyecto.
La infancia como núcleo de la desigualdad uruguaya
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza total en Uruguay se ubica en torno al 17%, pero en la primera infancia llega aproximadamente a un tercio de los niños y niñas menores de 6 años. Distintos informes muestran que la pobreza que golpea a las infancias y adolescencias es entre 1,5 y 2 veces mayor que la de las personas adultas. Estos números expresan que la desigualdad en Uruguay tiene edad y tiene rostro.
A la pobreza monetaria se suman formas de desigualdad que no siempre se capturan en un indicador, como el acceso desigual a cuidados, la fragmentación educativa, la precariedad habitacional, la sobrecarga en hogares monoparentales (especialmente los encabezados por mujeres) y la dificultad de sostener trayectorias de vida sin acompañamientos estables.
En términos de violencias, en su último informe de 2024 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia (Sipiav) registró 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 24 casos por día.
En salud mental, distintos informes y comunicaciones oficiales señalan un aumento importante de las consultas, también en adolescentes, especialmente por ansiedad, consumo problemático y síntomas depresivos. La demanda supera la capacidad actual de respuesta, algo que no es sorprendente en un país donde la salud mental todavía se financia y organiza con rezagos históricos.
Quienes trabajamos con las niñeces y adolescencias conocemos estas cifras, porque evidencian las dificultades presentes en la cotidianidad de la población atendida. Pero también deberían orientar el debate público. La desigualdad en Uruguay se expresa en las generaciones más jóvenes de nuestro país, por eso, la inversión en las niñeces y adolescencias no sólo debe considerarse como una estrategia, sino también y principalmente como un compromiso país, impulsado por un gobierno de izquierda que ha definido a la justicia social como uno de sus principios rectores.
Qué habilita el presupuesto y dónde aparecen los desafíos
El presupuesto aprobado recoge prioridades sociales claras, como la ampliación del tiempo pedagógico, refuerzo de programas de apoyo a la crianza, fortalecimiento de dispositivos de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, inversiones en salud, ampliación de la prevención y atención de violencias y mejoras en infraestructura educativa. Otro aspecto a destacar es la priorización de estrategias de base comunitaria con proyectos en territorio para niños, niñas en edad escolar y las adolescencias, tan olvidadas por las políticas públicas.
Estos avances no son menores. Implican reconocer que un país con desigualdades profundas necesita políticas intensivas en trabajo profesionalizado. Sin embargo, también es imprescindible señalar que la escala de los problemas supera la escala de las respuestas posibles dentro del marco fiscal actual.
El sistema de protección enfrenta demandas crecientes. Las transformaciones profundas (como la transición hacia modelos de cuidado basados en comunidad y familia, o el fortalecimiento de la salud mental en territorio) requieren inversión sostenida, infraestructura, formación permanente y equipos estables. El presupuesto habilita parte de ese camino, pero no lo completa.
La honestidad como herramienta de gobierno
Comunicar bien no es sólo contar lo que se logró, es también explicar por qué cuesta avanzar, qué decisiones están en juego y cuáles son los límites materiales reales. La ciudadanía respeta la transparencia, especialmente cuando la política se hace cargo de sus desafíos sin caer en el triunfalismo.
Las infancias y adolescencias no pueden esperar a que el país resuelva todas sus contradicciones. Pero tampoco pueden depender de políticas sin financiamiento.
En infancia, los avances son concretos: ordenamiento institucional, mejora de procedimientos, ampliación de programas, articulación interinstitucional y fortalecimiento de estándares. Pero también lo son los obstáculos, como la falta de recursos para expandir dispositivos, limitaciones en salud mental, carencia de propuestas que se ajusten a las necesidades y realidades de las adolescencias, y brechas evidenciadas por la incapacidad de incorporar las problemáticas sociales más recientes en la gestión de la política pública.
En Uruguay, la discusión sobre financiamiento del bienestar social suele reducirse a debates sobre eficiencia, reasignaciones o crecimiento. Pero hay un punto estructural que exige ser dicho: no se puede sostener un sistema robusto de protección social sin discutir cómo se distribuyen la carga tributaria y la riqueza.
La propuesta del PIT-CNT de aplicar una contribución, mediante una sobretasa al impuesto al patrimonio, al 1% de mayor patrimonio del país no es un eslogan ni un gesto simbólico. Es parte de una conversación global sobre justicia fiscal.
La pregunta es sencilla y profunda a la vez: si queremos un país que cuida, protege y vela por el bienestar de los más vulnerables, ¿quién financia esa responsabilidad ineludible e impostergable?
Para las infancias y adolescencias de nuestra sociedad, esta discusión es especialmente relevante. Las políticas más transformadoras requieren recursos permanentes, y no solamente reasignaciones dentro de la misma manta corta.
El FA logró aprobar un presupuesto en un escenario político complejo, y eso demuestra capacidad negociadora y cohesión estratégica. Pero también muestra algo más: que la fuerza política funciona cuando articula diálogo interno, escucha social y coordinación interinstitucional.
El presupuesto está aprobado. El gobierno está en marcha. Ahora comienza la parte más exigente, la de transformar esos recursos en políticas que mejoren la vida de niñas, niños y adolescentes, sin perder la perspectiva estructural.
Como equipo técnico y político que trabaja en infancias y adolescencias, creemos que el país necesita una conversación que combine tres elementos: datos rigurosos, para mirar la realidad sin adornos; política reflexiva, para tomar decisiones con horizonte; responsabilidad de gobierno, para sostener lo que importa.
Las infancias y adolescencias no pueden esperar a que el país resuelva todas sus contradicciones. Pero tampoco pueden depender de políticas sin financiamiento. El desafío está planteado, y es hacer que este presupuesto sea un punto de partida real, no un punto de llegada retórico. Ese es el compromiso, y la oportunidad.
Andrea Venosa es directora general del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Fabricio Soria es consultor en Gestión y Administración Pública. Ambos son militantes frenteamplistas del sector Casa Grande.