La decisión de dejar sin trabajo a todas las personas empleadas por M24, para transferir la titularidad de esa emisora de radio, le ha valido duros reproches al Movimiento de Participación Popular (MPP). Unos por la forma en que les comunicó a más de 40 trabajadores que sus vínculos laborales iban a cesar el último día de este año; otros por la voluntad de transferirle la frecuencia al grupo dueño de El Observador, entre cuyos integrantes hay poderosos empresarios argentinos vinculados con el gobierno de Javier Milei. También es conveniente considerar algunas cuestiones que involucran al conjunto de la sociedad.
Por dinero danza el simio
Suele ser útil empezar por los factores materiales. La explotación comercial de frecuencias de radio depende de los ingresos publicitarios. En Montevideo, desde donde M24 transmitía su programación, tres grandes grupos de radios suman la mayoría de la audiencia matinal y de los pagos por avisos. La primera variable no determina necesariamente la segunda, pero en este caso la acumulación consolida posiciones de privilegio para negociar con las agencias de publicidad y relacionarse en forma directa con los avisadores.
A su vez, el total de la inversión publicitaria en radios ha disminuido. Los grandes grupos se llevan la mayor parte de una suma decreciente, y la situación de una gran cantidad de emisoras que no les pertenecen es difícil. A esto se agrega la creciente competencia de programas de streaming que no son producidos por permisarios de frecuencias.
En ese marco, la mayoría de las radios tradicionales afrontan dificultades económicas, y hay riesgos crecientes de que se pierda diversidad, al tiempo que se precarizan la producción de contenidos y las relaciones laborales. Esto último no pasa sólo en las emisoras con menor porte. Hace tiempo que, en todo tipo de medios de comunicación, incluyendo a varios antiguos, prestigiosos y con remuneraciones relativamente altas, para acceder a un puesto de trabajo hay que figurar como empresa unipersonal (ocurre también, por supuesto, en muchas otras actividades laborales, y después hay vestiduras rasgadas por el desfinanciamiento de la seguridad social).
Todo esto les causa grandes perjuicios a quienes trabajan en los medios, con niveles de capacitación crecientes y derechos decrecientes, pero los efectos negativos se trasladan a toda la sociedad, con repercusiones especialmente graves en lo referido al trabajo periodístico. Cuando hay organizaciones políticas en el rol empresarial, las cosas se pueden complicar bastante más.
No debe imputarse al suino
Antes del golpe de Estado de 1973, estaba normalizado que cada fuerza política contara con medios de comunicación propios, aunque fueran un pequeño impreso o una “audición” radial. Era frecuente que desde el gobierno se sostuviera a los “amigos” con publicidad oficial o préstamos incobrables del Banco República. No fue este el caso de M24, y vale señalarlo en medio de las críticas actuales.
En la salida de la dictadura hubo una constelación de semanarios sectorizados, pero en pocos años ya se habían fundido casi todos. Las preferencias del público se volcaron hacia medios que presentaban una oferta más “profesional”, con inevitables sesgos ideológicos en sus líneas editoriales y a veces claras afinidades, pero sin relaciones directas y explícitas con partidos o sectores.
La doble actividad de militancia política y periodismo implica conflictos insolubles. Para empezar, porque en cada una de las áreas se tiene conocimiento de cosas que no deberían trasladarse a la otra. Quienes trabajan como periodistas lo han ido entendiendo, pero en el sistema de partidos sigue sin comprenderse datos básicos sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, y muchos creen que sus dueños disponen de tropas obedientes.
Lo de M24 es especialmente malo porque con el tiempo –y sobre todo este año– un aprendizaje no exento de tensiones le había otorgado márgenes muy interesantes de autonomía a las decisiones periodísticas. El mérito fue compartido por quienes representaban al MPP, el plantel de periodistas y las personas con la difícil tarea de mediar entre ambas partes, pero el desenlace desmerece los logros del primer grupo.
Cuando se supo la noticia, circuló un relato en el que el MPP era sólo arrendatario y la decisión de vender había sido adoptada por una heredera del propietario. No era cierto, pero era lo que mucha gente quería oír y esa versión de los hechos se reenvió mucho. Así sucede cuando las personas creen informarse mediante mensajes que llegan a sus celulares, a menudo de origen desconocido. Por eso es necesaria una oferta amplia y diversa de periodismo, que se haga responsable por lo que publica y se pueda ganar la confianza de la ciudadanía. Y si es autogestionada, mejor aún.
Cuando nos convencemos de que todo periodismo es activismo, voluntario o “ensobrado”, tendemos a escuchar sólo al que “está con nuestro bando”. Eso desean quienes medran con el vaciamiento de la democracia.